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El Gobierno de Urkullu ve rotas de golpe las negociaciones presupuestarias con toda la oposición

Pedro Azpiazu, en un acto reciente

Iker Rioja Andueza

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Aunque formalmente quedan 72 horas para que se cierre el plazo de enmiendas a los presupuestos vascos de 2023 -el plazo de gracia permitiría incluso estirar el margen hasta el lunes a mediodía-, el Gobierno de Iñigo Urkullu conoce ya de primera mano que tendrá que valerse exclusivamente de los votos de PNV y PSE-EE -que, por otra parte, suponen una holgada mayoría absoluta- para aprobar las cuentas. Las propuestas del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, no han convencido ni a PP+Cs ni a Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu ha decidido romper las conversaciones a pesar del pacto del año anterior al entender que el ofrecimiento cinco veces inferior al de las cuentas de 2022 (50 millones por 250, en números redondos) dejaba poco espacios para el entendimiento. El Ejecutivo, en todo caso, sale de este proceso aritméticamente innecesario pero al que Urkullu había dado mucha importancia -lo llegó a plantear como un “pacto de país” ante un contexto de gran incertidumbre económica- con otro frente abierto. Ahora mismo están en el aire los consensos educativos desde el momento en que el Gobierno quiso hablar de la materia con PP+Cs en esta negociación y al margen del pacto cerrado con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

Este martes, Azpiazu había convocado a la sede central de Lakua a los tres partidos con los que negociaba para una tercera ronda. La reunión con EH Bildu estaba fijada para las 13.00 horas y llegaba minutos después de que la coalición anunciara su apoyo a las cuentas del Estado. También ha secundado las de Navarra. Pero en Euskadi el encuentro ha sido brevísimo, de no más de diez minutos. Explica el Ejecutivo que, nada más sentarse, “la coalición ha manifestado su voluntad de abandonar la negociación presupuestaria de forma unilateral”. Ni siquiera ha habido margen para que el Gobierno les presentara una contrapropuesta más amplia que la última que trascendió.

“A veces se dan las condiciones y otras no”, han señalado desde el equipo de Azpiazu, que no ocultó públicamente que sentía que este año el clima preelectoral iba a condicionar las conversaciones. Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu, será por ejemplo candidata en Gipuzkoa y se postula como alternativa al PNV. ¿Qué opina la otra parte? “EH Bildu no va a continuar haciendo una escenificación”, ha asegurado desde la misma Lakua Iriarte, que ha afirmado que no han visto “voluntad” real de llegar a acuerdos y que ha lamentado que la propuesta esté muy lejos de las necesidades de una situación “compleja”. “A veces los acuerdos son posibles. En esta ocasión no lo ha sido”, ha coincidido también la representante de la coalición abertzale.

Así las cosas, EH Bildu se irá a la enmienda de totalidad. También Elkarrekin Podemos-IU, como ha confirmado Miren Gorrotxategi al término de la reunión. Ha afirmado que las posiciones son “muy divergentes” entre su grupo y el Ejecutivo. Ha denunciado que “no sirven” para mejorar la Sanidad o la Educación públicas o para impulsar las políticas de vivienda. “No sirven para los retos de país”, ha sintetizado la representante de la coalición. PP+Cs no confirmado aún si habrá enmienda de totalidad, pero también ha salido de la reunión con la sensación de que lo que le han prometido es “exiguo” o, directamente, una reformulación de propuestas ya existentes. “No hemos recibido nada mínimamente suficiente”, ha explicado Carmelo Barrio tras la reunión. En todo caso, ha querido enfatizar que presentar enmiendas, al menos las parciales, no es cerrar la puerta a la negociación por más que, a su juicio, el Gobierno aplique el rodillo y no contemple nunca las propuestas de la oposición que no estén previamente pactadas.

Los tres grupos demandaban también hincar el diente al modelo fiscal, lógicamente desde postulados diferentes e incluso opuestos. El Ejecutivo ya había dejado claro que circunscribía las conversaciones a la política de gastos y recordaba que los ingresos competen a las Haciendas forales, si bien el marco vigente fue fruto de otra negociación presupuestaria con el PP. El único compromiso del Gobierno es el de hacer un análisis de la situación pero cuando se estabilicen los indicadores ahora condiciones por la crisis energética global y cuando se celebren las elecciones forales que alumbrarán unas nuevas Juntas Generales en los tres territorios.

Ha acabado la negociación presupuestaria y PNV y PSE-EE no tendrán problemas para ir superando los diferentes trámites que requiere el proceso hasta que entren en vigor las cuentas el 1 de enero. Sin embargo, no se han apagado aún las llamas del incendio en otra mesa, la educativa. EH Bildu y particularmente Elkarrekin Podemos-IU pusieron en cuarentena el pacto para la reforma del sistema por haberse mostrado el Gobierno dispuesto a hablar de la materia con PP+Cs, que no son firmantes del acuerdo y cuya filosofía han criticado duramente. Además, las propuestas a la coalición de derechas iban encaminadas a apuntalar la concertada cuando el pretendido eje de la reforma es el contrario, blindar la pública en la comunidad autónoma con mayor proporción de alumnado matriculado en centros de titularidad privada. La maniobra fue doblemente sorpresiva porque partió de Economía y Hacienda y no de Educación y porque tampoco era conocida por los socios del PNV en la coalición, los socialistas. Por el momento, es público que se ha solicitado una reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto y que Elkarrekin Podemos-IU da por roto el acuerdo, hasta el punto de haber adelantado que votaría 'no' a la reforma legal si no hay un giro por parte del Ejecutivo.

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