Trabajadores de justicia exigen al Gobierno vasco que reclame la competencia del Registro Civil
Más de medio centenar de trabajadores de justicia se han concentrado ante los juzgados de San Sebastián para protestar por las “intenciones” de privatizar el Registro Civil por parte del Ministerio de Justicia y han emplazado al Gobierno vasco, ante ese “afán de privatización” del Gobierno del PP, a que tenga una postura “clara y sin ambigüedades en defensa de este servicio público”. En este sentido, le han exigido que reclame la competencia del Registro Civil y así garantice el mantenimiento de los cerca de 300 puestos de trabajo del personal de la administración de justicia en Euskadi.
Los portavoces de la plataforma conformada en Gipuzkoa por los sindicatos ELA, LAB y CCOO, creen que, además del pronunciamiento en defensa de la prestación del servicio del Registro Civil que ha hecho el Parlamento vasco, “tienen que dar pasos más allá y no solo una mera presentación de intenciones”. Por ello, le han pedido que convoque a los sindicatos y les explique “qué quiere hacer con el Registro Civil, qué va a plantear ante el gobierno del PP en Madrid y en su caso qué solución va a dar para los puestos de trabajo afectados”.
Alex Agote de ELA asegura que “ante la tesitura de que se produzca una decisión en breve del Ministerio no vamos a cejar en todo tipo de concentraciones y actuaciones que estimemos prudentes”, ya que mucho se temen por diferentes propuestas y proyectos de ley que tiene encima de la mesa el Gobierno del PP “de que esto es la punta de lanza de más privatizaciones en justicia”. Agote apunta que también se está hablando de retirar competencias a los servicios comunes de notificaciones y embargos, que los hacen funcionarios de la administración de justicia, y pasarlos a procuradores. Además, ha denunciado que “se quieren cargar” los juzgados de paz que “históricamente han prestado un servicio público y cercano a los ciudadanos que viven en los pueblos pequeños”, por lo que “para un simple certificado de nacimiento, a alguien de Urretxu le van a hacer venir a San Sebastián, por ejemplo”.
Los portavoces sindicales han recordado que, aunque desde el Ministerio de Justicia afirman que no hay una decisión oficial tomada, todo indica que están en negociaciones con los Registros de la Propiedad para ver cómo se produce este traslado de competencias. Así, denuncian que “si bien afirman desde el Gobierno que son fedatarios públicos, lo cierto que es que tienen negocios privados con los que mueven mucho dinero”, por lo que sería “una privatización en toda regla de un servicio que ha sido desde hace muchísimos años público, gratuito y para los medios con los que ha contado la justicia históricamente de bastante calidad”. Finalmente, Agote no ha descartado ir “in crescendo” con las concentraciones porque “en función de lo que pueda venir del Ministerio habrá que tomar medidas más drásticas”.
