Treviño en “tierra de nadie”: el enclave burgalés en Álava reclama las medidas vascas frente las restricciones acordadas por Castilla y León

El enclave de Treviño, conformado por dos municipios que administrativamente pertenecen a la provincia de Burgos pero que están en el corazón geográfico de Álava, se siente “en tierra de nadie”. ¿Su toque de queda es a las 20.00 horas como en Castilla y León o a las 22.00 horas como en Euskadi? La última decisión de la Junta de Castilla y León de incluir a uno de los municipios en el listado en los que baja la persiana de la hostelería y el comercio ha de cerrar a las 18.00 horas por alta incidencia de la COVID-19 ha vuelto a reabrir el debate sobre la situación del enclave a pesar de que en el primer y en el segundo estado de alarma, a instancias del PNV, el Congreso acordó incluir una disposición para que los enclaves 'escalaran' y 'desescalaran' con la provincia que los circunda aunque sean de otra comunidad autónoma.

“Nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni por un lado ni por otro”, se resigna Enrique Barbadillo, alcalde de uno de los dos municipios, Condado de Treviño, de 1.300 habitantes. Barbadillo es del PNV y el alcalde del otro término municipal, La Puebla de Arganzón, es de EH Bildu, lo que da muestra del posicionamiento político de la mayoría de la población. Barbadillo asegura que nadie ha derogado la disposición sobre los enclaves del estado de alarma y que, aunque está de acuerdo en el cierre de la hostelería por precaución, entiende que el comercio ha de cerrar a las 21.00 horas, como en Vitoria. “Todo lo que sea movilidad, reuniones o velatorios, con la normativa del Gobierno vasco”, se ratifica Barbadillo, que cuenta que ha pedido incluso al Departamento de Salud vasco que incluya los dos municipios en el sistema automático de restricciones que cada lunes y jueves regula la apertura de la hostelería y las limitaciones en el deporte escolar y federado. Este mismo lunes Euskadi ha comunicado que cierra la hostelería y limita el deporte en otras 23 localidades con 160.000 habitantes.

Barbadillo ha plasmado su rebeldía en un bando. Y la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Ciudadanos, le ha contestado por carta. “La Junta ha indicado al regidor que los ciudadanos de Castilla y León están sujetos a las medidas del ámbito de la Salud Pública que acuerde la Junta de Castilla y León de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuya aplicación está en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas. Por esta razón son plenamente aplicables en todo el territorio de Castilla y León, incluidos sus enclaves territoriales, todas las medidas sanitarias excepcionales acordadas por la Junta de Castilla y León y las que sean susceptibles de aplicarse en el futuro”, ha explicado el Gobierno castellanoleonés en un comunicado en el que da a entender que sus competencias sanitarias están por encima del estado de alarma. En Euskadi, por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco prohibió las medidas limitativas de derechos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y consideró que impera el estado de alarma en todo caso.

Añade la Junta que “el Ayuntamiento no tiene competencia para decidir o interpretar qué normativa autonómica o estatal se aplica en su territorio, pudiendo esto provocar confusión en los vecinos de la localidad y pudiendo dar lugar a conductas ciudadanas que pueden ser objeto de sanción por la autoridad competente, con la posible exigencia de la correspondiente responsabilidad política y patrimonial a la autoridad que haya publicado dicha información errónea”. ¿Y qué opina quien aplica la normativa y pone las sanciones? Fuentes del cuartel de la Guardia Civil de La Puebla de Arganzón -que depende de la comandancia de Álava y no de la de Burgos- asumen que el marco normativo es confuso y que incluso podría darse el caso de que un municipio de los dos siguiese la regulación vasca y el otro tuviese que acatar las normativas castellanoleonés. “Pero en general la población se comporta muy bien”, indican desde este cuerpo quitando hierro a los posibles problemas si una persona de Treviño saliese a la calle a las 21.00 horas.

El origen de la situación de Condado de Treviño estriba en el brote aparecido en la residencia Sagrada Familia de Cucho, con más de 30 positivos. La tasa de incidencia, según datos del Sacyl, es de 1.760 casos por cada 100.000 habitantes en siete días y de más de 3.000 en 14. En Euskadi el nivel que se considera ya de alerta roja es a partir de 500. Barbadillo confía en que la situación mejore con la recuperación de los residentes -“la mayoría son asintomáticos”- porque en todo el condado no hay más de diez casos entre el resto de los vecinos. Castilla y León insiste en que “vela por la salud de los treviñeses” y ha explicado que parte de los usuarios y empleados de la residencia recibirán este martes la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y que “en próximas fechas” habrá un cribado diagnóstico en la localidad.

Barbadillo, en todo caso, entiende que este caso demuestra que Treviño requiere “una solución definitiva”. “Habrá que empezar a mover las cosas”, señala sobre una anexión que ya se ha activado en otras ocasiones sin éxito. El último intento fue una petición del Parlamento Vasco a las Cortes Generales en 2014. “Esto es lo que pasa históricamente en el enclave de Treviño: cuando hay una dificultad se aprecian las consecuencias que tenemos por estar en tierra de nadie. Cada vez que surge una cosa de estas tenemos la confrontación y los líos. La gente no sabe qué hacer”, concluye.