Víctimas del Alvia y BNG: “Si la UE dice que España aún no cumple las normas de seguridad, ¿cómo sería cuando el accidente?”
Tras más de cinco años de gestiones ante diversas instituciones comunitarias en las que la plataforma de víctimas del Alvia, con afectados de todo el Estado, ha ido de la mano de la eurodiputada del BNG Ana Miranda, este jueves unos y otra se congratulaban de la decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción contra España tras constatar que “los procesos de seguridad en dicho país no cumplen los requisitos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria”. Tanto Miranda como el portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, coincidían este jueves en preguntarse cuál sería el nivel de incumplimiento en 2013, cuando ocurrió el accidente, de la normativa comunitaria de seguridad de 2004 que la Comisión Europea considera que aún no está cumplida por parte de España en 2019. “Si la UE dice que España aún no cumple, mucho más incumplía entonces”, dicen los dos con palabras similares.
Domínguez, que en los más de cinco años que han pasado ya desde el siniestro está recibiendo más respuestas y atención por parte de las autoridades europeas que de las españolas y gallegas, considera “triste” que la seguridad ferroviaria en España tenga que ser mejorada por la iniciativa de las víctimas del mayor accidente sufrido en el sector en las últimas décadas, con 80 muertos, y no por iniciativa de los sucesivos gobiernos de populares y socialistas. El portavoz de las víctimas espera que ahora el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, los reciba nuevamente y les ofrezca alguna salida para que se pueda realizar la nueva investigación técnica del siniestro que viene reclamando la UE. Igualmente, el hecho de que durante todos estos años España no fuese capaz de cumplir la normativa europea sobre seguridad ferroviaria es para Domínguez otra prueba de la responsabilidad política “in vigilando” de los exministros José Blanco y Ana Pastor.
Por su parte, la eurodiputada Ana Miranda, que en este tiempo ha actuado como representante de facto de las víctimas ante diversas instituciones europeas, con una actuación directa incluso en la obtención de informes comunitarios para la causa judicial del siniestro, espera que la decisión ahora tomada por la Comisión Europea pueda contribuir a que esa instrucción penal vuelva a ser reabierta, como ya lo fue en 2016, y continúe extendiendo responsabilidades por distintos departamentos gubernamentales. Hace un mes y medio el juez instructor, con el apoyo posterior del fiscal, decidió dar por finalizada la instrucción y propuso llevar a juicio no sólo al maquinista del tren Alvia por despistarse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois sino también a un cargo de Adif por no disponer de las medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente. Ahora Miranda considera que si la Comisión Europea constata que España no está aplicando correctamente la normativa comunitaria de seguridad ferroviaria, las responabilidades penales podrían ir más allá de ese cargo de Adif.
Comparecerá el 'número 2' de Fomento pero En Marea pide que lo haga el ministro
Tras conocerse la apertura del procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, este mismo jueves el Ministerio de Fomento anunció la próxima comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, número 2 del ministro Ábalos. Sin embargo, la diputada de En Marea Alexandra Fernández, especialmente activa en la comisión de investigación sobre el siniestro abierta en el Congreso, ya ha reclamado que sea el propio ministro el que comparezca y considera que el anuncio comunitario “es muy grave, es un mazazo para el Estado español que debe hacer las modificaciones pertinentes”. También hubo reacción a la decisión comunitaria por parte del grupo de En Marea en el Parlamento de Galicia, donde el viceportavoz Antón Sánchez, otro de los diputados que más apoyo viene mostrando a las reclamaciones de las víctimas, ha vuelto a insistir en su reclamación de que también la Cámara autonómica acoja una comisión de investigación, a la que se viene negando el PP de manera reiterada.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que durante los años de gobierno del PP en Madrid se esforzaba en justificar los comportamientos de sus compañeros de partido, evitó este jueves pronunciarse sobre la cuestión, argumentó que “todo lo que se refiere a materia de seguridad ferroviaria es competencia exclusiva del Estado, y por lo tanto corresponde al Estado dar cuenta” y dijo que “alguien tendrá que responder” de las deficiencias que detecte la Comisión Europea.
