La residencia de Vitoria que tenía a una trabajadora positiva trabajando incumplió el protocolo sanitario y de su mutua

La residencia Agure Arkaiate de Vitoria, en la que los inspectores de la Diputación detectaron a una cuidadora con positivo confirmado en COVID-19 trabajando en pleno brote a pesar de que la visita no fue por sorpresa, incumplió con esta gerocultora los protocolos tanto del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como de la mutua que tiene asignada (IMQ). A pesar de ello, los gestores de este pequeño centro privado siguen defendiendo que se hicieron las cosas bien entre septiembre y octubre, cuando se contagiaron 12 de los 14 usuarios. Antes, en la primera ola, murió otro interno.

El centro alega que no tiene responsabilidad alguna dado que la confirmación del contagio fue sobrevenida. Insiste en que la empleada recibió la noticia mientras estaba atendiendo a los mayores. Añade que, una vez recibido el diagnóstico, fue relevada por otra compañera. Sin embargo, esta trabajadora se realizó la prueba PCR en la jornada anterior al ser contacto estrecho de las personas internas y empleadas que ya habían dado positivo en días previos.

Fuentes tanto sanitarias como de IMQ han remarcado que cualquier persona que sea contacto estrecho tiene que aislarse desde que tenga constancia de esa circunstancia y, desde luego, en el período entre la toma de muestras y la confirmación del diagnóstico por un principio básico de prudencia. Esta empleada contagiada estuvo trabajando cinco horas desde el inicio de su turno hasta la llegada de la inspección. La residencia alega que solamente interactuó con internos contagiados y no con los dos sanos.

Preguntada por este periódico, Agure Arkaiate no precisa si hay más casos similares de personal operativo desde la realización de la prueba hasta la confirmación de resultados y tampoco si la persona sustituta superó una prueba de COVID-19 antes de incorporarse, como dictan los protocolos en las residencias vascas. En un correo electrónico enviado a las familias de los usuarios tras publicar este periódico el informe de los inspectores de la Diputación de Álava sobre Agure Arkaiate, la gerencia se limitar a remarcar que todos los datos que se recogen son falsos.

La inspección, en cambio, vincula estos hechos a la escasez de plantilla: “El mayor problema que tienen en este momento es la falta de personal. Han hecho entrevistas pero se ha rechazado la oferta al saber que es un centro con positivos. De hecho, en el momento de las visitas, una de las trabajadoras que ha dado positivo y está asintomática se encuentra trabajando en la planta de positivos ya que no tienen personal para atender a estos usuarios”. Agure Arkaiate contrargumenta que el informe está mal redactado y que de ahí derivan interpretaciones equivocadas.

En todo caso, lo que se acordó fue derivar a 10 de los infectados a una residencia pública (Zadorra) para garantizar su correcto aislamiento. Los otros dos estaban hospitalizados. La Diputación facturó a Agure Arkaiate 50 euros por persona y día por esa estancia, que es menos de lo que este centro cobra a las familias. No se descontó ninguna cantidad a pesar de ello. Antes, en la primera ola, el centro también sugirió a las familias que se llevaran a sus mayores a casa por mayor seguridad sin plantear un descuento en las cuotas.

Según ha informado la Diputación a las Juntas Generales en respuesta a una pregunta de la representante de EH Bildu Claudia Venceslao, en noviembre y diciembre se han hecho en Álava 45 inspecciones en 37 residencias y viviendas comunitarias privadas. La que más ha tenido (con cuatro) ha sido el centro San Francisco Javier de Arróyabe, en el municipio de Arrazua-Ubarrundia. De ellas se derivaron propuestas de sanción de hasta 660.000 euros por incumplir los protocolos de prevención de la COVID-19 y, especialmente, por atar irregularmente a algunos internos. Los dueños ya han adelantado su intención de clausurar la residencia. En enero también se siguen realizando controles en Álava, algunos de ellos por sorpresa.