La Guardia Civil investiga a agentes que atendieron a una mujer y descartaron violencia machista horas antes de que apareciese muerta en un vertedero

Se llamaba Mila. M y tenía 38 años. Los agentes de la Guardia Civil de O Carballiño (Ourense) se encontraron con ella la tarde del pasado sábado en una autovía de la localidad. La mujer caminaba en pijama bajo la lluvia, desorientada. Los guardias la recogieron al pie de la carretera y decidieron trasladarla al centro de salud de la localidad para realizarle una exploración y descartar un posible caso de violencia machista. Tras la exploración y, pese a que la mujer narró episodios de maltrato, los servicios médicos le dieron el alta y los guardias civiles no hicieron nada más. Horas después, durante la madrugada del domingo, un operario municipal encontró el cadáver de Mila M. arrojado a uno de los contenedores del punto limpio. Ahora la Guardia Civil acaba de abrir una información reservada para aclarar si los agentes cometieron una falta disciplinaria al no aplicar el protocolo Viogen que habría permitido proteger a la víctima, aún cuando esta se negase a denunciar, han informado a elDiario.es fuentes del instituto armado.

Según relatan fuentes de la investigación a el diario El País los agentes consideraron que el relato de maltrato que realizó la mujer era “contradictorio”. En el breve tiempo que pasaron con ella pudieron saber que Mila M. trabajaba de camarera en un club de alterne y que acababa de contraer matrimonio con el hijo del dueño de ese establecimiento. El Club Ninfas está regentado por Aquilino González. Según publicó en 2007 el diario La Voz de Galicia González tiene una larga lista de detenciones en Brasil en donde lo condenaron a 13 años de prisión por liderar una red internacional de tráfico de mujeres. Apenas estuvo en prisión una breve temporada. Mila M. era originaria de Brasil.

En España el dueño del Club Ninfas también tuvo problemas con la justicia y de nuevo salió prácticamente indemne. En 2016 La Audiencia Provincial de Pontevedra lo juzgó por delitos relacionados con la trata. El acusado reconoció los hechos y, aunque la Fiscalía pedía en inicio penas de 9 años de cárcel, la sentencia le dejó en la calle a cambio del compromiso de no volver a delinquir. Su nombre es muy conocido entre los colectivos que luchan contra la trata de personas. Carmen Lago, presidenta de la Asociación Faraxa de Vigo contra la trata lo califica como “una de las grandes glorias” del proxenetismo. Además de poseer el Club Ninfas en Maside (Ourense) es propietario de los prostíbulos Goldfinger en Oia (Pontevedra) y Los Corzos en Verín (Ourense).

La investigación que ahora ha iniciado la Guardia Civil pretende aclarar si hay algún tipo de falta reglamentaria en la actuación de los agentes y en el hecho de que no consideraran el riesgo en el que estaba la mujer que habían encontrado en la carretera y los agravantes que pudieran concurrir con su relación con un viejo conocido del mundo delincuencial de la provincia de Ourense. En el caso de que Régimen Disciplinario aprecie indicios de infracción disciplinaria, se les abriría un expediente que podría derivar en una propuesta de archivo o, por contra, en una de sanción contra los agentes.

Los médicos que atendieron a la mujer horas antes de que su cadáver fuese hallado en un contenedor con evidencias de violencia tampoco vieron nada raro en el momento de la exploración. Fuentes del Servizo Galego de Saúde consultadas por elDiario.es aseguran lo siguiente sobre el caso: “Llegó al centro de salud en una ambulancia del 061 acompañada por la guardia civil. La mujer accedió a ser explorada. Una enfermera habló con ella en un sitio apartado porque estaba muy nerviosa. Cuando se encontró mejor, se le dio el alta”. A la pregunta de si la Xunta ha abierto alguna investigación la administración sanitaria gallega se limita a responder lo siguiente: “Nos hemos interesado por el caso”.

Al margen de la investigación interna que podría abrir la Guardia Civil como resultado de la información reservada en marcha, La Policía Judicial ha tomado las riendas de una investigación judicial. La jueza que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario.