Los propietarios de Valdecañas recurrirán a la justicia europea

Los propietarios de las viviendas de la urbanización Marina Isla de Valdecañas recurrirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la sentencia del Supremo que ha acordado la demolición del hotel, las casas y el campo de golf, y puede que también acudan al Constitucional.

Así lo ha anunciado a Efe el abogado de los 186 propietarios de viviendas, Luis Díaz-Ambrona, tras la sentencia que ha estimado el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción.

El Supremo ha revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en la que se que declaró la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos.

El abogado se ha mostrado “sorprendido” por el fallo porque, a su juicio, la decisión del TSJEx estaba “muy fundamentada”, ya que sopesaba todos los pormenores, las circunstancias concurrentes y si el daño medioambiental por llevar a cabo la demolición era mucho mayor que si se conservaba en uso el complejo.

Cuando conozcan el contenido íntegro de la sentencia, que se publicará en los próximos días, estudiarán si acuden al TJUE, al Constitucional o a ambos, ha señalado.

No obstante, Díaz-Ambrona ha asegurado que “no hay duda ninguna” que habrá recurso ante el TJUE y que en el caso del Constitucional dependerá de la argumentación de la sentencia.

En el supuesto de que finalmente se demolieran la urbanización, el derecho a la indemnización de los dueños es “incuestionable”, ya que ha recalcado que las propiedades que han comprado estaban “legalizadas”, con todos los permisos de la Junta de Extremadura y municipales.

El abogado ha señalado que el grueso de las indemnizaciones correspondería a la Administración regional, que habilitó la construcción del complejo con requisitos como el de la evaluación ambiental.

Sobre posibles cantidades, ha considerado que habría que partir de una media por propietario de 800.000 euros.

Además, la Junta tendría que sufragar los elevados costes de la demolición y sobre todo de la eliminación de los residuos, ha advertido el abogado, por lo que tendría “una incidencia muy fuerte en sus presupuestos”, ha subrayado Díaz-Ambrona.

La gran mayoría de los 186 propietarios son de viviendas de segunda residencia y una gran parte de ellos proceden de Madrid.