La izquierda cree que el plan industrial de Tapia es “paja” y “propaganda”
El Plan de Industria 2017-2020 del Gobierno vasco, presentado este martes, ha merecido la dura crítica de la oposición de izquierdas en el Parlamento. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han coincidido en que las inversiones anunciadas, 1.225 en programas y 4.000 en mecanismos de financiación durante todo el cuatrienio, no constituyen ninguna novedad, sino más bien la presentación con otro formato de partidas ya conocidas e incorporadas tanto en los presupuestos como en el plan general de reactivación económica dado a conocer en marzo.
En el aire de la valoración de este plan realizada por ambas formaciones late la situación crítica que viven varias empresas vascas en estos momentos. Y también la negativa de los partidos del Gobierno (PNV y PSE-EE) a convocar la Diputación Permanente en período estival para tomar cartas en el asunto. “Algunos han dado prioridad a marcharse vacaciones. Nos tememos que para algunas de las empresas septiembre es demasiado tarde”, ha asegurado Iker Casanova (EH Bildu), quien ha lamentado que algunas medidas de “acompañamiento” a empresas en situación de “emergencia” que no están en marcha podrían haber evitado algunas de las posibles quiebras que se atisban.
En cuanto al fondo del plan, Casanova ha criticado la filosofía de la propuesta de la consejera Arantxa Tapia. A su entender, el PNV ha apostado por un modelo socioeconómico compartido “con Confebask y con el PP” y ha lamentado que haya arrinconado a la izquierda y a los agentes sociales. Como ejemplos, ha apuntado que Euskadi está “a la cola” en materia de energías renovables o I+D.
En un argumentario muy similar, el parlamentario de IU y del grupo Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, ha definido el plan como “campaña de propaganda” del Ejecutivo ante un contexto desfavorable. A juicio de Hernández, ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni la propia Tapia se atreverían a defender ante los trabajadores este “plan de paja”.
Hernández, asimismo, ha lamentado que el PNV impulsara como alternativa al debate parlamentario sobre política industrial una declaración de lavado de cara para el Gobierno y que la “eximía” de responsabilidades.
