La lenta lucha contra el acoso laboral en la Xunta: seis meses para investigarlo sin medidas cautelares que separen a los implicados
Hace años que la legislación laboral y penal viene reforzándose contra el acoso laboral y empresas y administraciones de todo tipo vienen implantando medidas de control interno para evitar o depurar los posibles casos que se den en ellas. Sin embargo, reiteradas denuncias evidencian que la actuación de la Xunta ante esos posibles casos es lenta o inexistente, abocando a los afectados a un largo proceso de reclamaciones administrativas y judiciales. El propio protocolo de lucha contra el acoso en la Administración autonómica impulsado por el Gobierno gallego en 2016 ha ampliado de un mes a seis meses el plazo que pueden durar las investigaciones de esos posibles casos, período para el que no se contemplan medidas cautelares que mejoren la situación de las posibles víctimas. El protocolo, por otra parte, no se aplica a todos los empleados que dependen de la Administración gallega.
La Xunta justifica que el cambio del protocolo fue solicitado y aprobado por unanimidad de los cuatro sindicatos (CIG, CCOO, UGT y CSIF) y que “obedece a disponer de tiempo necesario para hacer investigaciones completas y en condiciones, ya que el plazo era muy escaso”.
Los casos de dos empleados públicos gallegos que contactaron en los últimos meses con este medio pueden servir como ejemplo de la lentitud de la lucha contra el acoso laboral por parte de la Xunta. Los dos, que prefieren guardar el anonimato de sus nombres pero a los que no les importa que se conozcan detalles de sus puestos de trabajo, cuentan con informes médicos que relacionan sus reiteradas bajas sanitarias con el “ estrés laboral” o el “ambiente laboral” y llevan años acumulando pruebas para intentar demostrar que lo que sufren es acoso laboral. Pero su empleador, la Xunta, no tiene prisa en averiguar si eso es así o no, o cuando menos en volver a contar con esos empleados al cien por cien de su productividad.
Uno de los afectados, funcionario público en una oficina en Lugo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, con tareas en parte de gestión interna y en parte de atención a la ciudadanía, relata cómo su inmediata jefa superior lleva tres años obstaculizando su trabajo y sus descansos con requisitos que no pide a otros compañeros, desatendiendo quejas por malas condiciones del puesto de trabajo o demorando la concesión de los días libres o vacaciones a que tiene derecho. Cuando vuelve de esos descansos dice encontrar que en su ausencia su puesto no ha sido cubierto, por lo que acumula expedientes sin resolver que acaban afectando a la ciudadanía. De baja desde hace casi un año, el pasado febrero se decidió a denunciar su situación ante el comité de intervención creado por el protocolo de lucha contra el acoso laboral de la Xunta.
El denominado Protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso laboral y otras discriminaciones en el trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia tiene un título tan largo como larga es su introducción, en la que recuerda toda la legislación y recomendaciones internacionales de lucha contra el acoso laboral. El protocolo fue impulsado por la Xunta en 2016, pero este año ha sido modificado. Donde antes daba 30 días para investigar los posibles acosos laborales, ahora el plazo ha pasado a ser de seis meses. Sin embargo, en el caso del funcionario lucense su denuncia se presentó cuando supuestamente el plazo aún era de un mes, pero no fue hasta la pasada semana, cinco meses después, que le comunicaron que ha sido admitida a trámite. Aún ahora se iniciará la investigación.
Las denuncias al amparo del protocolo contra el acoso de la Xunta pueden formularse ante la secretaría general de cada consellería o ante un comité de intervención compuesto por ocho miembros, cuatro a propuesta del Gobierno gallego y cuatro representantes sindicales. Dos de estos últimos admiten a este diario que la modificación este año del protocolo que se había aprobado en 2016 contó con la aprobación sindical, pero lo justifican en la incapacidad material de atender los casos que tienen sobre la mesa, una veintena en la actualidad, en sólo un mes desde que reciben las denuncias, por lo que piden más recursos a la Xunta. A cambio, dicen, lograron que la Xunta les ofrezca mejor formación en la materia de la que habían recibido inicialmente. Pero el nuevo texto también amplió el plazo de uno a seis meses para los casos que se denuncien directamente ante a propia Xunta y no ante ese comité con los sindicatos. El protocolo también permite ahora, a diferencia de la versión de 2016, que los miembros del comité puedan acceder a los centros de trabajo implicados, puedan emitir votos particulares o que la Xunta tenga que elaborar una memoria anual sobre su funcionamiento.
