El Gobierno español maniobra en Europa a favor del IRPH hipotecario y de los intereses de la banca
La batalla contra la banca española por las condiciones abusivas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, popularmente conocido como IRPH, que se libra en Europa tiene un nuevo capítulo. El Gobierno español ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de observaciones por escrito en las que defiende abiertamente los intereses de la banca. Estas observaciones se enmarcan en el contexto de una cuestión prejudicial relativa al IRPH planteada por un juzgado de Barcelona. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe aclarar si la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017, en la que se eximía la cláusula IRPH de todo control de transparencia, es ajustada al derecho comunitario. La propia sentencia del Supremo español incluía dos votos particulares que afirmaban que el fallo era contrario a derecho.
El IRPH es otra de las cláusulas abusivas que emplearon las cajas y bancos españoles durante la burbuja inmobiliaria y supone una alternativa al euribor, el indicador más utilizado a la hora de formalizar un préstamo hipotecario. Se calcula que más de 1,3 millones de familias en España están sujetas a este índice, que encarece las cuotas entre 200 y 300 euros al mes. Miles de afectados han recurrido a los jueces al considerar que la entidad financiera les asesoró mal a la hora de contratar este producto o que, directamente escamoteó información sobre su funcionamiento. Esto ha provocado sobrecostes en los préstamos. En muchos casos, los afectados incluso desconocían que sus hipotecas contaban con esta cláusula.
Siguiendo el procedimiento habitual, el TJUE solicitó a las partes, es decir, a España y a la Comisión Europea, sus observaciones escritas relativas a la cuestión planteada. Las primeras en conocerse fueron las observaciones de la Comisión Europea, que se opone frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo español y se alinea con el voto particular.
Ahora, la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa (la más activa de España en el combate contra el IRPH) ha tenido acceso a las observaciones presentadas por el Gobierno español. El coincide con la conclusión a la que llegó el Tribunal Supremo (obviando que dicha conclusión no se alcanzó con unanimidad y que contenía un voto particular de dos magistrados). El Gobierno defiende ante Europa que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente, afirmando además que “no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas”.
En su escrito, contempla la posibilidad de que el Tribunal Europeo de la razón a las personas afectadas por el IRPH, y para tal caso pide que los efectos de la nulidad no sean retroactivos, por el “riesgo de repercusiones económicas muy graves”. Por lo tanto, el Gobierno cree que el importe estafado por la banca mediante la aplicación de IRPH es muy elevado, y pide que en caso de demostrarse la estafa se dicte su fin, pero no la devolución de lo estafado. Y añade, que “aquellas entidades que utilizaban este índice lo hacían de buena fe”.
