Seis años después del Alvia ya han discrepado de la versión oficial seis jueces, un fiscal y una agencia europea
Hace seis años quien se atreviera a poner en entredicho la versión de que el maquinista había sido el único responsable del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois estaba poniendo en riesgo el negocio internacional de la industria de la alta velocidad española. Así lo hacían ver desde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, después ministro de Justicia y Fomento. La del despiste del maquinista, que no frenó a tiempo, sigue siendo la versión oficial del accidente de aquel 24 de julio de 2013 en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Pero en estos seis años que han pasado desde entonces, esa versión ya ha sido puesta en entredicho por seis jueces, un fiscal y la Unión Europea.
El accidente de Angrois cumple este miércoles seis años con la causa judicial pendiente de que la Audiencia Provincial de A Coruña decida si valida la propuesta del juez instructor, avalada por el fiscal, de juzgar como responsables en igual grado del accidente no sólo al maquinista del tren, Francisco José Garzón, imputado desde el primer momento, sino también al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no evaluar como obligaba la normativa el riesgo previsible de un error humano que existía en aquella curva e implantar medidas para paliarlo o evitarlo. Unas sospechas, las existentes sobre los defectos de seguridad permitidos por Adif, a las que se han ido sumando progresivamente varios jueces.
El primer juez instructor del caso, Luis Aláez Legeren, ya apuntó a Cortabitarte y a más de una veintena de directivos y técnicos de Adif, pero la Audiencia de A Coruña levantó aquellas imputaciones. El segundo juez instructor que lo sustituyó, Andrés Lago Louro, tampoco vio inicialmente responsabilidades más allá del maquinista, pero tres años después del accidente, en mayo de 2016, la misma Audiencia, con un tribunal formado por los magistrados Ángel Pantín Reigada, José Gómez Rey y María del Carmen Martelo Pérez, pidió al instructor reabrir el caso e investigar más allá de la actuación del maquinista. En concreto, la manera en que Cortabitarte había analizado los riesgos existentes en la curva de Angrois cuando autorizó poner en servicio la línea ferroviaria en 2011 sin el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) instalado en la curva y cuando en 2012 permitió que el sistema se desconectase también a bordo de los Alvia.
En esa investigación de cómo Adif había evaluado los riesgos de Angrois fue determinante un informe crítico de la Agencia Ferroviaria Europea, que acabó provocando la imputación de Cortabitarte por parte del segundo juez instructor en marzo de 2017, avalada tres meses después en la Audiencia de A Coruña por un tribunal en el que un nuevo magistrado, Alejandro Morán Llordén, sustituía a Martelo Pérez.
El pasado diciembre el juez instructor concluyó que hay pruebas suficientes para juzgar a Cortabitarte al mismo nivel que al maquinista como responsables los dos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 delitos de lesiones por el mismo tipo de imprudencia. Y después de que el primer fiscal del caso, Antonio Roma, insistiese en no investigar más que al maquinista, el segundo fiscal que se ha hecho cargo de la instrucción, Mario Piñeiro, avaló la propuesta del juez frente a las peticiones de los acusados de ser exculpados y las de las víctimas para que se amplien las imputaciones a otros cargos. Ahora será nuevamente la Audiencia de A Coruña la que decida si avala o corrige esa propuesta.
Los políticos piden perdón, la versión oficial permanece
Al tiempo que proponía juzgar al director de Seguridad de Adif, el juez también levantó el pasado diciembre la imputación que pesaba sobre su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, que tres meses antes se había convertido en la única persona que ha dimitido de su cargo tras el accidente en estos seis años. Su salida se produjo el pasado septiembre sólo tres días después de que, por primera vez, un ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, llegado al puesto pocos meses antes, pidiese perdón a las víctimas “en nombre de este Gobierno”. En febrero lo harían también los ministros cuando se pusieron en servicio la línea ferroviaria -el socialista José Blanco- y el tren Alvia -la popular Ana Pastor-, que dijeron no ser conocedores de las decisiones sobre la seguridad de Angrois pero lamentaron si sus actuaciones tras el accidente añadieron dolor a las víctimas.
Las intervenciones de Blanco y Pastor en el Congreso pusieron el punto final a una largamente reclamada comisión de investigación política sobre el siniestro que finalizó sin conclusiones al adelantarse las elecciones generales. En esas sesiones Cortabitarte aseguró que no había recibido presiones políticas para tomar las decisiones que tomó.
Las comparecencias en el Congreso también sirvieron para que los responsables de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento se empeñasen en mantener su conclusión oficial sobre el siniestro de que éste se había debido sólo al despiste del maquinista. Esa investigación técnica oficial exculpatoria de Adif y Renfe influyó en los primeros compases de la investigación penal, hasta el punto de que uno de los supuestos peritos judiciales independientes plagió varias partes del informe de la CIAF.
Sin embargo, la Agencia Ferroviaria Europea, al tiempo que ponía en evidencia los defectos del análisis de riesgos de Angrois, también invalidaba la investigación de la CIAF por la falta de independencia de sus miembros, nombrados por Fomento, y por no querer averiguar más allá del maquinista. La Comisión Europea viene reclamando desde entonces a España que cumpla con la normativa comunitaria y haga una investigación técnica independiente y a fondo del siniestro, pero Fomento dice que la CIAF ahora ya sí es independiente y por lo tanto ya no puede darle ese tipo de órdenes. Y la CIAF insiste en que no considera necesario reabrir la investigación.
Seis años después la única conclusión oficial sobre el siniestro de Angrois sigue siendo aquella que establecieron los investigadores de Fomento de que la causa del accidente fue un exceso de velocidad “por no respetar el personal de conducción lo establecido”. Conclusión de la que ya han dudado seis jueces y un fiscal y que la UE viene reclamando sin éxito replantear.
