De yihadista a confidente: la absolución de un supuesto terrorista destapa la descoordinación entre Ertzaintza y Policía Nacional

“Juro por Dios que no soy terrorista. Soy antiterrorista. Lo juro por Dios”, gritaba I.B. al momento de ser detenido en diciembre de 2018 en su vivienda del barrio de Ariznabarra de Vitoria. Presidente de una asociación de argelinos en Euskadi y con 36 años entonces (39 ahora), un equipo de Intervención de la Policía Nacional, dotado con arietes y armas largas y muy protegido ante una posible respuesta violenta, irrumpió de noche en su vivienda. Una investigación previa de los servicios de Información lo consideraba un colaborador de la organización yihadista Daesh que actuaba como reclutador de jóvenes. Pasó a prisión preventiva y fue condenado por terrorismo por la Audiencia Nacional. Ahora, casi dos años y medio después, el Tribunal Supremo lo ha absuelto del delito de adoctrinamiento de terrorismo. Estima que no hay pruebas suficientes de que captara terroristas pero el elemento fundamental del caso es que, en realidad, era un confidente de la Ertzaintza.

En Euskadi, con un cierto nivel de radicalización yihadista aunque sin llevar a los episodios de otras zonas como Catalunya, se han desarrollado numerosas operaciones policiales y todos los cuerpos y servicios de Información -incluso extranjeros- tienen equipos estables para investigar tramas de captación y financiación. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ha habido desde 2012 21 operaciones y 26 arrestados. No ha sido infrecuente que en un operativo de calle una unidad camuflada pidiera datos sobre un vehículo sospechoso y que resultara ser una dotación de otro cuerpo. Pero ahora la descoordinación ha llegado a otro nivel. ¿Cuál es el papel de la mesa CITCO, que sienta a las fuerzas estatales y autonómicas desde hace años? Aunque no lo conociera de antes, ¿por qué la Ertzaintza no comunicó a la Policía Nacional después de que trascendiera públicamente el operativo que se había llevado a uno de los suyos? ¿Se ha frustrado alguna otra investigación en la que estaban implicadas las partes? ¿Todas las acciones de I.B. formaban parte de su trabajo para la Ertzaintza? Son preguntas que quedarán para siempre sin respuesta, aunque lo cierto es la comisaría-jefe de la unidad antiterrorista de la Policía vasca dio la cara por el detenido en el juicio y el Supremo alega como uno de los motivos claros para la anulación de la condena que la posibilidad de que los movimientos de I.B. fuesen en verdad los de un confidente que buscara sacar información “contra el yihadismo” no habían sido debidamente considerados. En la Audiencia Nacional, alegó que todo lo hizo para comunicárselo después a un “inspector” de la Ertzaintza que se esconde tras la identidad falsa de “Ángel Jesús”, aunque también es cierto que hizo caso omiso a las recomendaciones de sus enlaces ertzainas para que dejara lo que se traía entre manos.

Este caso surge como derivada de otra operación secreta iniciada en 2016 por la Policía Nacional. El agente encubierto AE27161 -de cuya verdadera identidad hay muy poca información más allá de que está destinado en la Brigada de Información de San Sebastián- se hizo pasar en Internet por una joven llamada Amira Chafchaf, de solamente 19 años y residente en Granada. En Google es fácil encontrar que esta 'chica' frustró un atentado masivo en la Puerta del Sol de Madrid meses después de los ataques de Barcelona y Cambrils. Esta identidad encubierta está regulada por ley y, en este caso concreto, recibió la autorización judicial pertinente. Lo llamativo es que, en Facebook Messenger, es Amira la que recibió un mensaje de I.B., ya que éste era un viejo conocido del cuerpo por sus problemas con la brigada de Extranjería. Estuvieron hablando desde el 22 de abril hasta el 17 de diciembre de 2018, el día de la detención. Por indicación del ahora absuelto, fueron cambiando a canales más seguros: de Facebook fueron a WhatsApp, de allí a Viber y finalmente a un canal solamente accesible para las partes con un código QR.

-¿Eres buena musulmana?-preguntó I.B.

Amira le dijo que dudaba. Una amiga -le explicó- había viajado a Siria a la 'guerra santa' y estaba pensando o en acompañarla o en ayudarla con dinero. Su interlocutor la disuadió. Como alternativa, le planteó que ayudara a sus “hermanos” formándose en tareas logísticas como el marketing, los idiomas o la comunicación. Le propuso ser camello para llevar cosas de punto a punto. Le enseñó una 'web' de contenido yihadista llamada Ansar al-Khalifa Europe y le dio un listado con una docena de 'sabios' salafistas para que se impregnara de su doctrina. I.B. insistía -en su calidad de experto en telecomunicaciones- en la importancia de borrar siempre el contenido de las conversaciones. “Internet está muy controlada”. le dijo. Al final, I.B. propuso a Amira que viajara de Granada a Vitoria y que se casara con él. Tenía una pareja desde 2003 pero rompió con ella ese mismo 2018. Pedirían la renta de garantía de ingresos del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y tendrán una “pensión” de 1.100 euros mientras se podían seguir instruyendo.

