EH Bildu pide en Euskadi una ley como la catalana para limitar el precio de los alquileres, de hasta 1.000 euros en Donostia

EH Bildu quiere presionar al PSE-EE, que dirige la cartera de Vivienda en Euskadi y con el que pactaron en 2015 la normativa vigente -desde la oposición y contra el criterio del PNV-, para que el Parlamento Vasco imite al catalán y apruebe una ley que fije máximos en los precios del alquiler en barrios “tensionados”, es decir, con alta demanda, escasa oferta y precios caros. “¿Por qué aquí no?”, ha emplazado la coalición abertzale al consejero socialista Iñaki Arriola buscando una grieta en el recién estrenado Ejecutivo de coalición de PNV y PSE-EE, que tiene mayoría absoluta.

Los parlamentarios de EH Bildu Ander Rodríguez y Unai Fernández de Betoño, al presentar en rueda de prensa la iniciativa legislativa, han remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado por bueno el modelo catalán y han pedido a los socialistas una “reflexión serena” para que dejen de lado “apriorismos que poco tienen que ver con una organización de izquierdas como es el PSE-EE” e hinquen el diente a una “emergencia” en el plano de la vivienda: “Los precios están por las nubes”. “Sólo pedimos que abran la puerta al debate”, han implorado Rodríguez y Fernández de Betoño conscientes de la posición minoritaria de la oposición en la nueva legislatura. De hecho, minutos después de su comparecencia el Ejecutivo ha mostrado su rechazo a otras dos iniciativas ya presentadas, una para crear una oficina anticorrupción y otra para “garantizar el derecho a saber euskera”.

EH Bildu se ha hecho acompañar de algunos datos para alertar de la situación. Denuncian que de 2016 a 2019 las rentas han subido un 8,45% en Bizkaia, un 11,25% en Gipuzkoa y un 14,87% en Álava. En cifras generales medias, eso supone que de 624 euros que se pagaban en el primer trimestre de 2016 se ha pasado a 688 euros en 2019. Pero en las capitales las cifras son aún más altas: 644 euros en Vitoria, 754 en Bilbao y 917 en Donostia. La zona más cara para alquilar en Euskadi es el barrio de Aiete-Lugaritz en la capital guipuzcoana: 1.038,6 euros.

Los datos, barrio a barrio

Se da la circunstancia de que la coalición ya presentó en noviembre del pasado año una iniciativa similar para regular los alquileres. Rodríguez y Fernández de Betoño han indicado que decayó por el final anticipado de la legislatura, aunque es también cierto que el Ejecutivo anterior -con el PSE-EE también al frente de Vivienda y con el mismo consejero- ya emitió un informe desfavorable. El documento, del 26 de diciembre de 2019, incidía en que la situación de Euskadi no era “como Madrid o Barcelona”. Además, se sugería que la fijación de límites podría conllevar que algunos propietarios optasen por retirar sus inmuebles del mercado consiguiendo el efecto contrario: reducir la oferta todavía más.

Fuentes del Departamento de Vivienda -oficialmente Planificación Territorial, Vivienda y Transportes tras el cambio de Gobierno de septiembre- explican que se ha diseñado un índice para monitorizar la evolución de los precios denominado EMA y que la propuesta del Ejecutivo pasa por articular “incentivos” pero también “penalizaciones” en el IRPF para controlar los alquileres. Interpretan también que, aunque Catalunya haya abierto la puerta a la fijación de topes, no es una competencia autonómica regular la propiedad y el mercado. Ocurriría lo mismo con la reforma fiscal, que correspondería no al Ejecutivo vasco sino a las Haciendas forales, aunque PNV y PSE-EE disponen igualmente de mayoría absoluta en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

En Vivienda tampoco se comparte el diagnóstico de que el mercado del alquiler esté controlado por grandes tenedores. Según un informe enviado al Parlamento en mayo de este año precisamente a instancias de EH Bildu, se identifican a 137 personas físicas o jurídicas con más de cinco propiedades en el mercado, aunque el Gobierno entiende que tienen que ser diez para hablar de un “gran tenedor”. De 58.915 contratos regulados -desde 2015 existe la obligatoriedad de depositar la fianza ante la Administración-, 50.834 corresponden a particulares con menos de cinco viviendas alquiladas, 4.563 a la Administración autonómica y 1.595 a entidades municipales.