El presidente de la Xunta asegura que la ley estatal de vivienda provoca que “la gente tenga miedo a alquilar sus pisos”

La tesis del presidente de la Xunta de Galicia para explicar el problema del acceso a la vivienda en alquiler es clara: los propietarios tienen miedo a alquilar sus pisos. Y la culpa es de la ley estatal de vivienda. Otra cosa es que Alfonso Rueda aporte algo más que su opinión para probarlo. No lo hizo este miércoles en la sesión parlamentaria de control en la que el socialista José Ramón Besteiro le preguntó por la materia y Ana Pontón, del BNG, por la situación de la sanidad pública, que usuarios y profesionales consideran próxima al colapso. “No se equivoque, la ley estatal de vivienda está detrayendo [pisos del mercado de alquilar], la gente tiene miedo de alquilar sus pisos”, teorizó en un discurso en el que apostó por la no intervención.

Besteiro había comenzado su turno con un breve estado de la cuestión. El salario mínimo ha crecido en los últimos años un 25%, pero las rentas de alquiler un 58%. Un joven que ingrese 1.100 euros al mes gasta la mitad en pagar el alquiler. Y los sucesivos gabinetes del Partido Popular facilitaron la “rienda suelta” para la especulación, se sumieron en la inacción y apenas construyeron vivienda pública. El líder socialista, como en otras ocasiones, reclamó del presidente determinación y puso como ejemplos Euskadi y Catalunya. En la primera, la inversión en el parque público de alquiler aumentará de una forma “sin precedentes” y en la segunda, la construcción de vivienda pública hará lo propio. “Pero hay que adoptar medidas inmediatas”, adujo.

Las que propuso el PSdeG son declarar zonas tensionadas en las ciudades -Rueda asegura que ningún ayuntamiento gallego, “tampoco socialista”, lo ha solicitado-, lo que permitiría a las administraciones topar el precio de los alquileres, y un banco público de alquiler que movilice viviendas vacías. El presidente de la Xunta desechó la primera de ellas y aseguró que esas políticas “detraen viviendas del mercado”. La Generalitat catalana lo achaca a propietarios que prefieren el alquiler de temporada, pero también constata que en ciudades declaradas tensionadas, el alquiler ha descendido un 5%. Rueda afirmó lo contrario, pero no dijo de donde había sacado los datos. Y volvió a vender su promesa de doblar el número de viviendas públicas en la legislatura, de 4.000 a 8.000. Los 15 años de gabinetes del Partido Popular, primero con Feijóo a la cabeza y desde 2022 con su sucesor, Alfonso Rueda, apenas trabajaron la materia y vivieron del impulso de los proyectos del bipartito, que gobernó entre 2005 y 2009.

Pontón: “Hay 372.000 gallegos en lista de espera, ¿le parece normal?”

El presidente gallego no se extendió en argumentar con datos sus opiniones sobre la problemática de la vivienda y, sin embargo, sí basó su réplica a la líder de la oposición, Ana Pontón, en una acusación reiterada: la de que la nacionalista tergiversa las cifras. En realidad, Pontón había usado números proporcionados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el Ministerio de Sanidad para explicar la situación de la sanidad público. “Hay 372.000 gallegos y gallegas en lista de espera, ¿le parece normal?”, inquirió, a lo que el presidente respondió con un “Galicia es la tercera comunidad con menos lista de espera”. Sobre los 201 ayuntamientos en los que, señaló Pontón, no hay pediatra no se pronunció. Tampoco sobre que las consultas en atención primaria tarden hasta tres semanas.

“Su visión catastrofista, de todo va mal, es injusta”, afirmó Rueda, antes de deslizar un anuncio: la vacuna contra el virus del papiloma se extenderá a hombres de hasta 21 años. Lo cierto es que la comunidad es la segunda por la cola en gasto en atención primaria y eso son indicadores del Ministerio de Sanidad. Y usuarios y profesionales protestan desde hace años por lo que entienden una situación al borde del colapso. El pasado agosto, un informe del Consello de Contas cifraba además en 470 millones de euros el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, debido a la fórmula privatizada de financiación elegida en su día por Alberto Núñez Feijóo. Ana Pontón se lo recordó al actual presidente de la Xunta. “Con esos 470 millones de euros podrían contratar pediatras, dotar Vigo del servicio de radioterapia que necesita o reducir la precariedad de médicos y enfermeras”, dijo.

Aclarar los motivos del mencionado sobrecoste será uno de los objetivos del BNG en la comisión parlamentaria de investigación que promovió la propia organización nacionalista. “Tomaron esa decisión sin informes que la justificasen y obtuvieron un hospital más pequeño por más precio”, añadió Pontón, que también denunció las pretensiones del Partido Popular de imponer su plan de trabajo en el citado órgano y así evitar, por ejemplo, la comparecencia en el mismo de Alberto Núñez Feijóo. Rueda lo negó y dijo que todavía estaban negociando.