Los nuevos inspectores vascos de los precios de los alimentos podrán precintar instalaciones con autorización judicial

Los consejeros responsables de las áreas de Agricultura, Arantxa Tapia, y Comercio, Javier Hurtado, tienen ya avanzado el borrador de un decreto para desarrollar ley de 2013 sobre cadena alimentaria. El texto, cuya última versión es de principios de agosto, consolida la composición y las funciones del observatorio ya operativo desde hace unos meses y, sobre todo, regula la labor del nuevo cuerpo de inspectores encargados de vigilar la calidad y los precios de los productos. Son medidas que “intensifican la lucha contra el fraude alimentario” y que “aumentan la confianza de las personas consumidoras garantizando la protección de sus intereses económicos frente a prácticas comerciales desleales”, alega el Ejecutivo, que había recibido críticas de la oposición o de la entidad Facua por el no desarrollo de sus competencias en la materia en un contexto de inflación en los productos básicos.

El decreto parte de la base de que la comunidad autónoma puede ser considerada “autoridad de ejecución” de las medidas habilitadas en la materia. Por ello, a los seis meses desde que se promulgue este reglamento tendrá que tener un “plan de control” que abarcará “desde la producción primaria hasta los puntos de venta” y que será actualizado “anualmente”. En todo caso, también se podrá realizar una inspección tras una denuncia -se promete proteger la confidencialidad de los alertadores- y si se aprecian indicios de irregularidades. El cuerpo de inspectores tendrá la consideración de agente de la “autoridad” y podrán verificar almacenes, acceder a documentación, tomar muestras o solicitar explicaciones a personas implicadas. Asimismo, se les faculta a “acceder a cualquier local, terreno, instalación o medio de transporte” y a “precintar” los espacios que sean precisos, aunque deberán contar con autorización judicial o, en su defecto, con el consentimiento “expreso” del propietario.

La ley de 2013 ya recoge una larga lista de conductas leves, graves o muy graves que podrían comportar una sanción. Casi todas están relacionadas con irregularidades en los precios de los productos. Las multas oscilan entre los 250 y los 3.000 euros para casos leves, entre los 3.000 y los 100.000 euros para los graves y entre los 100.000 y los 1.000.000 euros para los muy graves. Se matiza que es clara la competencia inspectora sobre actuaciones con “las partes contratantes” radicadas en Euskadi pero se añade que se podrá intervenir también “cuando el contrato alimentario afecte al ámbito territorial de la comunidad autónoma del País Vasco en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento objeto del contrato”. Todas las multas se harán públicas y, por norma, se conocerá los nombres de las empresas infractoras.

Sobre el observatorio, que ya se presentó bajo el nombre Behatokia y que ya tiene una página web activa con funcionalidades como la evolución de los precios de coste y de venta de algunos productos, se configura como “órgano de seguimiento, asesoramiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena de valor de la alimentación en Euskadi y de los precios de los alimentos”. Es un órgano colegiado que podrá estar adscrito a la sociedad pública Hazi, dedicada al primer sector. Anualmente, elaborará un informe recopilatorio de su trabajo. Este organismo tendrá un presidente, un vicepresidente y un secretario-asesor jurídico. Su consejo lo conformarán tres altos cargos, dos del área de Tapia y uno de la de Hurtado, tres representantes de los sindicatos agrarios, una persona de las asociaciones de consumidores, un representante de Kontsumobide, dos personas de las asociaciones de productores, dos delegados de la industria agroalimentaria, dos personas del sector pesquero y un representante del sector de la distribución.

El decreto también recoge una suerte de código ético para el sector, aunque la adhesión a él es “voluntaria”. Como ventaja, se ofrece a las empresas formar parte de un registro de “buenas prácticas” y poder publicitar un sello haciendo gala de ello. Los firmantes se comprometerán a llevar a cabo prácticas “justas, equilibradas y leales” en el mercado. Se trata de “mejorar la transparencia en las relaciones comerciales” y de que los consumidores están más y mejor informados. Es “un marco necesario, también en Euskadi, dada la consideración estratégica del sector agroalimentario vasco, y su propia vulnerabilidad estructural especialmente en los primeros eslabones de la cadena, donde la diversidad y heterogeneidad del sector agrario, su atomización y escasa concentración, y su relación con estructuras comerciales rígidas hacen que no se garanticen en todo momento los equilibrios necesarios entre el conjunto de agentes. En un contexto general cada vez más globalizado, se está reforzando una tendencia, ya iniciada tiempo atrás, de continuo incremento de los costes de producción, especialmente en los insumos agrarios -principalmente la alimentación animal y la energía-, lo que sitúa al sector primario en una situación de especial vulnerabilidad, con mayor dependencia de coyunturas y reajustes que otros sectores y las entidades operadoras de la cadena”, abunda el Ejecutivo, que afirma haber compartido el contenido del decreto con las diputaciones, con las organizaciones profesionales y con asociaciones del sector.