Euskadi no aplicará más restricciones contra la COVID-19 antes del puente

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha justificado así la reactivación de la emergencia sanitaria en Euskadi: “El número de personas ingresadas en UCI por COVID-19 ha aumentado hasta llegar a un nivel considerado crítico. Desde el día 10 al 29 de noviembre el número de personas ingresadas en UCI ha pasado de 24 a 51, lo que representa un incremento del 104% y un cambio de escenario en la gravedad de la presión hospitalaria. Dichos datos evidencian la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y urgentes que ayuden a la contención reforzada en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Euskadi de la expansión del virus COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus, a fin de poder responder con inmediatez a las diferentes situaciones de emergencia”. Además, lleva emplazando sin éxito al Gobierno de Pedro Sánchez en varias reuniones recientes del consejo interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para que tome cartas en el asunto con cuestiones como el regreso de las mascarillas obligatorias siempre en la calle. En este contexto, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido popularmente como Labi, volverá a reunirse en la tarde de este viernes con la mayor de la solemnidades pero, según todas las fuentes consultadas, no aprobará ni una sola medida adicional a las vigentes para contener una escalada de la pandemia que ya va por su séptima ola en Euskadi y que arroja una tasa de incidencia próxima a los 600 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (1.000 en Gipuzkoa) y mayor presión hospitalaria que la anterior ola de verano.

El único cambio efectivo de cara al puente de cinco días -y gran movilidad- será la introducción del pasaporte COVID en determinadas actividades de ocio, pero no en todas, aunque se trabaja ya en su ampliación para otro tipo de eventos. Sin embargo, esta medida ya estaba prevista y no guarda ninguna relación con la emergencia sanitaria. La coincidencia temporal se debe a que ha sido este viernes cuando el Tribunal Supremo ha enviado finalmente la sentencia en la que autorizaba la orden de reguladora redactada por la consejera Sagardui a mediados de noviembre y que será la que ahora se implante. Como en Navarra, se prevé que el sistema de control se haga mediante una aplicación de las autoridades sanitarias de Suiza que promete no conservar datos personales en quien la utiliza para revisar si un cliente cumple o no con los requisitos de vacunación o prueba negativa.

Euskadi salió de la emergencia sanitaria el 6 de octubre y lo hizo con un acto solemne del lehendakari en el que reunió a las decenas de personas que habían participado en las diferentes mesas de crisis a lo largo de la pandemia. En aquella ocasión no hubo posibilidad de que los medios de comunicación formularan preguntas. Y se vuelve a la emergencia sanitaria con un formato similar. El nuevo Labi se reunirá a las 16.30 horas y habrá posibilidad de se graben imágenes del arranque de la reunión. Después, se radiará la intervención inicial de Urkullu pero no se celebrará ninguna rueda de prensa. De hecho, Urkullu, Sagardui y otros miembros de este consejo tienen que desplazarse de Vitoria a Bilbao con motivo del día internacional del euskera.

Aunque en los últimos días se habían cruzado mensajes confusos sobre lo que podría ocurrir en una Euskadi que pelea por contener la escalada de contagios y con cada vez más personas ingresadas a pesar de tener una amplísima cobertura vacunal, salvo viraje de última hora, Urkullu ha renunciado a endurecer las restricciones en puertas de una sucesión de festivos en los que hay numerosas reservas y viajes programados. Ya en puertas de Semana Santa, en una situación similar, excepcionó de los cierres perimetrales entonces en vigor a quienes tuvieran reservas turísticas. El propio lehendakari, en las últimas horas, ha apelado a adoptar decisiones “proporcionadas” y adecuadas también a la realidad única de esta ola, que se produce con un 90% de los vacunables con la pauta completa y en plena campaña para administrar dosis de refuerzo a todos los mayores de 60 años y otros colectivos específicos. Eso sí, ha sido una decisión exclusivamente de la Presidencia vasca el declarar la emergencia sanitaria este viernes después de llevar casi dos semanas con ello en mente y de que se cumpliera hace varios días la previsión de que hubiese más de 50 ingresados en la UCI. El 15 de agosto de 2020, cuando se activó la segunda emergencia, eran 154 los ingresados totales y 14 de ellos estaban críticos en la UCI, por ejemplo. Es más, hace ya días que se ha activado una nueva fase (alerta 2 sobre 5) del plan de contingencia hospitalaria, lo que supone más camas de UCI y más equipos.

Desde el Gobierno se destaca el valor de que, con la emergencia activada, aunque no cambie nada de inmediato sí hay disponible un “armazón jurídico” para adoptar más medidas. Pero la caja de herramientas no está completa. Euskadi aprobó en verano una ley antipandemia que supedita las medidas más severas, las que tocan derechos de movilidad como los confinamientos, toques de queda o cierres perimetrales, a un marco superior que no volverá, el estado de alarma (ahora cuestionado por el Tribunal Constitucional). Sin embargo, sí permitiría actuar en horarios y aforos de las actividades, por ejemplo. O renunciar a la presencialidad educativa, algo no previsto y que se considera intocable. Ahora mismo la situación epidemiológica sitúa ya la emergencia en el más alto de sus niveles, previsto cuando se superan los 500 casos en esa ley. No obstante, la última ola, gestionada ya con esta norma, mostró que el Gobierno tiene amplios márgenes para adoptar sus propias medidas sin que sean exactamente las previstas en la ley. Respecto al calendario de aquí en adelante, no hay ninguna pista de los planes del Ejecutivo vasco. Eso sí, aunque sea puente festivo el martes 7 de diciembre sí se ha convocado una reunión del Consejo de Gobierno.

Sea como fuere, Urkullu y Sagardui suelen repetir que Euskadi sí tiene medidas en vigor, aunque algunas de ellas ostensiblemente no se están cumplido. Tras el final de la emergencia sanitaria se mantuvo la obligación de uso de la mascarilla en interiores y en la calle siempre que no haya distancias interpersonales, una limitación del 80% en grandes recintos cerrados y una prohibición de comer y beber -salvo agua- en los eventos culturales o deportivos. Además, más adelante se adoptaron “recomendaciones” para municipios con más de 150 de tasa, que son prácticamente el grueso de los de más de 5.000 habitantes. Entre ellas está la posibilidad de suspender o posponer eventos y ello ha generado una cascada de cancelaciones, desde el Ardoaraba de Vitoria para este puente hasta actividades y ferias en Eibar o Tolosa. La Azoka de Durango, referente de la cultura vasca, se hará con cita previa. También se pedía limitar encuentros en interiores. El jueves Urkullu pidió a la población también viajar menos.

Por otro lado, la nueva fase arroja una novedad en la composición del Labi. El vocal de Urkullu y exresponsable de Derechos Humanos, Jonan Fernández, ya no será el coordinador de este grupo y el enlace entre la mesa política y el comité técnico que la asesoraba, del que necesariamente saldrá también el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, que va a ser nombrado a propuesta del PNV vocal en el Tribunal de Cuentas. La oposición había cuestionado en el Parlamento durante meses la capacitación técnica de Fernández para este cometido.