Las normas antiCOVID permiten a Feijóo retrasar la entrega de la información oculta sobre las cajas a lo que está obligado por una sentencia

El pasado 25 de junio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) notificaba al ex diputado Antón Sánchez la sentencia que condenaba al Gobierno gallego por ocultar información al Parlamento sobre la fusión de las cajas de ahorros. La Xunta había ignorado al entonces parlamentario de En Marea, quien había solicitado documentación sobre la vertiente política de la operación. Casi cuatro meses despúes, el gabinete de Feijóo todavía no ha ejecutado el dictamen judicial. Y ahora, la legislación contra el coronavirus abren la posibilidad de que lo retrase aún más.

El Real Decreto Ley 16/2020 “de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia” ha doblado los plazos para recurrir sentencias. Así, el trámite para interponer recursos es ahora de 60 días hábiles. La Xunta no recurrió las conclusiones del Tribunal Superior, pero el período transcurrió igual y acabó, en este caso concreto, el 29 de septiembre. La sentencia es firme, pero ahora el Gobierno gallego tiene dos meses para ejecutarla. De lo contrario, el perjudicado exigirá su ejecución. Pero no será, en ningún caso, antes de finales de noviembre.

Sánchez reclamó los papeles a la Xunta en mayo, julio y septiembre de 2018. Se trataba del informe-propuesta de la entonces conselleira de Facenda Marta Fernández Currás y el acta de la reunión de secretarios generales del ejecutivo previa a la reunión de la Xunta en que se autorizó la fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova. También solicitó la carta de encargo del Gobierno gallego a la consultora KPMG para “la elaboración del diagnóstico acelerado de viabilidad sobre la fusión de las cajas gallegas”; los informes técnicos, jurídicos y de intervención emitidos en relación a ese diagnóstico; los informes técnicos y jurídicos de los servicios de la Xunta; y los informes de viabilidad económica de la fusión distintos del emitido por KPMG.

La fusión de las cajas gallegas costó al erario público 8.000 millones de euros y acabó con una entidad fusionada convertida en banco -Abanca- y vendida a un financiero venezolano.

Tercera comisión parlamentaria

Durante los cuatro meses transcurridos desde la notificación del dictamen del Tribunal Superior, la nunca políticamente aclarada peripecia de las antiguas cajas gallegas de ahorros ha conocido nuevos episodios. Todavía este martes los tres partidos con representación en la Cámara gallega anunciaban, por separado, que volvería a haber comisión parlamentaria de investigación sobre los sucedido. Será la tercera tentativa, tras su constitución en la legislatura que comenzó en 2012 y, de nuevo, en la siguiente, en 2016. En ambas ocasiones, el PP utilizó su mayoría absoluta para bloquear la elaboración de conclusiones y congelar los trabajos. El portavoz de los populares, Pedro Puy, llegó a confesar que indujera la paralización para no perjudicar la salida al mercado de Abanca.

Esta vez ha sido un auto de la Audiencia Nacional el que ha reclamado de nuevo atención para un proceso con enormes zonas oscuras. Por primera vez un tribunal se pronunciaba sobre la actuación política en la fusión y señalaba a la Xunta de Núñez Feijóo como responsable de la quiebra de las cajas por su empeño de incluir a Caixa Galicia en el negocio. El juez asegura que la razón última de Feijóo para impulsar la integración se debió a “la situación financiera en la que se encontraba Caixa Galicia, la caja nacida en A Coruña antes de la fusión. Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia”.

En su día, el Ejecutivo gallego anunció que el proyecto era “formar la gran caja gallega y mantener los centros de decisión en Galicia”. Para sustentar su apuesta político económica, esgrimió un informe de la consultora KPMG que calificaba de “viable” la operación. Años más tarde, uno de los responsables de ese texto compareció en el Congreso para corregir toda la propaganda que la Xunta había desplegado: el informe había sido encargado directamente para avalar la fusión y no se pidió a KPMG “analizar otras alternativas ni reauditar las cuentas”. La carta de encargo a la consultora es uno de los documentos solicitados por Antón Sánchez y que el Gobierno gallego no le ha entregado.

Para la Televisión de Galicia, este auto es una de las razones que ha empujado a los tres partidos del Parlamento gallego a retomar la comisión de investigación. Pero en su Telexornal Mediodía de ayer, martes 13 de octubre, lo contó así: “[La comisión vuelve] sobre todo después de un reciente auto de la Audiencia Nacional que trata parte de ese proceso de fusión de las cajas”. No mencionó que ese mismo auto carga contra el Gobierno de Núñez Feijóo por su papel en la liquidación de las cajas gallegas.