El PP sume a Santiago en su peor crisis institucional
La mitad sur del Pazo de Raxoi, en la compostelana Praza do Obradoiro, es la sed del Ayuntamiento de Santiago. No obstante, hace tiempo que las decisiones más trascendentales que afectan al gobierno compostelano no se toman en el histórico edificio que el consistorio comparte con la Xunta, sino en los barrios de Fontiñas, donde se encuentran los juzgados, y San Lázaro, donde se ubica la sede autonómica del PP. Así ocurrió en abril de 2012, cuando la investigación –que desembocaría en condena– a Gerardo Conde Roa por fraude fiscal provocó su marcha de la Alcaldía, y así sucedió de nuevo este lunes, cuando siete de los trece ediles del gobierno anunciaron su renuncia tras ser condenados por prevaricar al aprobar pagarle las minutas del abogado Míguez Poza al ahora dimisionario edil de Deportes, Adrián Varela.
Quien presidió aquella reunión de abril de 2012 fue Alberto Núñez Feijóo, que acabó por aceptar la imposición de Ángel Currás como sucesor de Conde Roa para aminorar la fenomenal polémica. En esta ocasión, con Feijóo de viaje oficial en Japón, fue el vicepresidente y secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, el encargado de gestionar la crisis, acompañado por el presidente y el secretario general de la provincia, Carlos Negreira y Diego Calvo. Tras dos horas de reunión, Rueda y Currás flanquearon a la portavoz municipal, María Pardo, que a las puertas del local de los conservadores leyó el escueto comunicado que confirmaba su dimisión.
El documento, realizado con la maquetación de los comunicados habituales del PP pero sustituyendo el logotipo del partido por la expresión “Ayuntamiento de Santiago”, explica que los ediles condenados –expresión que no figura en el comunicado– “renuncian a su acta de concejales ante la decisión comunicada (...) por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela”. “Los siete miembros de la Corporación –dice el segundo y último párrafo– subrayan que siguen confiando plenamente en su inocencia y que recurrirán la sentencia ante las instancias judiciales oportunas”. En la línea de las críticas lanzadas durante el proceso, “valoran esta resolución como injusta en lo que a la condena alcanza y desproporcionada en lo que a la pena se refiere”.
Un gobierno al 30%
¿Y ahora, qué? Lo poco queha trascendido indica que el partido deja el futuro inmediato en las manos de un alcalde en el que ya no confía y sobre quien además pesan dos imputaciones, una por presunto tráfico de influencias, en la Operación Pokémon, y otra por supuesta prevaricación y acoso contra un policía local. Al inicio de la jornada Currás estaba al frente de un gabinete operativo al 40%, con solo 5 de los 13 miembros que le otorgaron las elecciones municipales de 2011. Hacia el mediodía la cifra bajaba al 30% con la dimisión de la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, también imputada en la Pokémon. Para completar los nueve puestos que restan se hace difícil recurrir a la lista eleetoral, toda vez que en los últimos puestos figuran, entre otros, dos jubilados, la diputada en el congreso Marta González y el conselleiro Agustín Hernández. Estos últimos figuran en las quinielas para ocupar el cartel electoral del PP local en 2015, pero nada hace pensar que acepten quemarse en un consistorio que vive la peor crisis de su historia.
Así las cosas, todo parece indicar que Currás tendrá que hacer una combinación entre los restos de los titulares de la lista, los suplentes y ediles no electos para hacer el peregrinaje del resto del mandato, hasta la primavera del año próximo, toda vez que en el último año antes de los comicios no caben elecciones parciales. Va a organizar “un equipo solvente” para “seguir al frente de este barco”, asegura. En esta línea, desde el PSdeG local su portavoz, Francisco Reyes, subraya que la “responsabilidad al 100%” de esta situación recae en el PP, que es “quien tiene que dar una solución”. La constitución de una gestora hasta las elecciones “no es asumible” y, a su juicio, esta es una buena oportunidad para que los conservadores demuestren si “tienen confianza” en el resto de las personas que conforman la lista y, en el caso del consejero Hernández, que muestre “si le quiere” a Compostela “por encima de cualquier circunstancia”.
El portavoz municipal del BNG, Rubén Cela, lamenta que el PP sea ya “la formación política que más daño le ha causado a la ciudad” y que tuviera “que ser la Justicia la que pusiera orden contra la corrupción en el consistorio”. “Santiago se encuentra en una situación límite por culpa de la irresponsabilidad del PP”, dice Cela, que recuerda que el Bloque exigió elecciones anticipadas “cuando se podía hacer”, pero “intencionada y deliberadamente, Feijóo estiró los tiempos” y ahora “cualquier solución” de las posibles “es mala”. En todo caso, el nacionalista piensa que “no solo se tienen que marchar las siete personas condenadas” sino, “como mínimo, todas las personas imputadas por casos de corrupción o de prácticas especialmente graves en la gestión y que crean alarma social”, empezando por el alcalde.
