Se inicia la fase de ejecución de las condenas del 'caso De Miguel' y la Fiscalía tendrá que aclarar si acepta suspensiones

Se ha activado ya oficialmente el proceso de ejecución de las penas previstas en la sentencia del 'caso De Miguel' tras la revisión del Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Álava ha dado traslado del expediente de esta causa de corrupción en las últimas horas al servicio competente, como se ha comunicado ya a las partes personadas. A partir de ahora, se deberá fijar una citación individual para que las cuatro personas con condenas en firme que deberían de ser cumplidas en prisión sí o sí, los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles, reciban la notificación en mano. Cuando firmen ese documento, se activará ahora sí una cuenta atrás de diez días hábiles para el ingreso efectivo en un centro penitenciario.

En el más rápido de los supuestos, ese plazo se agotará después de Semana Santa, en la semana de Pascua. Pero ninguna de las fuentes consultadas es capaz de explicar con precisión los siguientes pasos que se producirán. De hecho, tanto De Miguel como Tellería han mostrado ya sus cartas y han planteado una doble estrategia para evitar la cárcel. Por un lado, han comunicado que han pedido un indulto al Gobierno de España. Por otro lado, han presentado un recurso de súplica para lograr la suspensión indefinida del contador de diez días. No consta que las defensas de Ochandiano y Sánchez Robles hayan dado ese paso.

Cuando las condenas del 'caso De Miguel' se convirtieron en firmes, se interpretó que era desde entonces cuando se iniciaba el plazo de diez días para su complimiento o para acordar su suspensión en el caso del resto de condenados con penas más bajas. La confusión la tuvieron incluso algunos letrados, a los que les han devuelto escritos sobre el proceso de ejecución ya que aún no estaba iniciado. Tendrán que volverlos a registrar ahora.

En esta fase entrará también en juego la Fiscalía, que no ha expresado públicamente ninguna posición. El ministerio público tendrá que emitir informes sobre la posible suspensión de las penas de cárcel. Parece claro que se opondrá en el caso de los cuatro principales responsables de la trama de corrupción toda vez que incluso pidió sin éxito que entraran en la cárcel con la sentencia de primera instancia, a finales de 2019. Pero podría pedir también el cumplimiento efectivo de otras penas más bajas. El resto de condenados al margen de los cuatro principales se divide en dos grupos. Por un lado, están todos los que han recibido menos de dos años de cárcel. Y, por otro lado, se hallan Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés). En su caso tiene una suma de penas de más de dos años pero cada uno de los delitos acreditados no llega a ese umbral que se toma como referencia habitual para las suspensiones.

Además de las penas de cárcel, ahora se liquidan también las multas -hay condenados dispuestos a pagarlas de inmediato para facilitar la suspensión de la condena de prisión- y otras sanciones económicas, aunque la parte correspondiente a la responsabilidad civil sí que se ha abonado ya. En cuanto a las costas, que son la indemnización de los condenados al Estado por el coste del proceso judicial, las fuentes consultadas indican que no serán muy altas a pesar de que el proceso ha durado casi 14 años. Apenas se cuantificarán las minutas de los letrados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones que han ejercido como acusación, ya que los informes periciales los hizo la Ertzaintza y no personal externo y el resto de gastos (jueces, secretarios, funcionarios y fiscales) corren a cargo de las arcas públicas, según indican fuentes judiciales.