El Gobierno de Urkullu rechaza la idea de eliminar la propaganda electoral en las campañas

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha emitido este martes un informe desfavorable a la proposición de reforma de la ley electoral planteada en el Parlamento Vasco por Elkarrekin Podemos-IU y que aboga por poner fin a la propaganda individualizada en campaña para establecer un único sistema de envíos centralizado con todas las candidaturas. Este dictamen adelanta que la iniciativa, que nunca ha sido publicitada por sus autores, no tendrá recorrido alguno ya que PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta en la Cámara. 

El Ejecutivo explica que el retoque planteado en la normativa electoral autonómica “plantea establecer un sistema de envío centralizado y común de sobres, papeletas y propaganda electoral unificada” y “propone que sea la Administración electoral la que efectúe el envío centralizado”. Pero el Gobierno entiende que las juntas electorales son órganos “semijudiciales” y que no pueden asumir ese nuevo cometido. “Las juntas electorales no tienen encomendadas ni están preparadas para cuestiones de mecánica electoral y pura gestión, como sería si se ocuparan de la remisión masiva de material electoral. Esa atribución de funciones que se pretende con la modificación de ley propuesta no es acorde ni con su finalidad original ni con su composición y funcionamiento actuales”, argumenta el informe del Gobierno.

Mientras Elkarrekin Podemos-IU considera que este sistema ofrecería igualdad de oportunidades a todos los partidos, incluso a los extraparlamentarios, a la hora de comunicar sus mensajes básicos a la ciudadanía, el Ejecutivo se muestra en desacuerdo. Aprecia que acarrearía “una limitación y un constreñimiento de la libertad de los partidos, federaciones o coaliciones” en el margen que tienen para hacer propaganda. Actualmente se financian estos envíos de manera proporcional al número de votos recibidos pero solamente si se obtiene al menos un escaño. Formalmente, el Gobierno afea también algunas “incorrecciones” de tipo jurídico en el planteamiento realizado desde la oposición por la coalición de izquierdas.

El Ejecutivo, tras su reunión semanal, ha comunicado también la subida “adicional” del 1,5% de las retribuciones de los funcionarios en línea con la decisión adoptada ya por el Estado. Ello se une a la ya aprobada del 2%, de modo que “la subida total es del 3,5%” en este 2022, ya que se aplica con carácter retroactivo para combatir la inflación. Igualmente, se ha ajustado el funcionamiento del organismo conocido como Labi, la mesa de crisis que se hizo popular en la emergencia sanitaria ya que era ahí donde se decidían las restricciones para combatir la COVID-19. Se busca que, “en caso de una nueva emergencia de salud por pandemia”, el sistema está mucho más engrasado fruto de la “experiencia adquirida” en los últimos años.