La fiscal afirma que todos los indicios apuntan a la culpabilidad de los acusados por el robo de los vinos de Atrio en Cáceres

No hay ninguna prueba directa, pero para la fiscal Carmen Barquilla, “no hay ningún género de duda” de que los detenidos por el robo de 45 botellas de vino del restaurante Atrio, de Cáceres, valoradas en 1,6 millones de euros, Gabriel Constantin Dumitru, rumano neerlandés de 47 años y la mexicana, Priscila Lara Guevara, de 29, son los autores materiales del robo que se llevó a cabo en la noche del 26 al 27 de octubre de 2021.

A la hora de elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, en el juicio que este miércoles ha quedado ya visto para sentencia, la fiscal indicó que “no nos encontramos con una prueba directa, pero sí indiciarias”, pruebas que, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, considera válidas para “desvirtuar la presunción de inocencia”, siempre que exista una pluralidad de ellas y que estén plenamente acreditadas, como así considera que han sido.

Barquilla, que ha mantenido su petición de prisión de cuatro años y medio, ha rebajado la responsabilidad civil de los acusados de los 1,6 millones de euros inicial, cifra en la que se estimó el valor de mercado de los vinos, a 753.454,46 euros, finalmente, que es la cantidad con la que han sido indemnizados los propietarios de Atrio por la aseguradora Reale, y que ahora, según ésta, deben reponer los acusados de manera conjunta y solidaria.

Se encuentra ADN de la acusada en el baño del hotel

Según el Ministerio Fiscal, de las pruebas practicadas en el juicio, tanto de las testificales como de las grabaciones de las cámaras y el volcado de datos de los teléfonos de los acusados, así como de los restos de ADN, procedente de células epiteliales encontrados en la tapa y en el botón de la cisterna del inodoro, que coinciden con el perfil genético de Priscila, no hay duda ninguna de que los detenidos fueron las personas que ocuparon aquella noche la habitación 107 del prestigioso hotel, de cinco estrellas y de la lujosa cadena hotelera Relais&Chateâu, y que perpetraron el robo de las 45 botellas de vino.

Ha quedado acreditado, dijo, que la mujer se registró en el hotel pasadas las 7 de la tarde, llevando tan sólo una ligera mochila, y que pasadas las 9 recibió a su acompañante, que no llevaba equipaje ninguno.

Según las cámaras y los testimonios del recepcionista de aquella noche, la mujer habría llamado por teléfono, una hora y media después de haber tomado “una cena contundente” pidiendo que le subieran comida a su habitación, y, que volvió a llamar una segunda vez, pidiendo un postre, para distraer al trabajador mientras su acompañante aprovechaba para ir a la bodega y sustraer las 45 botellas de vino.

Relata la fiscal, que las grabaciones y el registro informático de las tarjetas magnéticas de apertura demuestran de Dumitru, por error, intentó abrir a la 1,27 horas de la madrugada, la sala de catas, anterior a la bodega, con una tarjeta de la habitación 106 y que, al no poder, volvió a la recepción, donde cogió la llave maestra, “la tarjeta 27, con la que consiguió acceder a la bodega a la 1,28 horas. De allí sale con dos bolsas grandes de mano y una mochila a la espalda, que deben ser muy pesadas porque, en algún momento, se ve obligado a dejarlas en el suelo.

Las cámaras, añade, también graban al acusado haciendo una llamada por teléfono que, posteriormente, se ha podido demostrar que se la hizo a Priscila, que estaría esperando en la habitación, ya que, existe una llamada de su teléfono al de la mujer en esa misma hora.

Ambos teléfonos habrían sido dados de alta por Constantin Dumitru, con una identidad falsa, ya que aparecen a nombre de Daniel Florin, que fue detenido en Portugal y cuyas huellas resultaron ser las mismas que las del acusado por el robo de lo vinos de Atrio.

Todos estos indicios más las declaraciones de algunos testigos que dijeron reconocer si duda a la mujer, y a él también, aunque en el caso de Dumitru, no al cien por cien, le llevan a estar segura de que ambos fueron los autores del robo.

Ante las quejas que, en todo momento, ha manifestado la defensa de vulneración de lo derechos fundamentales de sus defendidos durante la instrucción del caso y de que no se hubiera hecho una reconocimiento previo de los detenidos por los testigos, la fiscal aclaró que donde es obligatorio hacer un reconocimiento de los acusados es en la misma vista oral, y que hacerlo o no antes es algo opcional. Asimismo, destacó que se han respetado escrupulosamente las garantías de los acusados y que la instrucción judicial, así como las actuaciones policiales han sido siempre respetuosas con sus derechos.

