“El Gobierno quiso ocultar información con el Prestige; el reproche de los gallegos era comprensible”

La singladura del Prestige continúa por vía judicial al cumplirse hoy trece años del naufragio que acabó en la mayor catástrofe ecológica de Galicia. Después de diez años de instrucción y nueve meses de juicio, el Tribunal Supremo debe resolver aún los recursos interpuestos tras la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que en noviembre de 2013 absolvió al Estado y que calificó su gestión como “profesional y correcta”. La Fiscalía intenta que el dictamen sea declarado nulo para buscar una condena por delito medioambiental para el capitán Mangouras que permita acceder a las millonarias indemnizaciones pendientes. Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente de Galicia repasa el proceso y advierte que el riesgo de otro Prestige, a pesar de las mejoras en seguridad, sigue vigente.

No hace mucho dijo que tenía “pocas esperanzas” en el recurso ante el Supremo...

Lo dije, pero me refería a las dificultades extremas que tiene nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que una sentencia absolutoria se transforme en condenatoria. Lo decía en términos estrictamente jurídicos y no en referencia a una visión de los hechos.

¿Cree que de la sentencia del Supremo se derivará un dictamen beneficioso para el Estado?

No lo sé. La Fiscalía representa a la sociedad y si nosotros hicimos peticiones de resarcimento para el Estado fue porque el Estado anticipó determinados pagos a particulares y empresas. Pero también hicimos peticiones de abono para particulares, compañías e incluso víctimas de Francia, así que el recurso no es exclusivamente por el bien del Estado, sino por las víctimas y los reclamantes en el procedimiento.

¿Entiende las críticas de quien cree que no se persigue la responsabilidad de la Administración o que no se hizo todo lo posible para encausar a todos los responsables?

Hicimos en una causa inmensa lo que entendíamos que debíamos hacer y entendimos que la Administración no era responsable de las consecuencias del vertido y que, en caso de acusar a alguien, ese era el capitán y el entorno profesional del capitán, que es la armadora y todo lo que rodea ese mundo profesional del comercio de hidrocarburos marítimo sin garantías, todos aquellos que desarrollan este comercio sin los estándares de seguridad mínimos para hacerlo con mercancías peligrosas. La sociedad tiene derecho a criticar las actuaciones de los poderes públicos, en este caso de la Fiscalía, y puede ejercer ese derecho de la manera que crea oportuna. Para eso estamos, pero otra cosa es que creamos que nuestras tesis son sólidas. Dicho esto, comprendo el descontento y que se busquen responsables en la Administración. Es algo comprensible, pero otra cosa es que lo compartamos.

Todo ese lío que hay alrededor de un buque como el Prestige lo complica todo...

El tema es complicado en muchos sentidos. Procesalmente, por el lugar donde se produce el hecho, lo que generó problemas con respecto a la posible competencia. También por la interferencia del derecho internacional y las limitaciones, por la competencia del propio juzgado de Corcubión, por la extensión de los efectos a otros países... Todo creó cuestiones procesales difíciles, como el hecho de que en Francia se siguiera un proceso paralelo, con dos países investigando los mismos hechos, algo que hubo que solucionar asumiendo nosotros todo el pleito francés y el resarcimento de las víctimas francesas.

Y seguir la estela del petrolero...

Claro. A todo esto hay que añadir que hablamos de un buque que sale de San Petersburgo, es reparado en China y revisado en Abu Dhabi y otras partes del mundo, viajó por la mitad de los mares del planeta y acabó colapsando ante las costas españolas... Pues todo este recorrido también tiene que ser investigado. Además, el capitán es griego, la propietaria de Liberia, el armador griego pero con el origen también en Liberia, el fletador del barco suizo pero con una empresa en Londres que quiebra dos veces justo después del accidente... No fuimos capaces de seguir el vendedor o broker del petróleo y el capital asegurado está en Londres a través de un sistema de pólizas bastante complicado y ajeno al derecho español. Sólo con este pequeño relato podemos comprobar el complejo del asunto en todos los sentidos.

Lo que parece evidente es que aquella máxima de “quien contamina, paga” aquí no se cumple...

Independientemente del derecho penal, el hecho de que detrás de la catástrofe del Prestige no haya una empresa solvente que pudiera hacerse cargo de las posibles indemnizaciones lo complica todo. No estamos hablando de Total Fina, por ejemplo, en el caso del Erika. Esto se sitúa en otro escenario de responsabilidad, no sólo penitenciaria, sino civil. Estamos en el peor de los supuestos, dos empresas casi desaparecidas y sin saber a que puerta llamar para el resarcimento de las múltiples víctimas que tuvo ese caso.

¿Están Galicia y el Estado mejor preparadas que hace 13 años de suceder otra catástrofe como la del Prestige?

No se puede descartar que ocurra algo parecido porque, a pesar de aumentarse las medidas de seguridad y hacer España y la UE un gran esfuerzo a través de medidas legislativas, el riesgo sigue siendo muy grande. Hay una parte importante de la flota mundial de transporte cuyo control es muy complicado por su número y porque el comercio subestándar con endebles medidas de seguridad es una parte muy importante del comercio marítimo mundial.

Entonces, ¿seguimos en riesgo?

