La presidenta de la comisión que analiza las solicitudes de posibles víctimas de violencia policial de Euskadi, Juana Balmaseda, y su colega Jon Mirena Landa han explicado este lunes en el Parlamento Vasco, en castellano y en euskera, respectivamente, el proceso para el reconocimiento por vez primera de Joxean Lasa y Joxi Zabala, los primeros asesinados por el terrorismo de Estado que supusieron los GAL en 1983 y cuyos cuerpos aparecieron a 700 kilómetros doce años después. Al ser miembros de ETA, nunca adquirieron la condición de víctimas del terrorismo. Este martes, en un acto solemne en Donostia con otras 65 víctimas, será amparado Zabala por una ley autonómica, con derecho a una indemnización de 135.000 euros más allá de algunas disquisiciones burocráticas que se han producido. Lasa lo será en una próxima tanda, aunque se constata que ambos “fueron víctimas de idénticos hechos criminales”.
La normativa vasca es de 2016 y, en ocasiones, permite ampliar el perímetro al que no llega la normativa estatal sobre terrorismo. Es lo mismo que ha pasado con el “incromprensible” atentado contra la adolescente donostiarra María José Bravo del Valle, que además de asesinada fue violada con solamente 16 años. La familia Lasa, según se ha explicado, no presentó en plazo la solicitud pero la comisión no solamente la tramitará como la de Zabala sino que entiende que el entorno de las víctimas tienen derecho a “madurar” su decisión durante más tiempo que el fijado por la Administración y, de hecho, ha pedido una ampliación general de los tiempos para que ningún asesinados, herido o torturado quede fuera. Balmaseda y Landa han repetido la idea de actuar siempre con un criterio y una mirada “províctima”.
Balmaseda y Landa, en la Cámara, han demandado expresamente que se deje a las víctimas, a todas las víctimas, fuera de las refriegas electorales. Las de ETA se metieron de lleno en los últimos procesos electorales, para disgusto de muchas de ellas por debates como el de 'Que te vote Txapote'. Han incidido en que son personas que llevan o “demasiados años” olvidadas o directamente en la “negación” de su condición. Asimismos, han recalcado su preocupación por el boicoteo que supusieron los cientos de peticiones no acordes con la ley de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil víctimas de ETA y que han generado un tapón en el trabajo de la comisión, que apunta a 2030 como fecha final de referencia para su labor.
La comisión ha explicado también su preocupación por lo sistemático de la tortura y que sería importante retocar la ley para que las víctimas de estos hechos no se queden sin indemnización por tecnicismos. En el informe que trascendió la pasada semana hay incluso un primer caso atribuido a la Ertzaintza, a la que también se critica por su actuación en los funerales de Lasa y Zabala.
Los ponentes han indicado que en el dictadura franquista había “redadas masivas” y estados “de excepción” y que “no importaba dejar rastro” con los detenidos políticos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, han explicado que esas prácticas vulneradoras de derechos humanos continuaron en el período democrático aunque el “modus operandi” cambió a formas más “sofisticadas”. Se ha añadido que es relevante analizar igualmente la tortura desde una “perspectiva de género”, ya que las mujeres víctimas relatan haber sido desnudadas o vejadas por su condición. “Fui amenazada con meterme objetos en la vagina” como una botella manchada con sangre de una persona con Sida, han contado como ejemplo de un trato “degradante” y “vejatorio”.
En general, Balmaseda y Landa han considerado que “la realidad de las víctimas sigue oculta”. Sin embargo, sus informes son anónimos y no ofrecen detalles de cada caso con nombres y apellidos, con la excepción del de Lasa y Zabala “por su notoriedad”. Han recomendado traducir también los informes al inglés para lograr una mayor difusión de estas víctimas de violencia policial.
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