Los sindicatos convocan tres días de huelga en la sanidad vasca para que la ciudadanía tenga “una atención de calidad”

Los sindicatos de Osakidetza han convocado tres jornadas de huelga en toda la red sanitaria ante la deficiencias de la sanidad pública en Euskadi y a la falta de personal, que a pesar de que “ni han nacido con el virus ni van a desaparecer si no se adoptan soluciones estructurales y de calado”, “se han visto agravadas por la actual crisis sanitaria”, según han denunciado. Cada una de las movilizaciones se desarrollará en un territorio y día diferente: el 29 de octubre la huelga se celebrará en los centros de trabajo de Alava, el 5 de noviembre en los de Gipuzkoa y el 12 de noviembre en Bizkaia.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en Bilbao, los sindicatos convocantes, SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT, ESK, SAE y UTESE han anunciado que, ante la falta de respuesta del departamento vasco de Salud, no les queda “otro camino que el de la movilización”, por lo que la única opción que ven es “recurrir a la huelga”.

“Esperamos en su momento a la finalización del estado de alarma para iniciar las movilizaciones en el mes de junio. Hemos esperado a que mejorara la situación de la segunda ola para retomar las movilizaciones en el mes de septiembre. Sería irresponsable como representantes de la plantilla no hacer ver a la sociedad la situación que sufrimos y que nos sobran razones para movilizarnos porque no existen soluciones encima de la mesa a todos estos graves problemas que estamos denunciando, que duran meses y que la plantilla ya no puede más. El afrontamiento de esta crisis se está haciendo a expensas de las personas trabajadoras. Vamos a estar atentas a la situación epidemiológica y en caso necesario atrasaríamos las convocatorias de huelga, pero también lo hacemos por la ciudadanía, para que tengan una atención de calidad y sean atendidos de una manera segura”, ha explicado Amaia Mayor, representante del sindicato SATSE.

Entre las reclamaciones de los sindicatos, la más urgente, según han recalcado, es la de un aumento de la plantilla más allá de los 4.000 puestos de trabajo que anunció el Gobierno vasco. “Sería necesario que esas 4.000 plazas fueran de nueva creación, no de cobertura de las vacantes que puedan surgir dentro de la plantilla. Necesitaríamos cubrir las vacantes y crear al menos 4.000 puestos de trabajo más, pero estamos hablando de que Osakidetza soporta todos los meses una tasa de temporalidad media de 10.000 personas, con lo cual entendiendo que la creación de empleo no puede ser inmediata, pero sí que debe de haber un planteamiento de calado a futuro para poder plantear esos puestos de trabajo”, ha apuntado Mayor.

La portavoz de SATSE, además, han recordado que la OPE que se está resolviendo en estos momentos es la del año 2016-2017. “Ni siquiera se ha convocado la tasa de reposición de 2018, de 2019 y ni de 2020 que estamos a punto de terminar. Otro de los grandes problemas que tenemos en Osakidetza es que las OPE desde que se inician hasta que terminan pasan al menos dos años o tres como estamos teniendo en las últimas”.

En este sentido, Esther Saavedra, representante de ELA, ha querido diferenciar dos problemáticas: “Por un lado está la tasa de temporalidad, que tenemos más de 15.000 trabajadores con un contrato temporal y, por el otro, los empleos ocultos en fraude y la necesidad de ampliar plantilla. En la plantilla estructural de Osakidetza, hay 15.000 contratos temporales, de esos 15.000, unos 5.000 tienen un contrato eventual de larga duración, están de manera estable con ese contrato precario, pero no están escritos en un código de plaza. Hay que crear formalmente esas 4.000 o 5.000 plazas. Por otra parte está la necesidad de estabilizar plantilla, hay gente que lleva más de 15 años temporal, hoy aquí, mañana allí”, ha manifestado.

Además de estas necesidades, han reclamado “una partida presupuestaria para la sanidad pública que se equipare a la media de la UE”, con un 25% destinado a la Atención Primaria. “La reversión de todos los recortes”, con “la recuperación del poder adquisitivo, Itzarri, desarrollo profesional, primas de jubilación anticipada y negociación de un nuevo acuerdo regulador caducado desde el 2009” y la reversión de “los servicios privatizados con el mantenimiento del empleo”.

Por último, debido a la pandemia, pero también para que se pueda desarrollar su labor diaria, han exigido una serie de medidas para garantizar la salud y la seguridad de la plantilla, como material de protección “suficiente y adecuado” para todas las categorías, valoración de los riesgos laborales en los distintos niveles asistenciales y adopción de medidas preventivas y de protección, además de evaluación de riesgos psicosociales, “incluyendo los derivados de las cargas de trabajo”, y la adopción de medidas correctoras.