“En general hay poco personal en la administración con formación y preparación para la prevención de riesgos, y los sindicatos no damos para más”, dice uno de los miembros del comité consultado, que admite que para los denunciantes la situación puede ser desesperante y abocarlos a la vía judicial ante la ausencia de medidas cautelares en la vía administrativa, como el cambio temporal de puesto mientras no se investiga el caso. Hay que respetar la presunción de inocencia del presunto acosador, y puede que el caso realmente no sea de acoso laboral, pero los certificados médicos evidencian que los denunciantes así lo viven y que la permanencia en esos puestos acaba desembocando en ausencias prolongadas del mismo por bajas. Pierde el presunto acosado y pierde la administración que no puede contar con uno de sus empleados, admiten los representantes sindicales.
“Tú tienes que desaparecer. Vives mejor, pero es artificial. Quiero trabajar, pero sé que si vuelvo y está allí la acosadora, volveremos a discutir”, resume el denunciante, que sospecha que, como en el suyo, en muchos de estos casos “los implicados son cargos de libre disposición, nombrados por intereses políticos, que primero tratan de esconder lo que ocurre y después se protegen entre ellos”.
El protocolo no ampara al personal de la Justicia o subcontratas
El protocolo de lucha contra el acoso laboral de la Xunta es lento, dicen afectados y sindicatos, y ni siquiera ampara a todos los trabajadores dependientes del Gobierno gallego. El propio texto dice que es de aplicación al personal de la administración general y de los entes paralelos, lo que deja fuera empleados que trabajan también para la Xunta en instalaciones de la propia administración autonómica a través de asistencias externas (sus empleadores son subcontratas ajenas a la administración, pero en muchos casos el personal trabaja a las órdenes o en compaña de funcionarios públicos) e incluso en ramas específicas de la administración con organización laboral independiente.
El Gobierno gallego destaca que el ámbito de aplicación del protocolo tras su reciente modificación es el mismo que antes y que no puede actuar en el caso de empleados de sus asistencias técnicas externas. “Y en ámbitos sectoriales como la justicia, deben promoverlo en las mesas sectoriales específicas (justicia, educación y sanidad)”, dice la Xunta.
En el campo de la Administración de Justicia, una funcionaria de un juzgado gallego lleva años pleiteando judicialmente por el acoso laboral que dice haber sufrido. El propio Gobierno gallego le admitió, en un escrito firmado por el director general de Justicia, Juan José Martín Álvarez, que a pesar de existir desde 2016 el protocolo contra el acoso laboral en la Xunta, no hay un protocolo para el ámbito de la Administración de Justicia en Galicia. La Xunta, lamenta esta trabajadora, también demoró la entrega de informes y documentos que precisaba para las causas judiciales que abrió para intentar defender sus derechos.
En la vía penal vio como su caso era archivado, pero como un médico certifica los orígenes laborales de su dolencia, considera que la administración, su empleadora, debe protegerla de esos riesgos. Sin embargo, las vías judiciales contencioso-administrativa y social se declararon ya no competentes. “Como no hay protocolo en la vía administrativa, te obligan a ir al juzgado, pero después ningún órgano judicial dice ser competente. Y además búscate un abogado que se quiera enfrentar a un juez o un secretario judicial que esté acosando...”, resume la afectada.
Varios años después de iniciar su periplo, ahora ha elevado su caso a la Comisión Europea por posible incumplimiento de España a la hora de aplicar la normativa comunitaria de protección contra el acoso laboral. Mientras, durante todo este proceso “la acosadora se acabó marchando y ahora no hay ningún problema”, dice la funcionaria, que agradece que los nuevos responsables de su área de trabajo le pidiesen que les traslade cualquier problema que tenga.
“En algunos casos el acoso para sólo con que el acosador sepa que se está investigando”, dicen desde los sindicatos. Sin embargo, esa investigación no siempre es tan rápida como para suponer una amenaza.
