El fiscal jefe de Ourense, investigado por el caso de su vivienda sin pagar obtiene plaza en Madrid
La fiscalía provincial de Madrid es el nuevo destino para el que acaba de ser nombrado, según publicó el BOE el pasado sábado, el hasta ahora fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso. El fiscal fue suspendido cautelarmente de sus funciones hace un mes en el marco de una investigación interna de la Fiscalía General del Estado para aclarar la situación de su vivienda, cuyo alquiler asumió la Xunta desde 2004 hasta 2016 y que él no abandonó ni pagó cuando el Gobierno gallego dejó de hacerlo, lo que desembocó en una denuncia por impago de su propietario contra el Gobierno gallego. En las últimas semanas Xunta, propietario e inquilino negociaron un acuerdo para evitar juicio en el que el fiscal se compromete a asumir los gastos desde que el Gobierno gallego dejó de abonar el alquiler de su piso en 2016.
Florentino Delgado tiene también abierto otro expediente disciplinario, junto con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, por abuso de autoridad en perjuicio de la exconcejala socialista de Ourense Áurea Soto, que había denunciado una supuesta ilegalidad urbanística del exalcalde popular Manuel Cabezas. A pesar de contar con esos dos expedientes disciplinarios abiertos, la medida cautelar de su suspensión provisional de funciones por parte de la Fiscalía General del Estado se debe sólo al caso de su vivienda, que explotó cuando un particular propietario del inmueble denunció ante la justicia a la Xunta por el impago desde 2016 del alquiler que ésta venía asumiendo desde finales de 2004, cuando Delgado llegó a la fiscalía de Ourense y el Gobierno gallego ofreció el céntrico piso, situado a pocos metros de la fiscalía provincial, como incentivo para ocupar la plaza. Tras dejar de pagar la Xunta el alquiler, que ascendía a unos 900 euros al mes, Delgado siguió ocupando el piso sin abonarlo él, al tiempo que el Gobierno gallego sí seguía pagando los gastos de servicios del mismo, y mientras el dueño no denunciaba su deuda hasta comienzos de 2018.
La Xunta justificó a la vez dejar de pagar el alquiler porque ya no se daban las condiciones de 2004 y seguir pagando los gastos para que el fiscal no la pudiera acusar de coacciones. En las últimas semanas se ha negociado un acuerdo para evitar llegar a juicio por el que el fiscal asume el pago al propietario de los alquileres atrasados desde que en 2016 dejó de abonarlos la Xunta. La Xunta también recibirá de Delgado los gastos de los servicios del piso que el Gobierno gallego siguió abonando durante este tiempo.
Según indica la Xunta, el propietario “acepta la resolución contractual realizada por la Xunta con efectos de 31 de agosto de 2016” y, a su vez, “ arrendador y fiscal conciertan contrato de arrendamiento de la vivienda con efectos de septiembre de 2016 y éste asume el pago de las cantidades reclamadas a la Xunta”. Igualmente, “el fiscal asume el pago de las cantidades abonadas por la Xunta en concepto de suministros correspondientes a la vivienda”. “Comunicada la satisfacción extraprocesal al juzgado, este decretó el archivo del procedimiento”, señala la Xunta.
La situación del piso del fiscal saltó a la luz pública después de que éste se querellase contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario a una anciana que ocupaba otro inmueble de propiedad autonómica. A comienzos del pasado mes de abril el juez que instruía el caso acordó su archivo porque consideró que la dejadez de la Xunta en el mantenimiento del inmueble no podía considerarse un delito de coacciones contra la inquilina.
Delgado obtiene ahora plaza en la fiscalía provincial de Madrid pero sobre él sigue pesando, además del expediente disciplinario para aclarar qué pasó con su piso, otro que analiza un supuesto abuso de autoridad y dejación de funciones en su actuación y la del fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en una denuncia presentada por la exconcejala socialista Áurea Soto contra el exalcalde popular Manuel Cabezas por supuestamente no reclamar para la administración local las cesiones urbanísticas a que estaban obligadas algunas promociones inmobiliarias de la ciudad. Los abogados de la exconcejala se quejaron tanto de la inacción del fiscal en el caso como de la actuación de Delgado contra ellos, lo que acabó implicando al fiscal superior, que encargó al propio Delgado la investigación de las denuncias sobre la actuación de la fiscalía en el caso.
