La oposición llevará a la Fiscalía nuevas contrataciones del Ayuntamiento de Barakaldo

La coalición Elkarrekin de Barakaldo, compuesta por Podemos, IU, Equo e independientes, ha vuelto a cuestionar este viernes la gestión económica municipal de la alcaldesa del PNV, Amaia del Campo, que gobierna en coalición con el PSE-EE. La formación ha anunciado que trasladará a la Fiscalía que se ha contratado en “al menos catorce ocasiones” con un mismo empresario y que en algunos casos esas adjudicaciones han sido directas, sin concurso, aunque camufladas con supuestas ofertas diferentes en las que, en realidad, competían entre sí diferentes marcas del mismo grupo. Las facturas ascienden a unos 131.000 euros. Ésta no es una práctica inhabitual en la Administración.

La denuncia se fundamenta en unos datos aportados por 'Barakaldo Digital' que apuntan a la que la sociedad municipal Barakaldo Kirolak habría contratado desde marzo de 2019 a las firmas Servicios Integrales Portu, Tekner Bilbao System y MK26 Service, que estarían interrelacionadas entre sí. “Los contratos se han formalizado a través de la figura de la contratación directa o contrato menor. Todos en la presente legislatura en la que Barakaldo Kirolak ha tenido dos gerencias distintas y se encuentra en la actualidad en el proceso de contratación de una tercera. En estas adjudicaciones, o bien el organismo autónomo ha adjudicado directamente o bien ha pedido ofertas a varias firmas del mismo empresario, mientras que la tercera invitada es una compañía con sede en Santurtzi cuyas últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil son de 2017”, ha informado la coalición este viernes. Y añade: “Nos encontramos con el repetido uso de contratos menores por parte del Ayuntamiento o incluso en el mismo Barakaldo Kirolak que entre 2020 y 2022 ha hecho 157 contratos menores, algo que el personal técnico ha recriminado en sus informes en innumerables ocasiones y que ha pasado tanto con uno como con otro partido del equipo de Gobierno que ha llegado a la Alcaldía”.

Se da la circunstancia de que esta semana ha trascendido que la Intervención ha emitido varios informes de reparo contra las adjudicaciones directas del Ayuntamiento a tres bufetes de abogados, ACIES, Iparbilbao y Cuatrecasas, unas facturas que ascienden a unos 115.000 euros. En una posterior rueda de prensa, ediles de la coalición de izquierda elevaron las posibles irregularidades a 300.000 euros sumadas otras contrataciones y también los datos de las sociedades públicas. Los informes internos alertan de que son ya años en que se están sucediendo estas anomalías y en que el Gobierno local no atiende a las advertencias. Fuentes municipales explicaron a este periódico, por el contrario, que las adjudicaciones se realizaron en el marco de la legalidad. Barakaldo es el cuarto municipio en población de Euskadi, el primero después de las capitales.

Un informe interno “recomienda” más comprobaciones

Un informe de la secretaría general sobre estas adjudicaciones señala que “en relación con el análisis de los contratos relacionados en la noticia [de Barakaldo Digitial] de cuantía superior a 6.000 euros, sólo en dos ocasiones, al solicitar tres presupuestos, se incluye a dos de las empresas de referencia”. Es la “resolución de 3 de marzo de 2022 que otorga a Lurzorua Construcciones XXI, SL un contrato por 38.111 euros y ”dos de los tres presupuestos se solicitan a Servicios Integrales Portu SL y MK26 Service, SL“, por lo que ”habría de considerar si realmente los tres presupuestos solicitados serían válidos“ aunque en este caso el beneficiario no sería el empresario denunciado por Elkarrekin Barakaldo. Asimismo, se apunta a la ”resolución de 23 de febrero de 2022“ que ”adjudica un contrato a Tekner Bilbao System SL por 8.234 euros“ y en el que ”dos de las empresas a las que solicita presupuesto son Tekner Bilbao System, SL y Servicios Integrales Portu, SL.“. ”Únicamente en estos dos casos se podría haber incurrido en incumplimiento de la normativa interna en lo que se refiere a la solicitud de tres presupuestos en caso de que las tres empresas fueran efectivamente una o tuvieran una vinculación que impidiera la consideración de sus ofertas como válidas a estos efectos. En el resto de los casos, se constata la solicitud de presupuestos a empresas en las que no coincide ninguna de las tres empresas a la vez“, se lee en este documento, firmado el 11 de mayo.

Su conclusión es la siguiente: “Sería recomendable la comprobación de la composición societaria y de administración social de las empresas con las que se contrata de forma habitual, así como en caso de inicios de vinculación, solicitar información al respecto, en orden a comprobar la veracidad e independencia de las ofertas de las entidades susceptibles de tener vinculación, y buscar una alternativa solicitando ofertas a otras empresas. Por último, y a los efectos de evitar la posibilidad de colusión en contratos repetitivos de reparación y suministro esencialmente, así como el eventual fraccionamiento del objeto contractual es conveniente acudir a procedimientos de licitación abiertos”.

Se alude igualmente a que, en líneas generales, se produce un cumplimiento “formal” de la legalidad. Pero eso no es sinónimo de cumplimiento material de la legalidad. “Así, es probable que, vista la composición de los órganos de administración de las empresas Servicios Integrales Portu, SL; Tekner Bilbao System, SL y MK26 Service, SL, tengan alguna vinculación, o que, al menos, dentro de un procedimiento de contratación pública, puedan llegar a tener conocimiento, con anterioridad a la apertura de la licitación, las ofertas que realice cada una de ellas. Resulta revelador el hecho de que en el ejercicio 2022, se produzca la adjudicación, por los servicios municipales, de un contrato la empresa MK26 Service, SL, pues había sido creada un mes antes”, se incide.

Todo es legal y, de haber problemas es responsabilidad de los funcionarios

El Gobierno ha emitido un comunicado a la luz de los hechos en el que concluye que se ha preservado la legalidad en todo momento y apunta a que, de haber anomalías, serían de responsabilidad de los funcionarios y no de los políticos. “Tras analizar los expedientes, la investigación deduce que no se ha incurrido en ninguna irregularidad, por lo que no procede la exigencia de responsabilidad a ninguno de los técnicos que han participado en estos procesos. Si bien, el informe destaca que en dos contrataciones el personal técnico no ha cumplido el procedimiento interno establecido por el propio Ayuntamiento (no por la ley). Y es que la legislación establece que para contrataciones menores a los 14.000 euros no es necesario pedir más que una oferta; sin embargo, el Ayuntamiento de Barakaldo, para garantizar la mayor transparencia y concurrencia pública posible en las contrataciones, determina que en contrataciones de entre 6.000 y 14.000 euros se pidan tres ofertas”, indican desde Alcaldía.

Sobre los funcionarios, el equipo de Del Campo añade también: “Ésta no es la primera ocasión en la que Amaia del Campo inicia una investigación de este tipo. En 2015, se puso en marcha una comisión de investigación para esclarecer las sospechas de que un técnico municipal estaba adjudicando contratos a la empresa de un familiar. Finalmente se demostró que las sospechas eran ciertas y el técnico fue condenado sin empleo y sueldo. Desde Alcaldía se confirma que esta será la manera de proceder en todas las situaciones de este tipo”. “El equipo de Gobierno trabaja con la máxima transparencia. [...] Es lamentable que algunos se queden con la verdad a medias, y que sólo hagan uso de los reparos y obvien esos informes técnicos que avalan legalmente esas contrataciones. Usar verdades a medias es mentir a los vecinos de Barakaldo”, entienden desde el Ayuntamiento.