Piden investigar a la empresa de una excargo del PP por deficiencias en el nuevo hospital de Vigo
Goteras, pequeñas inundaciones, e incluso una parte de un falso techo desplomada sobre una paciente. Son algunas de las deficiencias que ha mostrado en sus primeras semanas de funcionamiento el nuevo hospital de Vigo, abierto parcialmente este verano y visitado hasta la saciedad por cargos de la Xunta en vísperas de las elecciones municipales. Los problemas en el edificio se suman a la indignación generada por algunas de sus 'novedades', como el aparcamiento que obliga a pagar a los enfermos y a parte del personal. En este contexto, entre el personal y la oposición parlamentaria se multiplican las voces que exigen responsabilidades y una investigación apuntando a la Xunta, pero también la una empresa gestionada por una excargo del PP.
Es, concretamente, la portavoz sanitaria del PSdeG, Carmen Acuña, quien ponen el foco sobre Efficientia Clinical Management, una compañía gestionada de manera “unipersoal”, subrayan, por Ana Sánchez, antigua directora médica del Hospital Meixoeiro de Vigo, que además ha desempeñado diversas responsabilidades en los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid, entre ellos la viceconsejería de Asistencia Sanitaria. Dentro del nuevo complejo hospitalario, promovido por el sistema público-privado, el Servizo Galego de Saúde le encomendó en mayo de 2011 a la empresa pública Galaria la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Seguimiento del hospital. Poco después, Galaria puso este servicio en manos de Efficientia, constituida a comienzos de ese mismo 2011.
Después de que, durante estos años, la empresa de la antigua dirigente del PP haya sido la encargada de gestionar diversas operaciones de privatización sanitaria en administraciones dirigidas por su partido -tal y como muestra la propia compañía bajo el epígrafe “hitos profesionales”-, los socialistas ven clara la “explicación” a los “recortes sufridos por el nuevo hospital de Vigo”. Son, lamentan, “iguales a los aplicados anteriormente por la persona responsable ahora de Efficientia Clinical Management cuando tuvo responsabilidades en la sanidad madrileña”. “Siempre el mismo modelo: privatización de recursos, laboralización del personal y copago por parte de los pacientes, tal y como ella misma [Ana Sánchez] recomendó en una Comisión del Congreso de los Diputados”, resalta Acuña.
A juicio de Acuña no es posible desligar la gestión de esta empresa de los “importantes recortes” aplicados por la Xunta al proyecto inicial del hospital “para abaratar gastos a la concesionaria privada” en ámbitos como el número de camas, de quirófanos o salas de radiología, “además del empeoramiento en la calidad de los materiales de construcción y la pérdida de eficiencia energética”. En este contexto, la parlamentaria socialista acaba de presentar una batería de preguntas parlamentarias para intentar aclarar la situación del hospital en un contexto en el que, además, llama al Gobierno gallego a considerar si “sería necesaria y oportuna, en aras de cumplir con la ley de transparencia y el código ético del presidente Feijóo, la creación de una Comisión de Investigación para tratar de aclarar las sospechas y calmar la crispación profesional y social creada ante las irregularidades detectadas en la construcción y con la privatización y recortes del nuevo hospital privado de Vigo”.
Nueva denuncia en la Inspección de Trabajo
La petición de explicaciones del PSdeG ha coincidido en el tiempo con la presentación de una nueva denuncia ante la Inpección de Trabajo de Vigo sobre el nuevo hospital por parte de CIG-Saúde. El sindicato observa “cinco situaciones de riesgo” para personal y enfermos, “la mayoría” ligadas al “diseño estructural” del complejo, “en el que no se han tenido en cuenta las opiniones de los profesionales”. Esto, reprochan, da lugar a que, por ejemplo, exista “falta de ventilación” o a que haya que gestionar la “mala decisión de situar en el interior del hospital el almacenaje de productos tóxicos”.
Concretamente, la CIG considera que en el nuevo hospital se vulnera la normativa vigente en materia de accesibilidad de personas con discapacidad a causa de los bolardos instalados en su entorno. Además, advierten, el Sergas obvia la “gravedad que supone la falta de señalización de evacuación” y de un plan al respecto. Del mismo modo, denuncian que “la distancia a los tanques externos de suministro de nitrógeno líquido es mucho mayor de la recomendada por cualquier normativa y el riesgo de fugas también es mayor. Por último, alertan de la ”falta de ventilación donde se almacenan productos tóxicos, como en el servicio de anatomía patológica, y la mala construcción del laboratorio de respuesta hospitalaria, que “vulnera principios de protección y seguridad biológica del personal”.