El 17 de diciembre de 2018, la irrupción del equipo de intervención de la Policía Nacional puso fin a la operación. En el registro de la vivienda tenía un curso de marketing, “manuales sobre circuitos eléctricos” y “redes informáticas” para “dotarse de seguridad” en las comunicaciones y enlaces a tutoriales para la eliminación definitiva de rastros informáticos. Los agentes no pudieron acceder a su terminal de telefonía móvil -tenía más aparatos de prepago- y refirieron que estaba muy poco colaborativo e incluso burlón. Según la Audiencia Nacional, todos esos elementos eran suficientes para probar que el acusado estaba radicalizado y buscaba reclutar a Amira. Según el Tribunal Supremo, en cambio, “lejos de animar a quien ya ha exteriorizado su decidida voluntad de trasladarse a Siria o de colaborar económicamente con quien había emprendido la marcha” plantea un 'plan B' “incierto y dilatado” que frustra la acción terrorista inmediata.

Pero toca explicar su captación por parte de la Ertzaintza y su relación con la Policía Nacional, que viene de lejos. En un contexto de escalada de la amenaza yihadista en Europa y tras el final de ETA, el Departamento de Seguridad de Estefanía Beltrán de Heredia reformuló los servicios de Información de la Policía autonómica. Antes conocidos como AVCS, UIA o DAI, ahora son OCI, las siglas de Oficina Central de Inteligencia. Y están mucho más enfocados en las nuevas amenazas. Una de sus estrategias fue iniciar una ronda en mezquitas de todo el territorio para darse a conocer en charlas públicas y, si se terciaba, captar confidentes. Este periódico asistió a una de ellas en la primavera de 2017. Unos meses después, al final del verano, hubo otra en un centro salafista de Vitoria. Para ponerlo en contexto, apenas habían pasado unos días de los atentados en Catalunya.

En un informe de la OCI consta así lo ocurrido: “Dos agentes adscritos a la OCI impartieron una de estas charlas en la mezquita T. de Vitoria-Gasteiz y, en el turno de preguntas, uno de los fieles se puso en pie junto a los agentes de la Ertzaintza, hablando al resto de fieles sobre algún problema que había tenido con la Policía [Nacional], todo ello de manera muy alterada (gritando y realizando aspavientos), mientras sacaba varios documentos de una mochila. Los ertzainas se acercaron a quien resultó ser I.B. para preguntarle por el problema expuesto, relatando a los agentes que desde hacía unos meses, la Policía Nacional le estaba presionando para que trabajara como confidente, dado que era presidente de una asociación de ciudadanos argelinos y además era afín a la mezquita salafista de Vitoria-Gasteiz”. I.B. contó que sentía que querían captarlo bajo la amenaza de echarlo de España y relató que dos agentes nacionales habían estado en su casa amenazantes y que los tuvo que expulsar “con un cuchillo”. También que le cerraron un ultramarinos y que, al poco de producirse el atentado de Las Ramblas, fue reducido en un bar de la calle de Los Herrán por una patrulla mixta de la Policía Nacional y de la Policía Local. “Según él, el grado de brutalidad utilizado fue tal que tuvo que ser trasladado al hospital para ser tratado de sus lesiones”, se puede leer en los informes de la Ertzaintza, que desliza que la Policía Nacional controlaba sus visitas a las mezquitas. Agentes de este cuerpo han confirmado durante la investigación que le hacían seguimientos antes de que empezara su 'relación' con Amira y también han destacado de él que aplicaba técnicas de contravigilancia.

A las 24 horas de empezar la charla con Amira, I.B. giró la tarjeta con el logotipo de la Ertzaintza que le habían entregado el año anterior. En el envés había una dirección de correo electrónico. Pidió una cita con sus enlaces en la OCI. Les explicó que un amigo donostiarra, vicepresidente de su asociación, había sido contactado por la 'joven' granadina, en cuyo perfil había ostentación de sus simpatías hacia el Estado Islámico. Solamente el 11 de mayo les explicó por 'email' que él mismo le había escrito y animaba a la Ertzaintza a seguir combatiendo la radicalización. “El día 30/05/2018, desde la Oficina Central de Inteligencia se envió un correo electrónico a I.B. -última comunicación mantenida con esta persona-, agradeciéndole su colaboración y recomendándole tanto a él como a [vicepresidente] que cesaran el contacto establecido con Amira. Dicha recomendación se llevó a cabo tras comprobar que existían tres perfiles en la red social Facebook con el nombre de Amira, creados por la misma persona y con una filiación ficticia, y que tras un análisis preliminar se sospechaba que detrás de los mismos pudiera encontrarse en realidad alguna persona o entidad, ajena a la mujer por la que se estarían haciendo pasar, y con una finalidad o interés totalmente diferente a la que aparentaba tener, sin conexión con actividad terrorista alguna. En definitiva, un perfil falso”, escribe la Ertzaintza, que asegura no tener registros de cómo continuaron las cosas desde entonces hasta la detención, casi en Navidad de ese año. Fueron siete meses en los que I.B. no atendió lo que le pidió el cuerpo para el que colaboraba.

Para enredar la historia, en 2020 apareció un “testigo protegido” aportado por la Policía Nacional. Contó que le había contactado desde Lyon S.B., hermano de I.B. Le envió un WhatsApp en grafía árabe con el siguiente contenido: “Hola, hermano Kadur. ¿Qué tal estás? Soy el S., de Francia, hermano de I. Eres un chivato... Eres culpable de que mi hermano esté en la cárcel. Conozco gente en Vitoria y van a ir a por él. Me estás causando problemas, Kadur. La Ertzaintza sabe que has sido tú. La Embajada sabe que has sido tú y todos saben que fuiste tú. Tú no te metas y no me agraves la situación”. I.B. asegura trabajar también para el Gobierno argelino. ¿Por qué la Policía Nacional aportó esta prueba que alimentaba la duda sobre su propia operación?