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El Gobierno autoriza licitar la subestacion eléctrica del tramo ferroviario alta velocidad Plasencia-Talayuela

Una subestación eléctrica para alimentar las líneas ferroviarias de alta velocidad, en foto de archivo

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El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 17,5 millones de euros, a través de Adif Alta Velocidad, la construcción de una subestación eléctrica en el entorno de Casatejada (Cáceres).

Alimentará las instalaciones que suministrarán energía a los trenes en el tramo Talayuela-Plasencia de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa, tramo que está en obra y tendrá una longitud de 70 km.

Esta actuación incluye también el desarrollo de diversas instalaciones complementarias, como centros de autotransformación que se ubicarán en Talayuela, Navalmoral de la Mata, Toril y Malpartida de Plasencia, así como el mantenimiento de todos los equipos durante dos años.

Al igual que el tramo Plasencia-Badajoz, ya operativo parcialmente (no llega realmente a Badajoz ciudad, ni están terminados los nuevos accesos a Mérida), el tramo entre Talayuela y Plasencia permitirá la circulación de trenes con tracción eléctrica mediante energía de origen renovable, sumando otros 70 kilómetros a los más de 250 ya electrificados en la red ferroviaria extremeña, según ha informado el Ministerio de Transportes.

El Ministerio ha destacado que las obras del tramo Talayuela-Plasencia “continúan avanzando”. Pero no estarán totalmente terminadas como mínimo hasta 2027, con dos años de retraso sobre lo previsto.

Así, la plataforma ferroviaria ya está concluida en dos subtramos, mientras en otros dos se ultima su ejecución, al tiempo que se avanza en tres más.

Asimismo, está en ejecución el ramal de conexión con la actual estación de Plasencia y en redacción el proyecto para el tendido de las vías.

De lo que sigue sin haber noticias es de cómo resolver el gran tramo Oropesa (Toledo) - Madrid, en el que el Ministerio de Transportes aún no se ha decidido a tomar una decisión política ante las reticencias del gobierno castellano-manchego y los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina.

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