El PP denuncia que el PNV favoreció a una sociedad afín en Álava hasta el último día de su mandato
El PP ha decidido elevar la presión política contra el PNV de Álava por el ‘caso DenokInn’, la investigación abierta en un juzgado de Vitoria contra varios excargos de la Diputación durante la etapa del nacionalista Xabier Agirre (2007-2011) por la concesión ‘a dedo’ de un convenio valorado en 337.000 euros (125.000 de los cuales no estarían justificados) a la entidad “sin ánimo de lucro” DenokInn, vinculada al PNV, dedicada a la I+D y que figura en las investigaciones del ‘caso Hiriko’. Según ha denunciado hoy el líder de los ‘populares’ alaveses, Javier de Andrés, el Ejecutivo de Agirre autorizó ya en funciones el pago de 57.000 euros “adicionales o complementarios” al convenio inicial, fijado en 280.000 euros, y la factura fue girada el mismo día que en las Juntas Generales el propio De Andrés era investido diputado general en sustitución de Agirre, el 7 de julio de 2011.
El ‘caso DenokInn’, según informó ‘El Mundo’, tuvo su origen en la auditoría ordinaria anual que corre a cargo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Al hallar anomalías contables en el convenio con la entidad dirigida entonces por el exviceconsejero del PNV Luis Miguel Macías, remitió el expediente al Tribunal de Cuentas del Estado, con competencia jurisdiccional. Sin embargo, se apreció que había algo más que irregularidades contables y el asunto acabó en la Fiscalía de Álava por un presunto delito de malversación de caudales e incluso de estafa. Están imputados la que fuera diputada de Promoción Económica con Agirre, Arantza Zenarruzabeitia, y otro cargo de su oficina, Hernando Lacalle, en la pasada legislatura (y todavía en funciones) director de Presupuestos en el Gobierno de Iñigo Urkullu. Declararon en el juzgado durante la pasada primavera.
El PP pone encima de la mesa otro nombre, el de la gerente de la sociedad pública Álava Agencia de Desarrollo, dependiente de la cartera de Zenarruzabeitia y gestora del convenio con DenokInn dentro de un proyecto más amplio de I+D llamado ‘Deika’. La actual edil del PNV en Vitoria, que no está procesada en este caso, deberá comparecer en las Juntas Generales alavesas a instancias del PP, según ha informado De Andrés.
337.000 euros, 125.000 no justificados
Revisado el expediente de contratación de DenokInn, el PP ha denunciado que en plena campaña electoral de 2011, el Ejecutivo del PNV autorizara una ampliación del pago a la entidad de Macías. Fueron adjudicados 57.000 euros adicionales a los 280.000 firmados en un primer momento, en 2010. En total, 337.000 euros. Además, DenokInn envió la factura para su cobro el mismo día que Álava cambiaba de Gobierno, el 7 de julio de 2011. Gonzalo, con Zenarruzabeitia ya cesada y De Andrés recién llegado a la Diputación, autorizó el abono de esa cantidad unos días después sin informar, a tenor de la denuncia realizada hoy por el PP, a ningún superior en la institución.
El problema del acuerdo con DenokInn es doble. Por un lado, su adjudicación directa contravino la normativa foral, según un primer informe de la Fiscalía. Es posible saltarse el concurso público y el estudio de ofertas, pero siempre con un visto bueno de Juntas Generales que no sólo no se logró sino que ni siquiera se solicitó. Por otro lado, de los 337.000 euros abonados no constan justificaciones para 125.000 de ellos, más de un tercio del pago total. Buena parte de ese dinero público alavés, de hecho, apareció invertido en un proyecto de innovación que DenokInn desarrollaba en Santurtzi (Bizkaia).
De Andrés ha afeado a la teniente de diputada general actual, Pilar García de Salazar, que asegurara en su día que DenokInn sí había cumplido los términos del convenio y que había justificación documental de su labor. El dirigente del PP ha hecho pública una respuesta escrita reciente de García de Salazar en la que asegura no poder remitir a las Juntas Generales documentación sobre el convenio porque “no se encuentra en poder de la Diputación ni de la sociedad Álava Agencia de Desarrollo”. “Están manteniendo una posición obstruccionista en un asunto que despierta tantas sospechas”, ha remachado De Andrés.
