Vox conocía en noviembre que Bruselas se tenía que pronunciar sobre el regadío de Tierra de Barros y era optimista

Prácticamente dos meses antes de la polémica generada por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, sobre del regadío de Tierra de Barros, Vox ya conocía la situación exacta de ese proyecto y, además, se mostraba muy optimista sobre el desenlace que se espera de Bruselas.

Sin embargo, Higuero aprovechó su presencia en un acto oficial entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades de regantes de Mérida-Canal de Lobón y Valdecañas para esgrimir una carta que la Comisión Europea envió a la Junta de Extremadura en 2021 y asegurar que todo había sido una “estafa” del PSOE. Qué paso entre noviembre y enero aún se desconoce pero el consejero comparecerá este jueves en la Asamblea para hablar del asunto.

El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia de la Consejería de Gestión Forestal, José María Sánchez Cordero, se reunió con los regantes de Tierra de Barros el pasado 27 de noviembre para explicar que el Ejecutivo autonómico había decidido asumir el sobrecoste de la obra, cifrado en 100 millones de euros por una actualización de precios.

En esa junta general, Sánchez Cordero no aludió en ningún momento a la presunta eliminación de documentación del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, como insistió el consejero dos meses después, pero sí indicó que se estaba a la espera de conocer un informe de la Comisión Europea en respuesta a una información que traslada con anterioridad la Junta. En concreto, según un audio de esa reunión, el director general dijo: “Entre los papeles que encontramos, hay una solicitud de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Esa información se responde por parte de la Junta de Extremadura pero no hemos vuelto a tener noticias de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea de que haya respondido en un sentido o en el otro”.

El responsable de regadíos en la consejería que dirige Vox en el Gobierno de María Guardiola comunicó a los regantes que la dirección general de Acción Exterior ya estaba haciendo en esa fecha “las averiguaciones oportunas con la Oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas para ver si efectivamente o no la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea se ha pronunciado”.

No obstante, en la nota de prensa que la Junta envió a los medios el 28 de noviembre sobre ese encuentro con la comunidad de regantes se recoge otra afirmación atribuida a Sánchez Cordero: “Las noticias son esperanzadoras, pero nos presentaremos en Bruselas y no volveremos hasta que tengamos el mismo”.

Con toda esta información, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural también aseguró a los agricultores de Tierra de Barros que la ejecución de obras podría comenzar este mes de marzo por parte del instrumento propio de la Administración, Tragsa, que se encargaría la ejecución inmediata de las obras en la red principal para agilizar plazos, sin descartar la licitación pública para la ejecución por parte de empresas privadas de otros lotes en los que está dividido el proyecto.

Sin embargo, dos meses después la Junta de Extremadura ha cambiado de opinión y ahora sostiene que los trabajos no pueden iniciarse hasta conocerse el sentido del informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.