Feijóo anuncia 12 nuevas leyes para este 2018, cinco de ellas ya prometidas para 2017
“El objetivo del Gobierno gallego es gobernar con previsión”. Así presentó este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la planificación de leyes y decretos que su ejecutivo prevé aprobar a lo largo de este año 2018. Lo hizo cuando ya casi ha pasado un trimestre del ejercicio y anunciando 12 nuevas leyes, cinco de las cuales ya había prometido en su planificación para 2017 sin ser capaz de cumplirla.
El año pasado la Xunta divulgó su Plan Anual Normativo, una obligación establecida por la legislación estatal, a finales de mayo. En él comprometía la aprobación en 2017 de 11 leyes, pero en la actualidad están aún sin remitir al Parlamento de Galicia para su debate y validación cinco de ellas: las leyes de patrimonio de Galicia, empleo, administración digital, patrimonio natural y ordenación farmacéutica. Este jueves el propio Feijóo admitió que las dos primeras están “retrasadas”.
Además de volver a comprometer para este 2018 esas cinco leyes no aprobadas en 2017, Feijóo enumeró este jueves las otras leyes que la Xunta prevé remitir este año al Parlamento para su debate y aprobación: la de Presupuestos de 2019, juegos y apuestas, calidad de las aguas durante las sequías, rehabilitación urbana, uso lúdico de aguas termales e impulso demográfico, además de un decreto legislativo para obtener un texto refundido de la ley de cooperativas.
El incumplimiento del Gobierno gallego de sus propias previsiones normativas fue criticado a finales del pasado año por el PSdeG con un exhaustivo informe que, además de las leyes, indicaba que en 2017 también quedaron sin aprobar 35 de los 69 decretos comprometidos por la Xunta. Ahora, además de las leyes que compromete para este año, el Gobierno gallego anuncia 70 nuevos decretos y 25 reglamentos. Entre esas normas de rango inferior a las leyes, la Xunta vuelve a prometer, entre otros, el decreto que debe desarrollar el reglamento de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), cuya tramitación acaba de iniciar con tres años y medio de retraso tras la aprobación a finales de 2013 de la Ley de Inclusión Social de Galicia.
