Elkarrekin Barakaldo eleva a 300.000 euros los pagos irregulares a bufetes por parte del Ayuntamiento

Elkarrekin Barakaldo (Podemos, IU, Equo e independientes) eleva desde la oposición hasta casi 300.000 euros el dinero pagado a bufetes de abogados de “forma irregular” por parte del Ayuntamiento por haber eludido los concursos públicos mediante la fragmentación de las facturas. Según publicó elDiario.es/Euskadi este lunes, tres informes firmados por el interventor, un jefe de servicio y la responsable del área jurídico-administrativa y de fiscalización del Ayuntamiento de Barakaldo, denuncian irregularidades en el proceso de adjudicación seguido por el equipo de la alcaldesa Amaia del Campo, del PNV. Las contrataciones a las que se refieren estos informes, a los que ha accedido este periódico, se centran en los trabajos encargados a los despachos Iparbilbao Abogados (Roca Junyent), Cuatrecasas y ACIES Abogados, con facturas que alcanzan los 115.648 euros en total.

El grupo municipal de Elkarrekin en Barakaldo denuncia, sin embargo, que “hay más bufetes” con los que ha contratado el Ayuntamiento para externalizar la ayuda jurídica y, además, la práctica de hacer que los pagos sean inferiores a los 15.000 euros mediante el pago de facturas fraccionadas se extiende a sociedades públicas que dependen del consistorio: Barakaldo Kirolak, Inguralde, Barakaldo Antzokia, Euskaltegi y Usoa. El grupo municipal esperará a recabar más información al respecto, que la Alcaldía se ha comprometido a trasladarles en breve, y estudiarán después si llevan a cabo algún tipo de denuncia o de requerimiento administrativo.

Las contrataciones se concentran sobre todo en tres bufetes, ACIES Abogados, vinculado al exdirigente del PNV Iñaki Goikoetxeta, que fue miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV hasta 2016 y también patrono de la fundación Sabino Arana, Cuatrecasas e Ipar Bilbao. Sin embargo, según la información trasladada por Elkarrekin Barakaldo, el Ayuntamiento ha contratado también los servicios de PKF Attest, relacionado también con el cartel de las consultoras, por 6.050 euros, y ha adjudicado además 15.000 euros para repartir en el año 2020 sin determinar a qué bufete iría dirigido.

Por otra parte, los contratos menores con bufetes para asesoría o defensas jurídicas de las sociedades públicas, y que ascienden a 164.862 euros, también repiten con Cuatrecasas o ACIES Abogados, pero añaden otros bufetes como Uria Menéndez, o Rafael Alcorta & Asociados además de otros letrados, con el mismo procedimiento de fraccionar facturas para tratarlo como contrato menor y no tener la necesidad de realizar un concurso público aunque se contrate con ellos varias veces. En total, suman pagos de 294.191,23 euros, de los que 129.329,16 corresponden al Ayuntamiento y el resto a las sociedades públicas. Elkarrekin Barakaldo asegura que “la gravedad del caso es todavía más preocupante”, porque creen que la cifra de contratos irregulares es aún mayor.

Según ha denunciado este martes la concejala de la coalición Itziar Celis, “se está regalando dinero de los baracaldeses por decisión de la alcaldesa”, mientras a los dos abogados con los que cuenta el Ayuntamiento “no se les está asignado funciones”. Celis ha citado algunos ejemplos para los que se ha llevado a cabo este tipo de contratación con servicios jurídicos externos de forma “irregular”, “incumpliendo cualquier procedimiento”, entre los que ha nombrado el asesoramiento de la compra de la carretera interfábricas de AHV, “que acabó con un sobrecoste de un millón de euros para las arcas municipales”, ha denunciado. También se ha utilizado los servicios de estos bufetes para defenderse de demandas de empresas privadas o asesorar en las negociaciones del convenio colectivo de Usoa, entre otras cuestiones.

La concejala ha denunciado que desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento se han negado hasta ahora a darles la información que han solicitado al respecto. “Nuestro grupo municipal ha pedido explicaciones en reiteradas ocasiones como figura en las actas plenarias, pero el equipo de gobierno se ha negado a darla constantemente, obstaculizando el derecho y el deber de fiscalización del primer partido de la oposición”, ha señalado. “Estas prácticas son habituales en el PNV de Barakaldo, que se cree impune ocultando información a los grupos y haciendo caso omiso de las advertencias del Departamento de Intervención”.

Fuentes de la Alcaldía consultados el lunes por este periódico aseguraron que estos “contratos menores son perfectamente legales y reconocidos por la ley de contratos del Estado”. Sin embargo, desde Elkarrekin Barakaldo señalan que, tal y como se indica en los informes de intervención, “no se ha seguido los procesos de contratación que exigen las leyes”.