España, en ese sentido, es un país víctima. Un Estado pequeño, enclavado en un lugar de mucho riesgo, entre el corredor de Fisterra y el del Mediterráneo. La idea de que España es una gran potencia mundial que se impone a un capitán o a una naviera pequeña quiebra cuando te enteras de que en realidad es víctima de las malas prácticas de determinados transportes de mercancías. Sólo viendo las que pasan por Fisterra cada año te das cuenta del riesgo en el que estamos.

¿Galicia más que ningún otro lugar?

El corredor frente a Galicia es quizás uno de los lugares del mundo por donde más mercancías peligrosas pasan. Prácticamente todo el petróleo que viene del mar del Norte y productos de los países de la extinta URSS, que tienen una industria pesada, química y petroquímica muy importante. Es un riesgo que la sociedad y los Estados decidieron asumir, pero que no deja de ser un riesgo.

Y la Justicia, ¿está mejor preparada que entonces?

Tenemos la experiencia de habernos enfrentado ya al problema y a todo este lío que rodea el comercio marítimo. Ahora podríamos dirigirnos de manera más directa a los posibles responsables y las formas de comunicación telemática abreviaron mucho los plazos. Por poner un ejemplo, la comisión rogatoria enviada a China tardó casi tres años en volver y eso ahora es difícil que ocurra. Además, los instrumentos de cooperación internacional son mucho mejores, sobre todo en el espacio de la UE. Dicho esto, quien comete unos hechos que consideramos un delito trata de esconderse y de poner obstáculos para ser investigado y eso no va a cambiar nunca. Por otra parte, la aplicación del derecho comercial marítimo es muy diferente y ajeno al derecho común español. Frente a una tragedia de estas características nunca se está suficientemente preparado.

¿La única manera de acceder a las indemnizaciones es que el Supremo acepte el recurso?

Desde el punto de vista penitenciaria será la única manera de acceder a las cantidades que la Fiscalía pide o pidió. Hay que esperar respectuosamente sin intentar interferir ni presionar, pero nosotros entendemos que la vía de la aseguradora es la única porque si no estamos hablando de sociedades que carecen de capital propio o desaparecieron.

Usted aseguró que, en todo caso, el capitán Mangouras no debía entrar en la cárcel...

Sí. Ya habían transcurrido once años, el capitán debe andar por los 75 y ya había estado en prisión preventiva. Desde el punto de vista humano, parece que una privación de libertad en estas circunstancias no es muy proporcionado. Así lo manifesté a pesar de que la pena determinada era esa... No podíamos parecer personas inhumanas. Una cosa es la aplicación del derecho en abstracto y otra el caso concreto.

A pesar de todo, hubo un rechazo muy amplio de la sociedad gallega a la gestión política de la catástrofe y la impresión de que todo se centró en culpar el capitán...

Quien estuviera presente en los nueve meses del juicio sabría cómo se desgranó la actuación de la Administración punto por punto. Podemos decir que se miró con lupa y es muy difícil llegar a conocer con más detalle lo que llevó a cabo cada uno de los implicados. El capitán, sin ser el único, es responsable porque es la pesona encargada de dirigir el buque y del mantenimiento de la situación. Dentro del entorno del armador o de la sociedad de clasificación podía haber más responsables, pero a quien pudimos traer a juicio fue al capitán. Esta es una consecuencia de que los hechos ocurran muy lejos de los verdaderos centros de decisión.

¿Pero sólo el capitán es culpable?

El capitán puede parecer una figura menor, pero su responsabilidad en la navegación de un buque es muy alta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras el recurso por su entrada en prisión, ya advirtió de que los tribunales españoles no habían hecho nada malo y dijo también que el capitán no es sólo una persona, sino un profesional del que dependen muchas cosas. Asume esa responsabilidad para lo bueno y para lo malo. Cuando el Supremo sentencie, se podrán detallar más cosas...

¿Qué cosas?

Pues detallar elementos por los que yo creo que la Administración no es responsable, pero si lo digo ahora parecerá que quiero anticiparme a la sentencia. No tengo problema alguno en el debate ni en que este sea público. Entiendo la manifestación popular de rechazo porque, si algo hubo en el caso Prestige fue una nefasta política de comunicación por parte de las autoridades y una forma de enfrentar un problema incluso con intentos de ocultación de cierta información a la sociedad. Eso ocurrió en aquellos días pero no quiere decir que ese reproche implique aspectos criminales o la posible imputación de los que tomaron las decisiones. Ese reproche es perfectamente comprensible por parte de la sociedad gallega, que protestó de manera casi unánime. A veces creo que faltan datos, que quien maneja determinadas pretensiones no tiene todos los detalles. De tenerlos, a lo mejor cambiaba algunas tesis.

Lo que sí parece muy criticable es que trece años después aún estemos así y que el juicio tardara más de una década...

Ese es un fracaso absoluto de la justicia. No hay justicia si la justicia no es rápida ni eficaz y aquí probablemente no tuvimos ninguna de las dos cosas. Es un debe. La complejidad del procedimiento era muy alta pero en absoluto podemos sentirnos satisfechos. Si tengo una mínima satisfacción parcial es por haber celebrado un juicio que entiendo que fue justo, pero ni el tiempo de respuesta de la justicia ni las consecuencias tantos años después nos pueden dar ningún tipo de satisfacción.