Medio gobierno de Santiago, a un paso del banquillo de los acusados
El concejal de Deportes de Santiago, Adrián Varela (PP), llegó al gobierno de la capital de Galicia “desconociendo completamente el funcionamiento de la Administración pública”, según le explicó a la jueza instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara. Unos meses más tarde, con la caída en desgracia del alcalde Gerardo Conde Roa, comenzó a lamentar que el nuevo regidor, Ángel Currás, “pase” de los demás ediles del Gobierno, excepto de “dos o tres concejales”. “Llega un punto en el que o sobrevives o entras en una espiral de suicidio”, le señaló a la magistrada, ante la que también consideró que al frente del gabinete del que forma parte está una pandilla de “descerebrados”. En la parte del sumario sobre la que ya no pesa el secreto se puede escuchar también cómo Varela le dedica la otros ediles calificativos más gruesos como “frígida”, “mal follada”, o “subnormal”. La mayoría de ese gobierno al que descalifica está ahora la un paso del banquillo de los acusados a causa de intentar facilitarle a Varela su defensa judicial con dinero público.
La denuncia de un particular asumida por la Fiscalía derivaba, en otoño de 2010, en la imputación de siete de los trece miembros del Gobierno que dirige Ángel Currás. Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis Bello participaron en la sesión de la Junta de Gobierno local que aprobó pagarle el abogado a Varela para defenderse, precisamente, de su imputación en el caso Pokémon. Ese pago no se llegó a producir, toda vez que el proceso fue detenido a causa de la polémica que creó. No obstante, la denuncia en la que la portavoz municipal, María Pardo, veía “una intencionalidad política clara” sí ha seguido su curso.
A través de un auto publicado este lunes la jueza Ana López Suevos explica por qué concurren “indicios de criminalidad” en la manera de proceder de estos ediles, hasta el punto de dejarlos en el paso inmediatamente anterior a la apertura de juicio oral. La decisión de pagarle el abogado a Varela, recuerda, estuvo apoyada en un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en el que el secretario advertía de que cabía realizar ese gasto, pero si la imputación de Varela tenía su “origen o causa directa” en una “actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento” de su cargo y si “dicha actuación no” había sido realizada “con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares” o que finalmente “se declare la inexistencia de responsabilidad criminal”.
“Todos” sabían que se trataba de la Pokémon
“Todos” los participantes en aquella sesión de la Junta de Gobierno local, dice la jueza, “conocían que la causa penal a la que había sido llamado a declarar” Varela “era la conocida como Pokémon, que investigaba una supuesta trama de corrupción”. Algunos de ellos “conocían incluso que el señor Varela estaba imputado por presuntos delitos de soborno, falsedad documental y prevaricación” y, por lo tanto, “actos supuestamente cometidos no en el ejercicio de sus funciones”, sino realizados “con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereseses particulares propios o de su grupo político” que pueden chocar con los “intereses propios de la Corporación local”, por los que le corresponde “velar” al gobierno local.
La magistrada aún ve más motivos para seguir adelante. “La asunción de gastos” no estaba condicionada “a la absolución de Adrián Varela” y por si fuera poco, fue el propio Varela “quien libremente designó el abogado a quien atribuía su defensa” y no el Ayuntamiento. En esta línea, “el acuerdo se adoptó sin aprobar partida presupuestaria concreta” y sin “introducir ningún límite cuantitativo, lo que unido a que se permitió a don Adrián designar libremente a su abogado, supuso que no se adoptara ninguna prevención acerca del importe de los gastos”, sin asegurarse“ de que estos no iban a ser ”excesivos para el erario público municipal“.
Así las cosas, López Suevos se dirige a la Fiscalía, órgano que ya observó un posible delito en la manera de proceder de los ediles, para que en diez días formule un escrito de acusación y solicite apertura de juicio oral o bien recomiende archivar la causa. Si el procedimiento continúa como hasta ahora, la mitad más uno de los miembros del Gobierno local compostelano se sentará en el banquillo de los acusados. Mientras, el alcalde permanece imputado por la propia operación Pokémon.
