La Junta ultima el primer plan de Respiro Familiar pero 200 familias se quedan si ese descanso este verano

La Junta de Extremadura “no ha eliminado ni recortado un solo euro de ningún programa de Respiro Familiar”, cuyo primer plan se aprobará además en las próximas semanas con una dotación de un millón de euros, según ha asegurado la consejera Sara García ante la acusación del PSOE de haber dejado a “200 familias” con algún miembro con discapacidad intelectual sin este servicio este verano.

En el turno de preguntas del pleno de la Asamblea, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha señalado que ante la “inoperancia” del anterior ejecutivo socialista, responsable de las bases que establecen las cuantías de las últimas subvenciones, el actual Gobierno trabaja en una modificación de estas bases para “llegar a más entidades y poner en marcha más programas”.

El objeto de este programa, ha agregado, es una prioridad para la Junta, como lo demuestran los 278.413 invertidos en asociaciones con el fin de cuidar a los que nos cuidan y que “por primera vez en la historia” aparezca reflejado en los presupuestos un Plan de Respiro Familiar, con un millón de euros, compatible con otros programas que desarrollen las entidades del tercer sector y que “se aprobará en las próximas semanas”. Un plan que se desarrollará “en pequeños y grandes municipios”, de forma equitativa y para apoyo “durante todo el año y no únicamente la etapa estival”.

La diputada socialista Nayara María Basilio Gómez ha criticado que la Junta “llega tarde” con dicho plan y le ha pedido que tenga “empatía” y escuche a las entidades y las familias, pues “está jugando con la seguridad y la tranquilidad de saber que sus hijos e hijas, hermanos o hermanas, estarán en espacios seguros y accesibles, con actividades adaptadas y con el apoyo adecuado a sus necesidades”.

Lista de espera única en el SES

El PSOE, en este caso la diputada Isabel Gil Rosiña, también ha cuestionado por la lista de espera única en el Servicio Extremeño de Salud (SES), cuyo objetivo, según ha recordado Sara García, es que “los extremeños que precisen atención hospitalaria vean reducido su tiempo de espera”.

Entre los avances de esta lista, ha mencionado que dentro del Área de Cáceres se están resolviendo en la capital cacereña intervenciones de cirugía pediátrica urgentes de traumatología, radiología intervencionista y aneurismas que los socialistas “derivaban a Badajoz”.

En el Área de Salud de Llerena-Zafra, se ha ofrecido a los pacientes de Don Benito, Villanueva, Mérida, Coria, Plasencia y Navalmoral ser intervenidos de columna en el mencionado área y, además, “de manera inminente” se comenzará a intervenir a los pacientes del área de Cáceres que el PSOE dejó “en lista de espera desde el 2019”.

El siguiente “hito” en esta lista de espera única, que es “voluntaria”, es la implementación en Jara de las órdenes clínicas reubicables, en lo que llevan “meses de trabajo ímprobo” y que será una realidad a beneficio de todos los extremeños“.

Todo ello, ha indicado la consejera, con el fin de “optimizar los recursos” y dar respuesta a “los 25.346 pacientes que ustedes ocultaron bajo una alfombra”, dejando “la peor lista de espera de toda España” debido a su “nefasta gestión”.

García ha pedido a los socialistas que “dejen de engañar a los extremeños” y se “unan al cambio”, donde destaca el aumento exponencial de la actividad asistencial: “41.149 pacientes más atendidos, 3.350 intervenciones quirúrgicas más realizadas en 2024 que en el mismo periodo de 2023”.

Por su parte, Gil Rosiña se ha preguntado si el único objetivo político del Gobierno regional es poder decir que tiene “menos lista de espera de la que tuvo el PSOE” aunque “para eso tenga que pervertir el sistema, los acuerdos pactados y obstaculizar a los pacientes el mejor acceso para garantizar sus derecho a la prueba diagnóstica, como recoge la Ley de tiempos de respuesta en atención sanitaria.

“El Servicio Extremeño de Salud no es una empresa, los números tienen que cuadrar, pero no a cualquier precio”, ha aseverado la parlamentaria, quien ha criticado “incumplimiento de los programas de rendimiento de actividad” de los profesionales “sin ninguna directriz que vele también por la sostenibilidad del servicio” y “quejas” de los pacientes por las derivaciones a otras áreas para pruebas diagnósticas.