El día a día de un centro de salud gallego: hasta 74 niños por pediatra, una semana de espera para cita, servicios colapsados

Un día cualquiera en un centro de salud urbano en Galicia. Una de las pediatras hace dos horas extra y atiende a 74 niños y niñas -organizaciones profesionales aseguran que 21 es lo ideal-. Para obtener una cita con ella o con el médico de cabecera hay que esperar, como mínimo, una semana. Y los servicios denominados de apoyo de los que dispone, odontología o higiene bucodental, no atienden por falta de plazas, a decir de la página web del Servizo Galego de Saúde (Sergas). La Xunta de Alfonso Rueda se esfuerza en presentar estadísticas con una luz favorable a su gestión, pero la saturación y la proximidad del colapso que denuncian sindicatos, colegios y pacientes es evidente cuando se desciende a lo concreto.

Los datos de este texto pertenecen a un ambulatorio que realmente existe. Se encuentra en un barrio popular y trabajador de una de las principales ciudades gallegas. La población diana de sus 14 médicos de familia y sus tres pediatras es de unas 25.000 personas. Los cupos medios son de entre 1.300 y 1.400 pacientes por facultativo de primaria y entre 1.000 y 1.100 por pediatra. Hay alguna excepción por arriba -hasta los 1.700- y por abajo, doctores con docencia de MIR. El cuadro de personal lo completan 13 miembros de personal de enfermería, tres auxiliares de enfermería, tres dentistas con dos enfermeros asociados, tres higienistas, una matrona, ocho administrativos, cuatro fisioterapeutas, dos farmacéuticos y un trabajador social.

Esta dotación no alcanza para cubrir las necesidades de sus usuarios, a juzgar por los ritmos de sus trabajadores y los tiempos de espera. Las consultas de pediatría carecen de huecos antes de una semana. En noviembre, cuando los virus respiratorios, la gripe o incluso el coronavirus tensionaron el sistema, las pediatras de este centro hicieron jornadas en las que llegaron a ver a más de 70 niños. Lo usual es que sean más de 50. El Gobierno gallego ha avisado, además, de que no los habrá en todos los centros de salud. La presión sobre los médicos de familia, cuyo horario laboral se alarga con horas extra o con jornadas prolongadas, resulta similar. “Es raro que baje de 50 pacientes en una jornada ordinaria. En una prolongada, llegué a atender 96, y es raro que estas bajen de 70”, señala un médico. Durante los meses en que las vacaciones son más habituales -agosto, septiembre o diciembre-, unos facultativos se hacen cargo de los pacientes de los que ejercen su derecho al descanso. “Nunca hay sustitutos”, aclara. Asociaciones profesionales entienden que 30 pacientes al día es lo razonable para realizar un buen trabajo.

Las esperas de una semana o más para obtener cita en medicina de familia en este centro de salud contrastan con los datos de los que presume el Gobierno gallego. Todavía este mes, en una de las sesiones de control parlamentario, el presidente Alfonso Rueda se hacía eco de ellos. El gabinete de comunicación de la Consellería de Sanidade explica a elDiario.es que “el 83% de los cupos consigue hueco con su médico de cabecera en menos de cuatro días y el 64%, en menos de dos”. No es el caso.

Menor inversión en primaria después de Madrid

Oposición política, sindicatos o colegios médicos denuncian desde hace años el deterioro de la atención primaria. La Xunta de Galicia ha ido modulando su discurso de respuesta. De la negación ha pasado a la búsqueda de culpables, que ahora sitúa sobre todo en el Gobierno central de Partido Socialista y Unidas Podemos. Habló de “plazas de difícil cobertura” para justificar la ausencia de médicos y pediatras en zonas rurales. La frase no aplica para las circunstancias de este centro de salud. Bajo los sucesivos gabinetes de Feijóo, el número de médicos de familia quedó congelado, y los conselleiros del ramo son de los más inestables de las cuatro mayorías absolutas del PP: Pilar Farjas (2009-2011), Rocío Mosquera (2012-2015), Jesús Vázquez Almuíña (2015-2020) y el actual, Julio García Comesaña. Grandes manifestaciones contra sus políticas sanitarias se han sucedido por las calles gallegas.

Solo Madrid invierte un menor porcentaje que Galicia en la atención primaria, según los expertos el pilar de la sanidad pública. Así, solo el 11,6% del total va a los centros de salud. Las comunidades que más dedican son Andalucía, un 17,7%, y Castilla y León, un 16,1, según cifras del Ministerio de Sanidad. Los presupuestos del Gobierno gallego para 2023, los más elevados de su historia, destinan 4.973 millones de euros a sanidad -no solo la pública, claro: entran también conciertos con la privada, por ejemplo. Es un 8,5% más y, aún así, una décima por debajo de la subida global de las cuentas.

Alfonso Rueda, que sustituyó a Feijóo al frente de la Xunta el pasado mayo, ha seguido una línea discursiva en la materia idéntica a la de su antecesor. A pesar de que las competencias en sanidad son, desde 1989 -cuando un ejecutivo tripartito de PSOE y dos partidos nacionalistas de centro las asumió y creo el Servizo Galego de Saúde (Sergas)-, exclusivas de la comunidad autónoma, su presidente insiste en que los problemas de la atención primaria solo los puede solucionar el Gobiernio central. Una de sus demandas más reiteradas, que comparten otras autonomías, es la ampliación de la convocatoria de médicos internos residentes (MIR). Sindicatos y colegios profesionales, muy críticos con el desempeño de la Xunta, señalan que el principal problema son las condicionas laborales de la sanidad pública gallega, que expulsan a los profesionales. Y las movilizaciones vuelven a intensificarse: el 30 de noviembre, la activa plataforma SOS Sanidade Público convocó 30 concentraciones “en defensa de la atención primaria” en 30 localidades diferentes.

La falta de médicos ha provocado que algunos puntos de atención continuada -los servicios de urgencias no hospitalarios- abran sin facultativos y a cargo de personal de enfermería. Fue entonces, a los pocos días de la multitudinaria protesta de Madrid contra las políticas sanitarias de Ayuso, cuando Alfonso Rueda poco menos que bajó los brazos y se resignó al caos. “Es mejor que no tener ni siquiera eso”, dijo al respecto, antes de asegurar que se trata de situaciones “coyunturales”. Lo que no especificó es la duración de la coyuntura. Mientras, el presidente gallego de lo que no se apea es del dogma neoliberal que defiende las bajadas generales de impuestos. Y afirma, contra toda evidencia, que son compatibles con “el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad”. Tras la caída del gobierno conservador de Liz Truss en Gran Bretaña y el posterior y abrupto giro fiscal de su sucesor, hasta Núñez Feijóo -ahora presidente del PP español- ha abandonado ese mantra. Su sucesor en Galicia todavía no.