Montoro pacta rebajar en 192 millones el Cupo vasco al Estado

Un visiblemente emocionado Pedro Azpiazu, consejero vasco de Hacienda, ha presentado a las 12.30 horas en Vitoria un “éxito” negociador para Euskadi cerrado “discretamente” en Madrid la noche del martes mientras él mismo y el ministro Cristóbal Montoro compartieron “alegremente” confidencias de política y economía. Los Gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo de enorme relevancia económica en torno al Cupo, la aportación vasca al Estado por los servicios que presta en la comunidad autónoma y para la solidaridad interterritorial. En dos cifras, el pacto se resume en que el Gobierno central reconoce que el País Vasco abonó 1.400 millones de más en la última década y que ahora serán “devueltos” mediante ajustes contables y en que el nuevo Cupo de 2017 queda fijado en 956 millones, 192 menos (un 16%) que los 1.148 fijados para 2016 y que se liquidarán precisamente este mismo mes de mayo.

Euskadi logra así lo que demandó hace una semana el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando dio por sentado este acuerdo que sólo ha sido posible cuando Mariano Rajoy se ha visto en minoría en las Cortes Generales y ha necesitado al PNV para sus primeros presupuestos de la legislatura. Tirando del viejo dicho foralista, Euskadi logra un “huevo” -es decir, el reconocimiento de que se le exigieron 1.400 millones de más a lo largo de varios años- y un “fuero” -un nuevo sistema de cálculo de la aportación que se aplica desde 2017 y que tendrá un lustro de vigencia-.

El acuerdo de Montoro y Azpiazu -que mantienen una buena relación desde los tiempos en que ambos compartían bancada en el Congreso como portavoces económicos- será ratificado “en la segunda quincena de mayo” en un órgano denominado Comisión Mixta del Concierto Económico que sienta al Estado y no sólo al Gobierno autonómico, sino también a las tres diputaciones, que son las que tienen competencias de Hacienda y recaudan los impuestos. Asimismo, habrá una segunda Comisión “en julio” de cara a cerrar una nueva ley quinquenal del Cupo con la cantidad de 956 millones como “primera piedra” para el nuevo ciclo de entendimiento, calificado por Euskadi como “paz fiscal”.

Éstos son los números del acuerdo, que incluye también otros asuntos menores como la “creación de un grupo de trabajo” para analizar la situación de la empresa más importante de Euskadi, Mercedes-Benz, radicada en Álava y que por cambios societarios podría reducir drásticamente la recaudación fiscal de la Hacienda más pequeña de España y probablemente de Europa.

Lo llamativo es que las discrepancias reconocidas por el Estado se hayan quedado en 1.400 millones cuando tanto el lehendakari como el propio Azpiazu llevaban semanas aludiendo a un litigio próximo a los 1.600 millones de euros. “Ésta es la cifra resultado de hacer una lectura conjunta de la disposición quinta [de la ley de 2007 que reguló las liquidaciones hasta este acuerdo] homogeneizando tanto los índices de actualización como el Cupo del año base (2007)”, ha argumentado Euskadi, que en su nota de prensa oficial 'justifica' así la pérdida de esos 200 millones en el camino: “La cifra de 1.600 respondía a las diferencias entre homogeneizar exclusivamente el índice de actualización pero no el Cupo del año base (postura mantenida por el Estado), respecto a no homogeneizar ninguno de los dos conceptos”.

Sobre el “reintegro” de ese dinero, no ha quedado claro si Euskadi recibirá 1.400 millones contantes y sonantes o si parte de esa cantidad ya no se había abonado en años anteriores mediante descuentos en el Cupo. Azpiazu ha asegurado que “los contables de la casa” aclararán próximamente la traducción en euros del acuerdo, si bien se ha pactado ya que Madrid no ingresará ningún cheque a Euskadi, sino que el dinero que se reconozca se descontará de la aportación anual en un porcentaje creciente “a lo largo del próximo quinquenio” (10% en 2017, 15% en 2018 y así hasta el 30% del 2021).

También bailan las cifras respecto al último Cupo y la nueva cantidad fijada de 956 millones. ¿Pagará ahora más Euskadi? ¿O pagará menos? En 2007, el año base del anterior Cupo, la aportación se estimó en 1.525 millones. La cifra ya no es válida ya que en 2011 Euskadi asumió una importante competencia, las políticas activas de empleo y la Inspección de Trabajo. Esa transferencia se cuantifica ahora en 344 millones, por lo que añadidos a los 956 de Cupo actual arrojarían una cantidad comparable de 1.300 millones, es decir, un ahorro de 225 millones para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Otra comparativa válida y más realista es analizar la previsión de Cupo pactada, los 956 millones, con la última liquidación, con el último pago al Estado. Según datos facilitados a preguntas de los periodistas, en 2016 la aportación vasca fue de 1.148 millones y se liquidará precisamente en mayo. En suma, ahora habrá una caída del Cupo de 192 millones, el 16%.

En este sentido, el propio Gobierno ha admitido ahora que las cantidades que se presupuestaban en Euskadi en los últimos años eran “orientativas”. Se refería a la cantidad de 714 millones recogida en los tres presupuestos de las Diputaciones como Cupo para 2017 y que, según Euskadi, “no era una cuantía metodológicamente calculada”. El Ejecutivo autonómico quiere, con esta cautela, desterrar la idea de que el nuevo acuerdo es oneroso para Euskadi, pero también la de que es beneficioso. “No es un tema de agravios [territoriales]”, ha sentenciado Azpiazu, preguntado por las posibles afecciones de este entendimiento respecto a Navarra y a la financiación de las comunidades de régimen común.

Con esa cantidad, con 956 millones, el Estado desarrolla en Euskadi competencias como aeropuertos, puertos, ferrocarriles, Policía Nacional, Guardia Civil, Inem o Fuerzas Armadas, prestados por unos 10.000 funcionarios, y Euskadi contribuye a la financiación de servicios comunes como las Cortes Generales, la Casa Real o las embajadas y consulados. También recibe una cuantía presupuestada en 381 millones en concepto de inversiones y se puede descontar hasta 350 millones cada año por las obras del AVE en Gipuzkoa que ejecuta el Gobierno vasco pero abona Fomento.