La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido que el fallecimiento de un trabajador de La Naval fue derivado de una enfermedad profesional causada por el amianto y ha revocado la sentencia dictada del Juzgado de Social número 6 de Bilbao, que desestimó la demanda por entender que la causa de la muerte fue la infección por la COVID-19, según ha informado la fundación Bidelagun, impulsada por ELA. En un comunicado, Bidelagun ha afirmado que el trabajador, que había trabajado en los astilleros de la Naval en contacto con fibras de amianto, “presentaba placas pleurales calcificadas en ambas bases con disnea, bronquiectasias de predominio en bases y neumopatía intersticial y había tenido ingresos hospitalarios por reagudizaciones de la patología respiratoria”. En agosto del 2021, el trabajador falleció por insuficiencia respiratoria tras contagiarse de la COVID-19.
La sentencia de la Sala reconoce que el trabajador padecía un enfermedad profesional “ya que sufría de una afección fibrosante de la pleura con restricción respiratoria provocada por amianto” y considera que, aunque el trabajador falleciera con COVID-19, e incluso se asuma que esa fue la causa inmediata del óbito, no implica que deba rechazarse la conexión causal con la enfermedad profesional“.
Según Bidelagun, la sentencia asegura que queda “acreditado que el trabajador padecía una enfermedad profesional de índole respiratorio y falleció precisamente de una neumonía respiratoria”, por lo que “alguna intervención debió tener esa enfermedad en el fallecimiento”.
Además, la resolución establece que “no es el trabajador -en este caso su viuda- quien tiene la carga de acreditar la relación de su patología respiratoria con el fallecimiento”, sino que “es quien lo niegue el que tiene que acreditar que la enfermedad derivada de amianto nada tuvo que ver con el desenlace”.
Bidelagun ha celebrado la sentencia y ha recordado que las víctimas de amianto, al sufrir patologías respiratorias, “han sido personas vulnerables durante la pandemia de la COVID-19”. También ha destacado que estas enfermedades profesionales derivadas del contacto con amianto “son un fenómeno creciente y de dimensiones casi pandémicas”, debido a “un insuficiente control público” y a “la falta más absoluta de medidas de seguridad por parte de las empresas durante el pasado siglo XX”.
Bidelagun y ELA han exigido a las instituciones públicas “que asignen los recursos suficientes para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de la clase trabajadora”. “En concreto, de las víctimas de amianto que siguen esperando el Reglamento de desarrollo del Fondo de Compensación el cual debía ya haber sido aprobado el 20 de enero y sin el cual las víctimas no pueden acceder a las indemnizaciones contempladas en dicho Fondo”, han concluido.
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