Extremadura rechaza la obligación de cotizar a la Seguridad Social prácticas formativas

La Junta de Extremadura pedirá al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que derogue la normativa que marca la obligatoriedad de la cotización a la Seguridad Social de los alumnos mientras realizan prácticas formativas en empresas. Una petición que realizará la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, en la Conferencia Sectorial de Educación que se celebrará este miércoles en Madrid de manera presencial, según ha informado el ejecutivo regional con una nota.

El gobierno extremeño afirma que la reunión se realiza de forma presencial tras la insistencia de “al menos” doce comunidades autónomas, debido a la trascendencia de los temas que se abordarán, como la normativa que está prevista que entre en vigor el 1 de enero de 2024, por la que se hace necesaria la cotización de la formación práctica de los alumnos en empresas.

Esta medida afectaría sobre todo a los alumnos de Formación Profesional, dado que es el grupo más numeroso de los alumnos que realizan prácticas en empresas, con 22.694 alumnos este curso 2023-24, tanto en la modalidad presencial como a distancia.

La petición que secundará la Junta es la de retirar la disposición adicional número 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre inclusión en el sistema de la Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación. Según ha precisado, está previsto que esta disposición entre en vigor desde el próximo 1 de enero de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio.

Extremadura defenderá que esta medida parte de la concepción “errónea” de considerar a los alumnos como trabajadores y no está acompañada de memoria económica ni de tablas de costes de referencia, y tampoco cuenta con el soporte técnico necesario para la gestión ni el acompañamiento en la gestión de altas y bajas. Para Vaquera, son medidas que pueden “disuadir” a las empresas a la hora de recibir a alumnos para realizar las prácticas en sus negocios. Además, ha considerado que son medidas tomadas “de forma urgente, sin consenso y sin consultar a los profesionales de la educación y comunidad educativa”.

Además, en la conferencia se tratarán asuntos como el acuerdo sobre los criterios de distribución y el reparto de crédito resultante de 2023 de los programas de cooperación territorial, y la ampliación del plazo de ejecución del programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia digital educativa.

Por último, se estudiará la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas y destinados al redimensionamiento de la oferta de la Formación Profesional del Plan de Modernización de la FP en 2023.