Las torturas a las víctimas de violencia policial en Euskadi: “Le colgaron de la ventana y apagaron cigarrillos en sus brazos”

“En una detención, ataron al detenido a una litera y fue golpeado con una especie de fusta o látigo que los propios guardias civiles denominaban 'picha de toro', hasta que ambas plantas de los pies terminaron completamente moradas. También relata que le introdujeron la cabeza en el váter, tirando de la bomba, que le colocaron una almohada en la cara y le pisaban hasta hacerle sangrar de la nariz, que le colgaron de una ventana, que le apagaron cigarrillos en los brazos, que le quemaron la oreja con una cerilla, que fue golpeado con los codos en la espalda, y que también recibió golpes con una barra de unos 15 centímetros de diámetro tanto en la espalda como en las nalgas, extremo que él asocia con una rotura de coxis. También recuerda la presencia, en las dependencias, de un perro grande al que llamaban Pelusa. Le daba más miedo que ellos todavía”.

El de arriba es uno de los testimonios reales de los primeros 35 casos de víctimas de violencia policial recogidos por la comisión de valoración para el reconocimiento de este colectivo de personas que sufrieron “vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política” al amparo de una ley aprobada en 2016 para el período entre 1978 y 1999 (en democracia) y de un decreto de 2012 para la dictadura. De los casos analizados, 55 en total, once de ellos fallecidos, cinco son de 1985 y dos de 1978 (no se concreta si antes de la promulgación de la Constitución) y el resto son de la dictadura o de la Transición. Serán homenajeadas este sábado y antes, este miércoles, se han presentado sus casos ante el Parlamento Vasco, algo que se hará anualmente a partir de ahora. En total, se han recibido ya 1.017 expedientes que están pendientes de análisis y resolución. Se propone que cada año se haga un acto similar en memoria de este colectivo.

Esta norma vino a complementar un marco jurídico que reconoce a las víctimas del terrorismo (de ETA –con 853 víctimas y 2.597 heridos– pero también del GAL y otros grupos) y a las de la Guerra Civil y la dictadura. Fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy al entender que ponía en cuestión la actuación policial al margen de sentencias judiciales o incluso con sentencias favorables a los denunciados por torturas y el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo con el de Iñigo Urkullu para limar los problemas jurídicos más polémicos. También recibió otros recursos de PP, Ciudadanos y sindicatos policiales que fueron decayendo. En Navarra está en vigor un texto similar.

Repiten los autores de la memoria anual en varios momentos que han detectado “patrones” de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. No detallan si el contexto cambió del paso de la dictadura a la democracia. Un ejemplo de esos episodios que se repetían: “muertes en controles de la Policía en que la víctima es ametrallada al paso del vehículo sin más aviso”. Otro: “Graves casos de tortura y malos tratos [...]: la bolsa, la bañera, golpes, el pato, la rueda, humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas a extender la acción a familiares, amigas, exposición a gritos de terceros reales o grabados”. Se alude a un “clima de arbitrariedad y control social mediante el terror y el abuso de autoridad”, particularmente en zonas de Bizkaia y se alude al caso de “una veintena de personas que fueron introducidas en un autobús de línea de madrugada para ser conducidas al cuartel de la Guardia Civil de Bermeo”. Una persona consta que fue “detenida y maltratada” hasta diez veces y hay más ejemplos con cinco arrestos.

Se destaca también el “componente añadido de humillación por razones de género” a mujeres. “Estaba agotada. Llevaba sin dormir ni comer tres días [...] y me condujeron a un cuarto donde me hicieron desnudarme completamente. Y empezaron a tocarme los pechos, a reírse de mí. Intenté cubrirme y me amenazaron para que no lo hiciera mientras me decían 'Pues vaya mierda de pechos', 'Quién se va a acostar contigo si no vales nada', 'Como mujer no vales nada', 'A ti quién te va a querer', ...”, se lee en uno de los testimonios. Y hay más: “En mis dos detenciones se repitieron insultos y amenazas machistas. 'Eres una puta terrorista que te has metido en ETA para follar'. Me abren los pantalones y me dicen que me van a violar y que me van a hacer un hijo policía”.

Me condujeron a un cuarto donde me hicieron desnudarme completamente. Y empezaron a tocarme los pechos, a reírse de mí. Intenté cubrirme y me amenazaron para que no lo hiciera mientras me decían 'Pues vaya mierda de pechos'

De 55 expedientes, 12 víctimas guardan relación con miembros de alguna de las facciones de ETA. En concreto, son tres de la organización antes de las escisiones, dos de ETA militar y otros tantos de la rama político-militar, uno de la sexta asamblea (LCR) y uno de la quinta asamblea, además de otras tres personas. Hay víctimas de CCOO, COA, ELA, PNV, LAIA, EMK, PCE o de las Juventudes Obreras Cristianas. Sin embargo, 26 no tenían afiliación política alguna. ¿Y los victimarios? En 33 casos fue la Guardia Civil, en 16 la Policía Armada (o la Policía Nacional si son más recientes), en cuatro ambos cuerpos y en dos casos o incontrolados o sin precisar.

La comisión de víctimas de violencia policial reseña también las dificultades que se está encontrando para encontrar información y documentos acreditativos de las vulneraciones denunciadas. Constata igualmente que existió en España otro “patrón”, el de la “frecuente” omisión del “deber de investigar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos”. Si hay investigación, era “superficial y desenfocada”. “La actitud de la Fiscalía y de la judicatura, connivente con el poder policial, no es la de velar por las garantías o la legalidad, aunque fuera la franquista, sino más bien la de convalidar actuaciones o simplemente dar curso a las detenciones, ordenar el envío a prisión aunque luego no hubiera causa alguna y siguieran sobreseimientos de las causas. La evidencia de malos tratos cuando comparecían ante el juez nunca llevaba a reprochar ese hecho”, critican con dureza.

Durante la presentación parlamentaria, llevada a cabo por Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa como presidenta y portavoz de la comisión de valoración, respectivamente, la coalición PP+Cs ha expuesto sus dudas sobre el terreno de “inseguridad jurídica” en el que se mueven estos expedientes por fijar “causantes” con “entrevistas”. “Están teniendo funciones cuasi jurisdiccionales”, ha enfatizado su portavoz, Carmelo Barrio. Al contrario, Balmaseda y Landa han defendido su función rigurosa y que no pretenden sustituir a los tribunales. Sí han planteado dos necesidades, la de ampliar el objeto y el período temporal para atender a más posibles víctimas y una “campaña específica” y “sostenida” en el tiempo para que cale en la sociedad la importancia del reconocimiento de todas las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos.