Seguridad incrementa un 38% la partida para escoltar a mujeres víctimas de violencia de género

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha entregado este viernes al Parlamento Vasco el detalle del proyecto de presupuestos para 2019, que suman un total de 11.748 millones de euros (2,6% más que en 2018). Una de las partidas de calado que experimentan una mayor subida es la destinada por el Departamento de Seguridad a la protección con escoltas privadas de mujeres víctimas de violencia de género y otras personas en situación de vulnerabilidad. Se prevé para 2019 una partida de 6,5 millones, por 4,6 de 2018 (+38%).

Asimismo, la Ertzaintza destinará otros 100.000 euros a un aplicativo para la valoración de los riesgos de estas mujeres, 50.000 euros en material audiovisual sobre violencia de género y 77.400 euros para el servicio 'bortxa', el teléfono móvil que se entrega a las víctimas para comunicarse con la Policía en caso de emergencia. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por su parte, incluye otras dos partidas: 374.000 euros para el mantenimiento del servicio de atención 24 horas (que atiende 4.000 consultas anuales) y 1,1 millones para prestaciones económicas (en 2018 se estiman en 185 los expedientes abiertos).

Las cuentas recogen también, en varias áreas como la de Empleo y Políticas Sociales pero también en la de Trabajo y Justicia, un “plan operativo” nuevo para 2019 para combatir la brecha salarial. La cantidad destinada, sin embargo, se limita a 350.000 euros.

Una de las partidas sociales clave de las cuentas vascas es siempre la de la renta de garantía de ingresos (y sus complementos de vivienda), una prestación que se abona a quienes no tienen recursos o a quienes acreditan nóminas o pensiones bajas. El dinero previsto para 2019 son 470 millones de euros por 491 presupuestados en 2018. Sin embargo, no es una partida limitativa, sino que depende de la demanda, ya que se atiende a todos los que tengan derecho a cobrarla. En 2019 las cuantías individuales crecerán un 2,25%, como el salario de los funcionarios. Desde hace varios años no se cumple la ley original de la renta de garantía de ingresos, de 2008, que vinculaba estas ayudas a las subidas del SMI. El programa social se complementa con 23 millones para ayudas de emergencia social (AES).

Las cuentas pronostican un desembolso de 3 millones para la prestación de vivienda que se concede a quienes tienen reconocido el derecho a la vivienda pero sin que haya una casa ajustada a sus necesidades económicas o familiares. La previsión es que 5.000 personas se beneficien de ese derecho a finales de 2019 y que 1.000 de ellos reciban esta ayuda, de 250 euros.