Los Franco piden 13 años de cárcel para activistas que entraron en el Pazo de Meirás a reclamar su devolución
La familia de Franco solicita 13 años de prisión para cada una de las personas que ocuparon simbólicamente el Pazo de Meirás para reclamar su “devolución al pueblo gallego”. Así lo han anunciado 14 de las 19 personas que participaron en aquella protesta. Y son la Fundación Francisco Franco, que gestiona las visitas al inmueble, y Cristóbal Martínez-Bordiu, nieto del dictador, los que reclaman cárcel para estos activistas sociales, políticos, culturales y de la memoria histórica.
El pasado 30 de agosto, un grupo de militantes del BNG y otras organizaciones próximas accedieron al recinto de Meirás y colgaron de sus torres dos pancartas para exigir su devolución. “Que nos devuelvan lo robado, franquismo nunca más”, rezaba la otra pancarta de una acción que desarrollaron también en las redes sociales a través de la etiqueta #OPazoÉdoPobo.
En la rueda de prensa de esta mañana, varias de las 19 personas denunciadas por los Franco han dado cuenta de la denuncia presentada por la familia del dictador y consideraron “una barbaridad política que los bienes expoliados y robados por el dictador continúen en las manos de su familia y no hubiesen pasado al patrimonio público en el final de la dictadura”. Además, han recalcado que la acción “reivindicativa” que realizaron el pasado verano “fue pacífica y simbólica, sin ningún tipo de incidente ni de daño al patrimonio”.
La denuncia fue presentada en el juzgado de Betanzos y acusa a las 19 personas de posible violación de morada, delito contra el honor, daños y delito de odio. Con los agravantes incluidos en la demanda, la petición de penas ronda los 250 años en conjunto para los hombres y mujeres participantes, entre los que se incluyen tres miembros de la Ejecutiva del BNG, Bieito Lobeira, Rubén Cela y Néstor Rego; el secretario general de Galiza Nova, Alberte Fernández; así como el que fue secretario general del sindicato nacionalista CIG, Suso Seixo.
Precisamente, Néstor Rego ha advertido en la comparecencia pública de que la “lucha” que llevaron a cabo aquel 30 de agosto “continúa siendo justa y necesaria” y que “sólo finalizará cuándo todo el patrimonio expoliado sea rescatado para el conjunto del pueblo gallego”. “Rescatar el Pazo de Meirás, la Casa de Cornide y las estatuas del Maestro Mateo es una exigencia democrática y una manera de hacer justicia a las víctimas directas del expolio y a la totalidad de víctimas del franquismo”, ha añadido. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ya ha anunciado que denunciará ante Europa “esta aberración” porque es “inadmisible”.
La acción reivindicativa de aquel día de agosto se producía en pleno debate sobre la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás, reavivado después de que los herederos del dictador le encomendaran a la Fundación Francisco Franco la gestión de las visitas al Pazo, obligadas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). La organización franquista había advertido, además, de que usaría la gestión de las visitas para hacer apología de la dictadura durante estas rutas.
Y, efectivamente lo hace. Hace ahora un mes, varios eurodiputados de la delegación del Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo, acompañados de periodistas, recorrieron el inmueble en una visita en la que el guía, miembro de la Fundación Francisco Franco, evitó cualquier alusión a la guerra civil, a la dictadura o al régimen totalitario y en la que exaltó al general fascista, además de criticar los intentos por devolver las torres al patrimonio público.
Más allá de esto, y pocos días después de la acción simbólica del pasado mes de agosto, la Fundación Franco había advertido de que haría “todo lo que esté en su mano para asegurarse de que que los asaltantes reciban su justo castigo de acuerdo con la ley”. En un comunicado, la entidad fascista comparaba esta acción de afiliados del Bloque con el que considera la “sedición de una amplia mayoría de las instituciones democráticas catalanas”, en referencia a la convocatoria del referéndum del 1-O y aseguraba que su decisión de hacer pública la denuncia del que considera un “asalto” es “aconsejable” ante la “oscurantista presentación del referido asalto por parte de múltiples actores políticos y mediáticos”.
