Durante lustros, incluso durante décadas, en cada elección municipal en Galicia hubo varias constantes. Una de ellas, posiblemente la más firme, es el signo del gobierno de la Diputación de Ourense. Desde que, en los primeros compases del fraguismo, José Luis Baltar logró comandar la fusión de Centristas de Galicia con el Partido Popular recién fundado sobre los andamios de Alianza Popular, la institución ourensana ha sido sinónimo de PP. De PP y de Baltar padre, que en 2010 legó la presidencia provincial del partido a su hijo para, en 2012, hacer lo mismo con la Diputación.
Han sido muchas las elecciones en las que los grupos de la oposición –durante casi todo este tiempo, solo el PSOE de Galicia (PSdeG) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG)– apostaban con más bien escasa convicción sobre las posibilidades de que el baltarismo llegara a su fin. Nunca sucedió. Tampoco cuando socialistas y nacionalistas gobernaron en la capital de la provincia, núcleo del partido judicial que más escaños reparte en la corporación provincial –15 de los 25. Pero el próximo 26M la situación puede cambiar. La pérdida de la mayoría del PP y con ella el fin del reinado de los Baltar es por primera vez una hipótesis viable. Así lo apuesta la oposición y así –a diferencia de todas las ocasiones anteriores– lo teme el PP.
Lo sucedido en las recientes elecciones generales del 28 de abril fue la señal que ha terminado por disparar las alarmas. Al contrario que en el conjunto de Galicia, el PP sí logró mantenerse como fuerza más votada en Ourense el 28A, pero la letra pequeña de los comicios inquieta a los conservadores. Cayeron casi 15 puntos con relación a las anteriores generales, hasta el 34,81% de los sufragios, y la distancia con la segunda fuerza, los socialistas, pasó de casi 50.000 votos –92.000 frente a 43.000– a menos de 4.000 –66.100 populares, 62.600 del PSdeG.
Unos y otros son conscientes, no obstante, de que la extrapolación mecánica entre procesos electorales no cabe. Todavía menos en este caso; es en el ámbito local donde la maquinaria del PP ourensano es capaz de ponerse a pleno rendimiento. Pero la posibilidad existe. Así lo afirma el candidato del PSdeG a la alcaldía de la capital de la provincia, Rafael Rodríguez Villarino. “Saben que la Diputación se les va de las manos”, toda vez que con una repetición de los resultados de las generales “el cambio estaría hecho”. Esto, afirma, está dando lugar a situaciones “patéticas”, como “escuchar al padre” del actual presidente pedir apoyos “desesperadamente” para el 26M.
Pero, dado que la composición de la Diputación no es el resultado de la votación directa del electorado, las expectativas de un eventual cambio tienen que ser analizadas en función de los resultados en cada uno de los siete partidos judiciales en que se divide la provincia. Rodríguez Villarino admite que la “clave” será “el resultado de la ciudad”, ya que con un declive profundo de los populares en Ourense capital, retener el poder o, al menos, la mayoría absoluta, se les haría difícil.
En los anteriores comicios Baltar pudo ser presidente porque el PP estuvo dos diputados provinciales por encima de la mayoría absoluta. En las filas socialistas –y en las populares– se considera más que viable, a la luz de los resultados de las generales y también de las encuestas que manejan, que uno de los 8 escaños obtenidos por Baltar en el partido judicial de Ourense vaya para el PSdeG. Pero faltaría otro. Y las cábalas que en las últimas semanas circulan por la provincia apuntan a posibilidades múltiples. Una de ellas, que caiga en Ciudadanos, partido para el cual se prevén ascensos este 26M de la mano del exconcejal del PP José Araújo.
Si esto sucediera Baltar tendría que negociar con el partido de Rivera para retener el poder. Y en esas negociaciones pesarían los episodios más polémicos de la familia Baltar, desde las acusaciones de caciquismo que acompañaron a Baltar padre durante todo su mandato –él mismo se presentaba como “el cacique bueno”– hasta sombras más recientes, como las acusaciones de irregularidades financieras lanzadas por la jueza instructora del caso Pokémon o la denuncia por el presunto ofrecimiento de un empleo a cambio de sexo interpuesta por una mujer contra José Manuel Baltar, finalmente archivada en 2017 al no observar la jueza “debidamente justificada” la perpetración de los delitos que le habían sido imputados.
Otra opción –teórica– sería que los populares intentaran tender puentes con el partido local Democracia Ourensana. Eso, en caso de que la formación liderada por Gonzalo Pérez Jácome mantenga los dos escaños con los que cuenta actualmente, ambos en el partido judicial capitalino. Ambos escenarios, en cualquiera caso, serían sinónimo del fin del poder omnímodo del PP en la institución y sobre la mesa podrían estar exigencias como la salida del propio Baltar bajo advertencia de conformar una mayoría alternativa.
Otras hipótesis, pero más remotas, apuntan a la posibilidad de que el PP pueda perder un puesto más en uno de los partidos judiciales que reparten dos escaños –O Barco, O Carballiño, Ribadavia o Verín. Pero para que eso sucediera los socialistas tendrían que duplicar los votos de los populares, algo altamente improbable. En este caso falta saber, también, hasta qué punto influirán en las ganancias y pérdidas de votos los resultados del nuevo partido del exsocialista Pachi Vázquez o de Ciudadanos en lugares donde los de Rivera se han nutrido en los últimos meses de exmiembros del PP.
Nada es seguro, todo es volátil y las encuestas se manejan con extrema prudencia. No obstante, la diagnosis general es coincidente e inédita: la posibilidad de un cambio de color político en la Diputación de Ourense ahora sí que existe.