Euskadi desgrana su primer presupuesto de Prisiones: casi 31 millones para personal y 160.000 euros para la Conferencia Episcopal

Los tomos con el detalle de los presupuestos vascos de 2022 han llegado este viernes al Parlamento Vasco para que la oposición los revise y presente sus propuestas alternativas. En el décimo libro -ya todos llegan digitalizados y no en papel- se muestran las partidas del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige la consejera del PNV Beatriz Artolazabal y en él, por vez primera, constan los números de la gestión de Prisiones, una competencia recogida en el Estatuto de 1979 pero transferida por el Estado este mismo mes de octubre. Este nuevo servicio tendrá un coste total de 69,9 millones de euros, que es exactamente la cantidad que se acordó descontar del Cupo que abona la comunidad autónoma al Gobierno central. El nuevo organismo público Aukerak, creado para realizar programas de reinserción de los reclusos, tiene una dotación inicial de 15 millones.

La memoria de estos presupuestos describe la filosofía general del nuevo modelo penitenciario: “El programa tiene como finalidad no sólo asegurar la retención y custodia de personas detenidas, presas y penadas con el máximo respeto de los derechos de dichas personas, sino, primordialmente, realizar una labor asistencial para las mismas que, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento y proporcionando medios formativos, educacionales [sic] y laborales, sirva a estas personas para afrontar, exitosamente y con respeto a la ley, la nueva vida que les espera cuando cumplan la condena”.

De la dotación total, prácticamente la mitad se va a gastos de personal, concretamente 30,9 millones de euros. La plantilla de las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa tiene unas 700 plazas, aunque no todas estaban cubiertas con la transferencia. “Durante el ejercicio se dará continuidad al proceso de incorporación de la plantilla transferida y adecuación de sus condiciones laborales a la Administración Pública vasca. Igualmente se trabajará en la cobertura de las plazas vacantes en los centros penitenciarios, así como en la elaboración de planes específicos de formación del personal según sus necesidades”, explica el Gobierno en la memoria sobre el nuevo servicio de Instituciones Penitenciarias autonómicas. Asimismo, se concretan ya dos medidas que eran conocidas, la de “formar en perspectiva de género al personal penitenciario, incluyendo al del tercer sector” y la implantación de cursos de “capacitación” en euskera a un cuerpo mayoritariamente no bilingüe. Consta una partida de 30.000 euros para un convenio con HABE. Ya se ha llegado a un principio de acuerdo sobre las condiciones laborales y su paulatina homologación con el resto del personal de la Administración vasca. Entre lo pactado se encuentra el mantenimiento de las viviendas a los funcionarios que ahora disponen de ellas, aunque no se concederán nuevas. Esto supondrá anualmente 50.000 euros.

Una de las partidas más simbólicas incluida en la propuesta de Prisiones es la del servicio de atención religiosa en las cárceles. El Gobierno de Iñigo Urkullu ha acordado destinar 160.000 euros a la Conferencia Episcopal para el período 2022-2025 a razón de 40.000 euros anuales. A ellos se suman 2.000 euros anuales para la Comisión Islámica Española. En estos primeros presupuestos hay decenas de programas y convenios para la atención de los presos. Además, para que los internos realicen estudios universitarios se invertirán 50.000 euros anuales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 20.000 euros en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). “Se cooperará con el Departamento de Educación en el fomento de la educación reglada dentro de los centros penitenciarios y se potenciará la enseñanza reglada universitaria a través del convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) sin perjuicio de protocolizar la relación con otras universidades vascas”, se puede leer en la memoria del presupuesto. Como dato, se detalla que los gastos en alimentación de los presos supondrán en 2022 2,5 millones y que la panadería supondrá 160.000 euros.

Se subraya también que “se diseñarán programas para conducir procesos de mediación y programas restaurativos específicos atendiendo a las circunstancias de cada caso, ya sea trabajando en la reparación del daño causado a la comunidad, sin trabajo con la víctima directa, como en los círculos de apoyo y responsabilidad, ya sea trabajando con la víctima”. Esta justicia restaurativa es la que posibilitó en su día que un grupo de presos de ETA rompieran con la organización terrorista y fuesen trasladados a Nanclares de la Oca. Incide el Gobierno en que “en el desarrollo de programas restaurativos con víctimas se respetarán sus tiempos y voluntad”.

No hay fondos para la nueva cárcel que se levanta en Zubieta, en Gipuzkoa. El acuerdo con el Estado pasaba por recibir Martutene y por hacer una permuta cuando se acaban esas obras, que son financiadas íntegramente por el Gobierno central, que fue quien planificó el traslado. Por el contrario, la vieja cárcel de Nanclares de la Oca, próxima a Zaballa, sí ha sido incorporada al traspaso. En las cuentas, sin más detalles, hay una línea de crédito de 1 millón de euros con el nombre “Adecuación Nanclares-almacén y otros”.