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La Xunta deja sin aprobar la mitad de las leyes y decretos que prometió para 2017

Plan Normativo 2017 con las previsiones de la propia Xunta de las leyes y decretos que quería aprobar

David Reinero

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, suele elogiar a su propio ejecutivo frente a otros como un “gobierno previsible”. Sin embargo, la Xunta no es capaz de cumplir sus propias previsiones sobre las normas que quiere aprobar cada año, el denominado Plan Anual Normativo. El de este 2017 preveía la aprobación de 11 leyes y 69 decretos, pero el año finaliza con sólo 5 leyes y 35 decretos aprobados, según denuncia el PsdeG-PSOE.

El diputado socialista Juan Díaz Villoslada compareció este martes en rueda de prensa para denunciar lo que denominó “ abulia legislativa” de la Xunta. Frente a ese incumplimiento de sus propias previsiones por parte del Gobierno gallego, Villoslada contrapuso el “ rodillo” que el PP acaba de aplicar en el Parlamento gallego para aprobar la denominada ley de acompañamiento de los Presupuestos autonómicos para 2018, a través de la que, con una tramitación acelerada y con menos debate, ha modificado otras 20 leyes previas, 12 de ellas impulsadas durante los mandatos del propio Feijóo.

El Gobierno gallego no hizo público su Plan Anual Normativo para este 2017 hasta finales de mayo, cuando ya habían pasado cerca de cinco meses del año. En él se comprometía a aprobar 11 leyes, de las que ahora que finaliza el año sólo están aprobadas cinco, y con matices. Quien aprueba las leyes es el Parlamento, pero la mayoría absoluta del PP no supone ningún impedimento para el Gobierno gallego. A pesar de eso, los socialistas tienen en cuenta sólo la aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno gallego para su remisión al Parlamento. Atendiendo a ese criterio, sin evaluar si finalmente el Parlamento ha aprobado ya la ley o no, este 2017 el Gobierno gallego remitió a la Cámara las leyes de espectáculos públicos, bienestar animal, puertos autonómicos, Presupuestos para 2018 y salud.

Si en el caso de la ley de salud la propuesta del Gobierno gallego aún acaba de entrar ahora en la Cámara y no será aprobada hasta el año próximo, una de las leyes sí aprobadas por el Parlamento, la de implantación empresarial conocida por sus detractores como “ley de depredación de Galicia”, no fue propuesta por la Xunta, como se había comprometido en su plan anual, sino que la dejó a iniciativa del grupo parlamentario popular “salvando así los informes preceptivos que se le requieren al gobierno”, según critican los socialistas. El año finaliza sin que el Gobierno haya remitido siquiera a la Cámara sus prometidas leyes de administración digital, patrimonio, patrimonio natural, empleo y ordenación farmacéutica.

En el siguiente nivel normativo, el de los decretos, los socialistas critican que la Xunta prometió aprobar 69 pero que sólo cumplió con 35. Entre los decretos sí aprobados, una docena de ellos establecen los correspondientes currículos normativos para acceder a los títulos oficiales de técnicos deportivos en Baloncesto, Atletismo o Hípica. Por el contrario, entre los aún no aprobados figuran los que deben regular la renta de inclusión social (Risga), el transporte público en vehículos de turismo o los usos de determinadas franjas costeras.

La Xunta admite su incumplimiento

Tras la denuncia pública de los socialistas, acompañada de un informe de 16 páginas en el que analizan de manera pormenorizada cada incumplimiento, el Gobierno gallego emitió una nota de prensa de tres párrafos en la que admite que no ha cumplido con su propio plan normativo. El ejecutivo de Feijóo dice que “este año la Xunta aprobó en Consello y remitió al Parlamento gallego seis leyes” (se atribuye la de implantación empresarial, impulsada por el grupo popular y no por el ejecutivo), frente a las “11 leyes previstas”. De las restantes, el Gobierno gallego ni siquiera dice que todas estén en tramitación “avanzada” sino sólo tres. El gobierno de Feijóo también se enorgullece de ser el primero que aprueba y publica un plan con sus previsiones normativas, obviando que es un deber impuesto por una ley estatal de 2015.

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