El Gobierno de Urkullu tienta a EH Bildu con propuestas presupuestarias que ha aceptado en Navarra

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha mantenido este miércoles una segunda reunión para explorar un posible acuerdo presupuestario con EH Bildu. Aunque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE dispone de mayoría absoluta en el Parlamento y las posiciones con la oposición son distantes, formalmente sigue teniendo contactos con todos los grupos salvo con Vox, excluidos en origen. De hecho, el viernes Azpiazu se verá también con Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. El Gobierno de Iñigo Urkullu ha hecho llegar a su primer interlocutor en esta segunda ronda una contrapropuesta a las exigencias planteadas por la coalición abertzale y, como estrategia política, ha decidido hacer suyos puntos del acuerdo firmado en Navarra por EH Bildu con el gabinete de María Chivite, en el que también están los socialistas y el PNV, aunque con otras proporciones y con más partidos.

Concretamente, Azpiazu ha planteado como alternativa al SMI propio y diferenciado del español que pedía EH Bildu la de “fomentar” que los convenios colectivos recojan una cifra “proporcional a la renta media de la comunidad autónoma de Euskadi” como referencia. Asimismo, como respuesta a la necesidad planteada de limitar los precios de los alquileres, el Ejecutivo se aviene a “poner en marcha, cuando la futura normativa estatal en materia de regulación de precios del alquiler privado lo permita y de conformidad con los acuerdos del Parlamento Vasco al respecto, un sistema de control de precios del alquiler privado”. En las dos ocasiones, Azpiazu no ha ocultado de dónde había tomado la idea: “Es idéntico a lo aceptado por la coalición para aprobar los presupuestos de Navarra”. Por lo demás, el Gobierno de PNV y PSE-EE ya le había dicho a EH Bildu que no entraría en una reforma fiscal -es competencia de las diputaciones y no de la Administración autonómica, aunque en el pasado sí se debatió de ello en las negociaciones presupuestarias- pero sí explica que se hará un análisis de los cambios de 2014 y 2018 y del efecto de la pandemia en la recaudación. Además, se compromete a elaborar un informe sobre incentivos y penalizaciones fiscales para contener los precios del mercado inmobiliario. Finalmente, asume como propia la petición de llegar “lo antes posible” un porcentaje de inversión en I+D+i del 3%.

Sí que se niega a hablar de reformas en Lanbide o de medidas para el sector audiovisual porque son ámbitos regulados por sus propias leyes, alega el Ejecutivo. En cuanto a la parte económica, de 118 millones que quería modificar la coalición Azpiazu accede a tocar 72, aunque le añade 90 adicionales para “activar” el fondo de sostenibilidad energética para los ayuntamientos. Esos 72 millones irían para Salud (30 millones, principalmente para Atención Primaria), 18 millones para temas verdes, 2 millones para reforzar las Ayudas de Emergencia Social (AES) y facilitar el “bienestar energético” y 20 millones (aunque 10 se asignarían a 2023) para “proyectos vinculados a la consecución de la inclusión social de los colectivos y personas en riesgo de exclusión.

Tras la reunión, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha querido marcar distancias tras la contraoferta del Gobierno porque “los grandes acuerdos políticos quedan fuera” y porque reduce las aportaciones económicas de manera sustancial. “Se queda corta”, ha zanjado. “Rebaja a más de la mitad lo económico y no entra en los acuerdos políticos. Analizaremos con detenimiento la propuesta [porque] hay aspectos que queremos analizar con detenimiento. Daremos una respuesta a la mayor brevedad”, ha explicado a los medios de comunicación Iriarte. Se da la circunstancia de que estas conversaciones se dan en un contexto en el que el PNV ha comparado a EH Bildu con el PP en Madrid y cuando también se están produciendo fricciones por la convocatoria de una manifestación en Bilbao en un contexto de repunte de la pandemia.