Nueva jornada de protestas masivas en múltiples localidades gallegas. El pasado 8 de marzo las muy concurridas manifestaciones impulsadas por el movimiento feminista al amparo del Día de la Mujer y de la huelga del 8M contribuyeron a romper un lugar común con relación las movilizaciones ciudadanas gallegas: la necesidad de centralizarlas en un único punto para que sean realmente numerosas y no atendidas únicamente por unos pocos cientos de personas. Este sábado la movilización en la defensa de las pensiones públicas tenía en Galicia hasta 17 localidades de convocatoria y en la mayoría de ellas, especialmente en las ciudades, la respuesta ha sido masiva. Millares, decenas de miles de personas por todo el territorio.
La movilización de este sábado, una convocatoria a nivel estatal, estaba impulsada en Galicia desde el Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas, así como por diversas plataformas locales y apoyada por los sindicatos CC.OO. y UGT. Representantes de estas centrales sindicales y diversos cargos de En Marea y PSdeG -entre ellos, Luís Villares en Santiago, Gonzalo Caballero en Vigo y numerosos dirigentes locales de ambas formaciones en las diversas localidades- se unieron a manifestaciones y concentraciones en las que, no obstante, abundaban las pancartas hechas en casa con lemas y consignas diversas, desde el rechazo a la subida máxima del 0,25% anual impuesta por la última reforma del sistema hasta réplicas a las acusaciones de manipulación partidaria del movimiento: “estamos jubilados, no atontados”, rezaba un cartel en Santiago.
El fondo de estas protestas es la preocupación por las pensiones del futuro, pero también por el hecho de que las actuales pensiones de jubilación “no garantizan una vida digna para las personas mayores”, explican desde MODEPEN. En Galicia, resaltan, “el 63% de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza, el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas y diez puntos por encima de la media estatal”. “Las implicaciones éticas de dejar a las personas mayores en la pobreza son evidentes, pero como a algunos gobernantes no les preocupan, señalamos también los efectos económicos: reduce la autonomía” tras la jubilación e “incrementa la demanda de servicios sociosanitarios”.
Para este colectivo la “historia del desmantelamiento del sistema público de pensiones” no hay que buscarla únicamente en el actual Gobierno de España, porque “viene de muy atrás”, al menos “desde la primera vez que el gobierno de Aznar metió la mano en la caja de la Seguridad Social”, pero “se ha visto muy agravada por la crisis económica y las reformas laborales de 2010 y 2012, que abaratan el despido y precarizan el empleo”, así como por “otras medidas antisociales” como el incremento de los copagos farmacéuticos o los obstáculos para el acceso a cuidados públicos para las personas dependientes.
“Gobierne quien gobierne, las pensiones no se venden”, “que no nos roben las pensiones” o “la pensión es un derecho, no una limosna”, han sido algunas de las consignas reiteradas por toda Galicia para sintetizar en concentraciones y manifestaciones una tabla reivindicativa que MODEPEN encabeza con la necesidad de “mantener el poder adquisitivo de las pensiones públicas” y para eso, resaltan, romper con el “ridículo 0,25% de subida”. Es necesario también, destacan, “denunciar la entrada en vigor el 1 de enero de 2019 del llamado factor de sostenibilidad”, el “aberrante recurso de adaptar la cuantía del cobro de las pensiones a la esperanza de vida de las personas pensionistas”.
“Tratar las pensiones como derecho constitucional”, “restablecer la jubilación a los 65 años”, recuperar el subsidio para mayores de 52, poner la ley de dependencia “en pleno funcionamiento” o establecer recursos para “eliminar la brecha de género en las pensiones públicas” son otras de las reivindicaciones que, advierten, mantendrán en el tiempo porque “los jubilados no somos trapos”. Mientras estas movilizaciones se desarrollaban, el PP gallego difundía a través de las redes sociales las declaraciones del ministro portavoz del Gobierno central sobre las protestas, en las que además de defender la gestión del gabinete de Mariano Rajoy en la materia, Íñigo Méndez de Vigo insinuó que por detrás de esta convocatoria estaba la manipulación de las fuerzas políticas de la izquierda.