Barquilla considera que la pena solicitada, de cuatro años y medio de prisión, es proporcional a la gravedad de los hecho, lo que considera un robo con fuerza con dos agravantes, el alto valor de lo sustraído, que supera con creces los 500.000 euros, y el valor histórico de algunas botellas, en especial, el Chateây d’Yquem de 1806, valorada sólo ésta en 350.000 euros.

Abogada: “el ADN pudo ser transportado”

Por su parte, la abogada de los acusados, Sylvia Córdoba Moreno, ha pedido la nulidad de la instrucción judicial por haber llevado a cabo “diligencias desproporcionadas” y por haber vulnerado los derechos fundamentales de sus detenidos, violando su intimidad con las escuchas telefónicas, por lo que pide que sea declarado nulo, también por falta de motivación, el auto de ingreso en prisión y, por lo tanto, sean puesto en libertad de inmediato.

Córdoba ha lamentado que en el juicio no se hayan podido visionar las grabaciones de las cámaras, aunque, según dijo, de poco hubiera servido, porque son de “muy mala calidad” y no se distinguen bien las personas que aparecen ellas.

La defensa ha señalado que los “indicios” no demuestran que sus defendidos estuvieran aquella noche en el hotel, ya que las imágenes no se ven bien y el ADN es “transportable”; que tampoco se ha demostrado que Dumitru cogiera ninguna llave maestra, porque el recepcionista aseguró en su declaración que siempre la llevó él consigo, y que, curiosamente, no se ha investigado el hecho de que la bodega se intentara abrir con una llave de la habitación 106 donde, se alojaban unos amigos íntimos de los propietarios de Atrio.

También ha denunciado que no se ha demostrado que se haya mantenido la cadena de custodia de los teléfonos de los acusados, que los agentes encargados del volcado de datos de los móviles no eran expertos informáticos, y que tampoco es experto en vinos el perito que los valoró para la compañía aseguradora en 753.4544,46 euros, “no es experto en vinos, es experto en incendios y maquinaria industrial, dice que ha consultado a empresas, expertos y casas de subastas, pero no ha aportado ningún informe”, dijo en el juicio.

Córdoba: “En las bolsas y en la mochila no cabían 45 botellas de vino”

Córdoba ha indicado también que es imposible que en las bolsas que aparecen en las imágenes cupieran 45 botellas de vino, “yo he hecho la prueba en mi casa y es imposible”, y que no se ha demostrado que la puerta de la bodega estuviera cerrada, cuestión para ella importante porque, en el caso de que hubiera estado abierta, en todo caso, se trataría de un hurto y no de un robo al no haber tenido que emplearse la fuerza.

Por todo ello, ha pedido la absolución de sus defendidos, y la nulidad del auto de prisión dictado por el juzgado de Instrucción número 4, cuestión que tendrá que ser resuelta en un auto, separado de la sentencia de este caso, entre este miércoles y mañana jueves.

De otra parte, la acusación civil, que representa a la compañía aseguradora, se ha adherido a todo lo manifestado por la Fiscalía, y mantiene su petición inicial de ser resarcidos con la recuperación de las botellas o con el pago conjunto y solidario por ambos acusados del dinero que se pagó en la indemnización.

Además, el abogado Rafael Montes, al final del juicio se ratificó en que mantenían la petición de una pena de 5 años de prisión, algo que ha extrañado a la defensa porque “si es una acusación civil no puede pedir pena de cárcel, así que esa petición no debe ser tenida en cuenta” y, en todo caso, la pena podría oscilar entre los cero días y los cuatro años y medios de prisión que pide la Fiscalía, afirma la defensa.

Antes de quedar visto para sentencia, el presidente de la sala y de la Audiencia Provincial de Cáceres, Joaquín González Casso, dio la última palabra a los acusados, de la que sólo hizo uso Constantin Dumitru, que dijo que le extrañaba que en un hotel de cinco estrellas no hubiera cámaras dentro de la bodega, “no teníamos que estar aquí”.

Añadió que en su teléfono “no se ha encontrado ninguna foto ni ninguna conversación de esas botellas ni de ninguna negociación”, y añadió que “se dice que ha habido un encargo y luego que estamos intentando cambiar las botellas por un coche, me pregunto dónde están las botellas, si yo soy el ladrón ¿dónde están las botellas? Eso quiero saber yo”.