Adif hace oficial su renuncia a privatizar la seguridad del AVE Galicia-Madrid
Las instalaciones de seguridad, telecomunicaciones y control del tráfico del AVE Galicia-Madrid ya no correrán por cuenta de una concesionaria durante 25 años sino que serán asumidas por la propia Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento. Así lo acaba de hacer oficial Adif con la publicación este lunes en el BOE de su renuncia, decidida hace tiempo pero concretada aún ahora, a varios contratos lanzados en 2011 por el último Gobierno central del PSOE.
La crisis y la reducción de los presupuestos había hecho que el equipo del entonces ministro socialista José Blanco optase por la colaboración público-privada para no demorar aún más varias actuaciones del AVE gallego como la instalación de las vías, o la electrificación y los sistemas de seguridad. Fue así como, con el asentimento de la Xunta en el marco del Pacto del Obradoiro acordado entre Blanco y Feijóo, Adif diseñó varios contratos de construcción y mantenimiento durante 25 años de diversas instalaciones que sumaban, incluidos los pagos futuros previstos, más de 2.000 millones de euros. Sin embargo, Adif no encontró empresas interesadas o que tuvieran la capacidad de adelantar el dinero para la ejecución inicial de esas instalaciones técnicas. Ante esa situación, la empresa pública ya había comenzado incluso a contratar varias de esas actuaciones con cargo a sus propios presupuestos, pero es aún ahora cuando publica en el BOE su renuncia a aquellos contratos anteriores.
La intención de renunciar a la colaboración público-privada para la gestión del AVE Galicia-Madrid ya había sido avanzada hace más de cuatro años por el anterior equipo de Adif, ya con el PP al frente. Lo había admitido a finales de 2013, poco después del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, pero asegurando que esa decisión no tenía que ver con el siniestro, a pesar de que en el tramo Ourense-Santiago en el que se produjo ya se habían detectado varios defectos de seguridad y ese iba a ser un tramo cuya gestión también iba a estar incluida en la colaboración público-privada. Unas concesiones que habían causado malestar entre el personal de Adif, que consideraba que suponía externalizar y perder parte del control y de la supervisión sobre unas funciones que siempre habían realizado ellos.
