La Fiscalía, partidaria de la extensión del pasaporte COVID en Euskadi a toda la hostelería, gimnasios, hospitales y residencias

La Fiscalía vasca, dirigida por Carmen Adán, se ha pronunciado este lunes a favor de la extensión del pasaporte COVID a más actividades, como ha planteado el Gobierno de Iñigo Urkullu ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ya en la primera ocasión, hace tres semanas, el ministerio fiscal dio el visto bueno a un primer paquete que es el que está en vigor para el ocio nocturno a partir de las 22 horas o para restaurantes de más de 50 comensales de aforo, pero los magistrados tumbaron la implantación de la exigencia del certificado al entender que lesiona derechos fundamentales y hubo que esperar a una rectificación posterior del Tribunal Supremo. Fuentes judiciales apuntan a que será este martes cuando la terna que compone la sala de lo contencioso-administrativo del Superior delibere y su resolución, por lo tanto, podría llegar para el miércoles.

“Entendemos que procede la autorización”, concluye el escrito de Adán, que insiste en que el pasaporte COVID es una medida “necesaria”, “idónea” y “proporcionada”. Se asegura en el documento que el incremento de la incidencia y de la presión hospitalaria es un hecho. También que las restricciones que implica son ajustadas al objetivo de controlar la expansión del virus y preservar la salud pública. “El objetivo es garantizar la seguridad sanitaria y disminuir el riesgo de contagio en este tipo de establecimientos. La medida se presenta como la mejor opción para garantizar la salud de todas las personas, pues la adopción de otras medidas más restrictivas, como cierres o limitaciones de aforos que ya se han empleado anteriormente, tienen una consecuencia negativa más intensa”, argumenta la Fiscalía. Matiza, eso sí, que el juicio de proporcionalidad no se superaría si se extendiera a los menores de 12 años -todavía no vacunados- y al personal trabajador de los locales, que acude allí no en ejercicio de un derecho no esencial como lo es el ocio y sí al amparo de una obligación laboral.

La implantación de la exigencia del pasaporte COVID en Euskadi es una realidad desde el 4 de diciembre, aunque llevaba sobre la mesa desde el 16 de noviembre. De hecho, es la única medida que han adoptado las autoridades sanitarias vascas ante esta nueva ola de contagios que está generando valores de transmisión de récord en la pandemia. Y ya es una exigencia corriente en muchas comunidades y en Francia, por ejemplo, se solicita desde hace meses con normalidad en bares, mercados o establecimientos. Como primer paso, el Gobierno de Urkullu lo reguló para el acceso a un número reducido de actividades sociales. Los titulares de esos negocios realizan los controles con una aplicación de Suiza que no verifica si el documento que se exhibe es de la persona que lo muestra y que no impide usar el mismo pase en más de una ocasión.

Es esta segunda autorización la que afecta ya al grueso del ocio. En concreto, el plan consiste en reclamarlo en salas de conciertos y “salas multiusos” cerrados, en toda la hostelería “independientemente del número de asistentes”, en “polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica actividad física” tanto “para deportistas como acompañantes y público”, y en recintos deportivos -también los abiertos- si tienen un sistema de “control de acceso” y “asistencia” -que no aforo- “superior a 100 personas”. Y también se pedirá incluso a las visitas a residencias, hospitales o centros penitenciarios. La medida es “temporal”, ya que se levantaría siempre que la tasa de incidencia baje de 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, cuando inicialmente era 150. Ahora mismo el dato es el más alto de toda la pandemia, superior a 900.

El lehendakari Urkullu ha invitado a no denominarlo “pasaporte COVID” y sí “certificado de vacunación” pero es un pase que, aunque sea de manera temporal, se puede lograr también con una prueba diagnóstica negativa. Asimismo, se expide igualmente para personas que hayan pasado la enfermedad en fechas recientes, ya que tienen anticuerpos y un cierto grado de inmunidad. Considera el Gobierno vasco que es una herramienta que incentiva la vacunación -en Euskadi el 90% de los mayores de 12 años tiene la pauta completa- aunque remarca que ha de ser combinado con otras medidas como las distancias, el uso de mascarillas y la higiene de manos.

No obstante, hasta el 15 de noviembre Euskadi era crítico con este uso del certificado, ya que fue concebido para viajar con seguridad entre países de la Unión Europea. El segundo viraje llegó al poco de recibir el veto del Superior a la implantación de este control en los primeros locales, ya que se anunció que no se iba a pelear para enmendar esta decisión judicial en el Supremo a pesar de que existía un precedente alentador, el de Galicia. Finalmente, el cambio de opinión permitió recibir la preceptiva autorización judicial. El alto tribunal consideró proporcionado requerir este documento y entendió que no vulneraba derechos básicos teniendo en cuenta la importancia de las medidas para contener un problema de salud pública como es el coronavirus. Así las cosas, sin esperar ni siquiera a la implantación del pasaporte COVID ya se había anunciado una ampliación más en la línea de los planes aplicados en otras comunidades como Navarra. El anuncio se hizo el 3 de diciembre pero hasta después del puente festivo no se presentó oficialmente ante el Superior, lo que ha retrasado todo el proceso casi dos semanas.

La pugna entre el Ejecutivo de Urkullu y el Superior en torno a las medidas de control del coronavirus no es exclusiva de las discrepancias en torno al pasaporte COVID. Prácticamente cada paso de las autoridades autonómicas ha sido cuestionado por los magistrados, desde el cierre de bares en los momentos de mayor incidencia de la pandemia sin vacunas hasta la limitación de aforos en recintos deportivos. Han sido media docena de choques en la pandemia.