Los tiempos líquidos de la Justicia en el 'caso De Miguel': cuando diez días son siete meses y 72 horas ocho días

En el 'caso De Miguel', la trama de corrupción surgida en 2005, investigada desde 2009, conocida en 2010, instruida desde 2015, juzgada en 2018, resuelta en primera instancia en 2019 y finiquitada por el Tribunal Supremo en 2023, los plazos son elefantiásicos. Tan es así que las 72 horas que la Audiencia Provincial de Álava concedió el pasado lunes, 30 de octubre, para que el último de los condenados con pena de cárcel ingresara efectivamente en prisión aún no sea han cumplido ocho días después.

Aitor Tellería, exdirigente del PNV, exconcejal en Vitoria y exjuntero en Álava pendiente de cumplir una pena de seis años por formar parte de una asociación ilícita para el cobro de comisiones y la manipulación de contratos públicos, continúa en libertad. De hecho, este lunes fuentes judiciales indicaban que ni siquiera había recibido la notificación personal de lo que los medios de comunicación publicaron una semana atrás. “Estará al caer”, era la reflexión precisa sobre este trámite.

Tellería, como el resto, vio refrendada su condena en enero de 2023. Pero hasta marzo no fue firme la pena, de exactamente seis años, un mes y quince días de cárcel de cumplimiento íntegro, en principio. El 30 de marzo, se comunicó que tenía “diez días” para ingresar en un centro penitenciario de su elección. Haciendo el recuento prudente, con días hábiles y no naturales y teniendo en cuenta todos los festivos, se llegó a publicar que tendría que empezar a cumplir la condena el 19 de abril.

Son cuatro los excargos del PNV de entre la docena de condenados que no han podido suspender la pena de prisión. El primero en entrar en Zaballa, a las afueras de Vitoria, fue Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud. Lo hizo en mayo, en la campaña de las elecciones municipales y forales. Después, en julio, coincidiendo con otro período electoral, en este caso el de las generales, accedieron al mismo centro penitenciario alavés Koldo Ochandiano y Alfredo de Miguel, ambos exdirigentes del Araba Buru Batzar y socios junto con Tellería en la empresa pantalla Kataia Consulting.

Si Ochandiano y De Miguel exprimieron todos los recursos posibles para retrasar el momento de ir a la cárcel, Tellería lo ha hecho aún más. Alegó problemas de salud. En un inicio se le admitieron pero, tras un recurso de la Fiscalía, finalmente se determinó que son compatibles con su estancia entre rejas. Así las cosas, el 29 de septiembre volvió a recibir la comunicación de que tenía “diez días” para cumplir. El reloj se volvió a parar por un último recurso de “súplica” apelando a razones “humanitarias” y así se llegó al 30 de octubre, siete meses después de la primera notificación. Pero no está claro ni siquiera que haya empezado esa cuenta atrás de 72 horas.

Asimismo, Tellería, como De Miguel y Ochandiano, tienen pendiente que el Gobierno de España analice sus peticiones de indultos políticos. Son parciales, aunque suficientes para lograr una suspensión de la pena de prisión. Aunque es una medida de gracia que compete al poder ejecutivo, la Audiencia Provincial de Álava ha estimado que no procede no ir cumpliendo la pena mientras se tramita. Y ha alegado dos motivos: la gravedad de la trama corrupta y la escasa prosperabilidad de las peticiones.