Los gestores de Zaldibar no han devuelto nada de los 29 millones públicos que adeudan por el derrumbe del vertedero

En el día en que se cumplen tres años del derrumbe del vertedero de Zaldibar, la catástrofe ambiental más importante en Euskadi en los últimos años y que mató a dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, fuentes del Gobierno vasco constatan que la empresa gestora de aquellas instalaciones, Verter Recycling, no ha devuelto ni un solo euro de los prácticamente 29 millones que tiene que ingresar a la Administración por las labores de urgencia requeridas para la estabilización de la ladera en que estaba emplazado. Como la empresa está ya en fase de liquidación, se está “avanzando” para que las personas físicas que gestionaban esa compañía, cuyo máximo responsable era José Antonio Barinaga, asuman a título individual esa deuda. Él, su sobrina, Arrate Bilbao, y el ingeniero-jefe, Juan Etxebarria, sí han abonado a las familias de las víctimas las indemnizaciones millonarias fijadas por la Justicia para que evitaran el ingreso efectivo en prisión por un delito de homicidio imprudente, según indican fuentes judiciales.

Los hechos del 6 de febrero de 2020 no fueron un accidente y sí una negligencia a la luz de los datos que han ido conociéndose en los últimos años. Este periódico reveló en marzo de 2021 un informe interno de la empresa gestora del recinto, Verter Recycling, en el que se constataba que Beltrán había detectado grietas en la zona y que no se hizo nada. “En los vertederos es normal este tipo de movimientos”, le despacharon desde la compañía. Otros documentos también han demostrado que había riesgo y que, además, era inminente. El último es un peritaje del organismo estatal Cedex que estima que en los días previos al desplome se produjeron movimientos de entre 2,2 y 3,5 metros cuando lo ordinario son desplazamientos de entre 0,1 y 0,3 en el año. También se apunta a que existían problemas de impermeabilización y exceso de líquidos en el vaso de residuos.

Se vinieron abajo 800.000 metros cúbicos de tierra y basura, el equivalente a la capacidad de 32.000 camiones llenos que, puestos en fila, llegarían desde allí hasta Zaragoza. El alud sepultó a dos trabajadores. Los restos de Alberto Sololuze (Markina, 62 años) fueron hallados meses después, en agosto de 2020, pero en mayo de 2021 se decidió suspender el rastreo de Joaquín Beltrán (Zalla, 51 años). Se sucedieron incendios contaminantes en la comarca (Ermua y Eibar están muy próximos al lugar). En un primer momento hubo que parar los trabajos de emergencia ante la presencia de amianto. Desde hace tres años es un día muy especial. Tengo muy presentes a las personas que desaparecieron“, ha dicho sobre la efeméride el lehendakari, Iñigo Urkullu, que fue muy cuestionado en aquellas fechas por su tardanza en personarse en el lugar y por haber antepuesto la convocatoria de elecciones a esa visita.

En el plano judicial-administrativo, el asunto de Zaldibar se ha gestionado con tres procedimientos diferenciados. El primero, ya ventilado en 2021, supuso la admisión por parte de Barinaga, Bilbao y Etxeberria de que se produjo un homicidio imprudente. Llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y con las familias para comprometerse a hacer frente a la responsabilidad económica de modo que no entrarían en prisión. El segundo, todavía abierto, analiza los posibles delitos medioambientales vinculados. La investigación la dirige una magistrada de Durango, Sofía María Sánchez Ortega, que desde el primer momento ordenó un cerrojazo de la información. Fuentes judiciales indican que la causa avanza de una manera muy lenta, extremadamente lenta. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha asegurado que la sala es pequeña y que compagina labores de instrucción y de instancia. 'El Correo' indica que trece personas han sido citadas en calidad de imputadas o investigadas, entre las que se incluyen de nuevo los responsables de Verter Recycling -que se acogieron a su derecho a no colaborar- y tres técnicos de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco. El Gobierno defendió expresamente el buen hacer de sus funcionarios.

Finalmente, el tercer procedimiento ha buscado que Verter Recycling asuma la factura de las tareas que le correspondían pero que tuvo que asumir la Administración de urgencia en aquel febrero de 2020. Son 28,7 millones de euros en total. “Nos encontramos en proceso de liquidación concursal y el liquidador está avanzando en el proceso. El Gobierno vasco es el principal acreedor de la empresa”, indican desde el Ejecutivo sobre esta vía. Ya desde hace tiempo se manejaba la previsión de que la empresa quebrara y se recalca que se puede recuperar la deuda yendo contra el patrimonio de sus responsables. “Avanzamos en la vía de la derivación de la deuda a las personas físicas que formaban Verter Recycling”, añaden las fuentes consultadas, que recalcan que el área de Medio Ambiente sigue haciendo “seguimientos rutinarios para ver cómo evoluciona el vertedero tras las actuaciones de emergencia subsidiarias realizadas”. Zaldibar, en todo caso, nunca volverá a reabrir.